Que quede claro, la tarea de LA LIBERTAD es informar y contribuir al desarrollo de Barranquilla y el Atlántico, con la crítica siempre constructiva, de ahí nuestra permanente invitación a la comunidad  para que con su  participación activa contribuya a la lucha frontal contra la corrupción. 

Consideramos pertinente que los entes de control cumplan su tarea y que los ciudadanos denuncien las irregularidades y que aporten las pruebas para que se inicien los procesos correspondientes y se condene a los responsables.

La ciudadanía por su propia iniciativa debe  tomar conciencia y decidirse a desenmascarar a los defraudadores del erario público, esta es una conducta que  deben asumir los ciudadanos de bien, manifestando el rechazo frontal contra los que sin ningún escrúpulo se apoderan de los dineros públicos que pagan los contribuyentes a través de la cascada de impuestos que a diario son aumentados creando la incertidumbre entre muchos de si pagarlos o morirse de hambre, ante la precaria situación económica  que padecen miles de colombianos pertenecientes a la clase media.

En este sentido, la denuncia debe convertirse en una herramienta para combatir a los depredadores,  dejar de lado la pasividad y permisividad que en épocas pasadas fueron características entre la gente de Barranquilla, por aquello que “Si no me afecta, no me importa”, que al parecer sería la regla de muchos, quienes ahora reconocen que ese silencio propició que diversas acciones mancharan e involucraran a gran parte de la comunidad y que se perdiera la confianza en muchas instituciones gubernamentales.

Con sobradas razones,  hay que insistir que la corrupción es  uno de los graves males que aquejan a Colombia y que pese a las permanentes denuncias entabladas por la comunidad ante las autoridades competentes para que estas contrarresten sus causas y castiguen a los responsables, aun nos encontramos muy lejos de disminuir sus perjudiciales efectos en el plano local, regional y nacional.

A diario publicamos en LA LIBERTAD denuncias de múltiples irregularidades administrativas y financieras por parte de nuestros lectores, que trasladadamos a las entidades obligadas a investigar y sancionar, tales como la Fiscalía General de Nación, en el caso de los asuntos penales; la Procuraduría, en el campo disciplinario y la Contraloría, en materia fiscal, para que estas enfrenten como debe ser, la cada día creciente corrupción.  

Los ciudadanos en general tienen la obligación  de ser vigilantes, veedores de las administraciones, por lo que si se tiene información de cualquier anomalía deberán ponerla en conocimiento de  los entes de control inmediatamente. 

Claro, que hay que reconocer que todavía existen funcionarios honestos que día a día trabajan para cumplir con su misión de  servidores públicos.

Sin embargo, muchas veces no se confía en algunas autoridades, muchas veces no se le da crédito a nuestros gobernantes ni a nuestros representantes, porque desde tiempo atrás se ha dicho que muchos de ellos solo están en sus posiciones para servir a los intereses de unos pocos. 

Por ello seguiremos cuestionando y señalando a presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales, inspectores etc., a quienes mediremos a través de encuestas que estaremos realizando para conocer la opinión de la comunidad. 

Con frecuencia, los ciudadanos emiten afirmaciones que no dejan de sorprender, pues en su mayoría son hechos que se relacionan con actos de corrupción, negligencia y omisión, los que tendrían que ser tomados en cuenta por los entes de control, aunque estos tampoco gozan de la mayor aceptación de la gente.

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