Álvaro Uribe Vélez, expresidnete y Exsenador de la República.

Este martes la juez 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías determinó que el proceso que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y soborno debe continuar en la ley 906 de 2004, es decir en el Sistema Penal Acusatorio, tal como lo solicitó la Fiscalía.

Sin embargo, la juez elevó una consulta a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que revise si ella es competente o no para decidir si se le otorga o se le niega la libertad al excongresista, a la luz del cambio en el proceso. 

Entre tanto, la diligencia quedó suspendida por lo que el exsenador deberá seguir privado de la libertad. 

“La posición de la funcionaria judicial es concordante con aquella esgrimida por la Fiscalía, de la representante del Ministerio Público y de los abogados defensores del doctor Álvaro Uribe Vélez, en torno a que la actuación debe continuar ahora bajo la ley 906 de 2004, perspectiva desde la cual, claramente ostentaría competencia para resolver cualquier solicitud diferente”, señaló la juez.

Así las cosas, explicó que existe un conflicto de competencias que debe ser resuelto por el superior jerárquico. 

“Con todo no puede desconocerse que en ningún trámite procesal se admite que existiendo controversia entre las partes y el juez, sobre la posición o un aspecto relativo sobre la competencia sea el funcionario judicial quien resuelva de manera definitiva”, indicó.

La juez explicó que la Corte Suprema de Justicia es la idónea para clarificar si existe o no competencia para resolver la solicitud elevada por los abogados de la defensa del exsenador Uribe sobre, su libertad inmediata.

“En el marco de la ley 906 de 2004, cuando ocurre una impugnación de competencia que fue claramente lo que ocurrió en este caso y cuando existe entre el juez y las partes, posiciones abiertamente contrapuestas como también, este es el caso de acuerdo con lo expresado por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, debe entonces darse trámite al incidente de definición de competencia, bajo el cual se ordena remitir la actuación al superior jerárquico”, explicó la Juez 30.

Agregó que “es a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a la que corresponde definir lo atinente a los conflictos de competencia, cuando quiera que estas no correspondan a alguna de sus salas; se dispondrá entonces a dar trámite a esta definición de competencia. Remitir a través del Centro de Servicios Judiciales a la Sala Plena de la Corte de Suprema de Justicia”.

Explicó también que hasta que no esclarezca el conflicto de competencias, la diligencia en la que se resolvería la solicitud de libertad del excongresista quedará suspendida.

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