Es evidente que las necesidades de miles de hogares colombianos son abundantes y es seguro que estas crecerán por las indispensables restricciones económicas propias de las estrategias y medidas sanitarias que se tendrán que continuar aplicando para enfrentar la pandemia irrigada en todo el territorio nacional.
Sin embargo, la decisión de los gobiernos nacional y locales de concentrarse en primer lugar en los compatriotas con mayores carencias, se puede catalogar como la política pública más adecuada, en esta situación de emergencia.
Es, además, una ineludible obligación mitigar el impacto de la pandemia en quienes no tendrán con qué solventar las necesidades derivadas de la actual emergencia.
Es evidente que si las medidas restrictivas continúan como hasta ahora está sucediendo, las consecuencias comenzarán muy pronto a golpear igualmente a una clase media –hasta ahora no muy afectada– que también terminará requiriendo de paquetes de ayuda para soportar los embates de la emergencia; la otra cara del distanciamiento social es el severo impacto en las actividades económicas tanto en las empresas como en los propios hogares.
Registramos como muy positivo el hecho que en todas las instancias, tanto la nacional como las regionales y locales, se esté actuando con el criterio de que lo primero es la salud y la vida.
Y ojalá que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, continúen en la misma tónica que hasta ahora, para que la emergencia en que nos encontramos, no se convierta en una vena rota para llenarles los bolsillos a los contratistas corruptos que permanecen merodeando por las entidades de carácter gubernamental, para que se les adjudiquen las contrataciones estatales.
Las alarmas deberán continuar encendidas y una gran cantidad de denuncias ciudadanas siguen llegando a los organismos de control, los que confirmaron que todavía existen muchos casos en indagación preliminar, incluso con apertura de noticia criminal por parte de la Fiscalía, contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío, Santander y otras regiones.
Es que no se debe tolerar que inescrupulosos contratistas, con la anuencia de funcionarios públicos de la misma calaña, continúen aprovechándose de los recursos públicos destinados a las ayudas humanitarias de los más vulnerables de la actual emergencia.
Hoy cuando se conocen alarmantes cifras, en torno a los contratos firmados sin el lleno de los requisitos legales, actualmente investigados por los entes de control, los que se firman con base en sobornos y coimas entre los sectores público y privado, se ratifica la imperiosa necesidad de redoblar los esfuerzos de la justicia para erradicar de raíz esa ilícita actividad.
No podemos finalizar este análisis sin hacer alusión a los comentarios de algunos lectores de LA LIBERTAD, en el sentido de que en los países desarrollados también existe el fenómeno de la corrupción en las dependencias estatales; en verdad tienen toda la razón. La diferencia es que en otros países –como casi nunca sucede aquí en Colombia– la justicia investiga, procesa y lleva a una condena a los implicados, mientras en el nuestro lo que impera es esa figura popularizada en todas las esferas gubernamentales bautizada con el llamativo nombre de “¿Cómo voy yo ahí?”.
Lo cierto es –y no resulta aventurado vaticinarlo–, que si algún día los organismos fiscalizadores tomaran la decisión irrevocable de perseguir a los corruptos y producto de esa determinación se procesara y condenara a un mínimo de los responsables de este delito, el problema se le trasladaría al Inpec; sencillamente porque las cárceles existentes en Colombia serían insuficientes para recluirlos a todos.

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