La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, a través de una medida cautelar, prohibió las exhumaciones y las inhumaciones en 45 puntos de interés forense en cinco cementerios de Caldas donde se podrían encontrar los cuerpos de cientos de víctimas de desaparición forzada.

Tras una exhaustiva investigación, la JEP encontró una indebida administración de los cementerios Nuestra Señora del Carmen en Norcasia, San Agustín y San Diego en Samaná y San Maximiliano María Kolbe y Pradera en Victoria. Esta situación ha permitido la realización de desenterramientos sin orden judicial a pesar de conocerse la existencia de cuerpos de personas sin identificar.

“El abandono y negligencia institucional ha incidido en que el rastro de muchos desaparecidos haya desaparecido de nuevo, constituyendo actos de revictimización y una negación de las garantías de no repetición para los familiares de las víctimas”, advierten los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento.

Entre las medidas adoptadas, se ordenó a los alcaldes de los tres municipios de construir una base de datos con las muestras de ADN de los familiares ­ de las víctimas en primer grado de consanguinidad. Esta labor se llevará a cabo en coordinación con la JEP, Medicina Legal, la Fiscalía General y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con la información recolectada por la Sección, el Magdalena medio caldense es la región más afectada del departamento por el fenómeno de la desaparición forzada.  Hay por lo menos 1.028 casos reportados en La Dorada, 119 en Norcasia, 551 en Samaná y 129 en Victoria, según el Registro Único de Víctimas.

Informes entregados por el Ministerio del Interior detallan que durante el desarrollo del conflicto las Farc atacaban a los pobladores de Berlín, San Miguel y Norcasia acusados de auxiliar a los paramilitares. En Samaná, por ejemplo, en los años 90 el Frente 47 era la única organización al margen de la ley que operaba en la región.

Como la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP obtuvo información sobre la existencia de fosas en diversas zonas de estos municipios, los investigadores avanzan en la ubicación de otros lugares que la Fiscalía no haya intervenido para verificar su estado y nivel de riesgo. Para ello, se realizará un proceso de cartografía participativa.

ANTECEDENTES

El 14 de septiembre de 2018 la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), con la que se pretende el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio nacional ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada. En algunas zonas ya se han empezado a decretar estas medidas.

HL

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