• El Presidente de la República Iván Duque Márquez presenta los resultados de la Política Paz con la Legalidad en los primeros dos años de Gobierno.
  • La jornada virtual cuenta con la presencia del Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila; de su Excelencia don Felipe González, de su Excelencia don José Mujica; la Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, Rosmery Di Carlo; el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y Enviado Espec ial de la Unión Europea para el Proceso de Paz en Colombia, Eamon Gilmore; el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
  • Durante los dos años que restan, el Presidente Duque continuará desarrollando todos y cada uno de los elementos contenidos en la política de Paz con Legalidad y dejará firmemente sentadas las bases de la transformación de los territorios y del desarrollo social que traerá bienestar a sus habitantes.

 Objetivos de la Política Paz con Legalidad

  • La política Paz con Legalidad impulsada desde el inicio del Gobierno, tiene como objetivos honrar la responsabilidad histórica del Presidente Duque con el país y con su gente, garantizar que se repare a las víctimas, valorar la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias comprometidas en la sustitución de cultivos ilícitos, además, asegurar que en los territorios más afectados por la violencia se inicie el camino hacia la estabilización definitiva.
  • El Jefe der Estado concibió la Política de Paz con Legalidad para estabilizar los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza, fijó el derrotero de las acciones para implementar y cumplir con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 6,6 millones de colombianos que habitan en las zonas más vulnerables.

Principales logros del Gobierno Nacional en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza

  • El Gobierno Nacional formuló la Hoja de Ruta Única, herramienta que permite articular diversos instrumentos de planeación y determinar el cronograma de las intervenciones públicas que se precisan en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza a lo largo de diez años.
  • El Gobierno del Presidente Duque formuló 14 de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en cuyas jornadas de elaboración participaron más de 220.000 ciudadanos, quienes priorizaron y organizaron 32.808 iniciativas. Ha sido uno de los ejercicios de planeación participativa promovido por un Gobierno, más ambiciosos en toda la historia republicana del país.
  • En las regiones PDET Se han entregado 888 obras y 82 se encuentran en ejecución, con una inversión de $164.000 millones aproximadamente; esto es un promedio de 35 obras entregadas cada mes, más de una diaria.
  • Las obras comprenden infraestructura social y comunitaria, infraestructura vial, servicios públicos y reconciliación. En los últimos 24 meses, estos son algunos de los logros más destacados en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza:
  • 4.254 ciudadanos accedieron por primera vez al servicio de energía eléctrica
  • 17 proyectos de electrificación rural se encuentran en curso, que llevarán por primera vez energía eléctrica a otras 3,840 familias, con una inversión de USD 17.3 millones.
  • 3.088 accedieron al servicio de agua potable por primera vez.
  • 10.800 jóvenes accedieron a la educación superior. Una de las universidades privadas más grandes del país, la Universidad de los Andes en Bogotá, cuenta con 14.556 estudiantes en pregrado.
  • 203 centros educativos recibieron dotación de material pedagógico.
  • 1.868 agricultores tienen asegurada la compra y comercialización de sus cosechas.
  • 16.446 personas se han beneficiado, en los últimos 24 meses, del programa del Gobierno para construir capacidades empresariales a través de la cofinanciación y acompañamiento de proyectos productivos a través de una inversión directa de USD 14.25 millones.
  • Se han instalado 165 Zonas Digitales Rurales que permiten acceso a servicios de internet en igual número de municipios PDET.
  • Se han otorgado 752.000 cupos de formación para el trabajo en las regiones PDET.
  • El instrumento de Obras por Impuestos, que les permite a los empresarios del sector privado destinar hasta un 50% de su impuesto de renta en obras directas para la paz, registra una inversión de $677.317 millones para ejecutar 100 proyectos.
  • En total se han aprobado recursos en el OCAD Paz durante este gobierno por un valor de $ 2.6 billones de pesos en un total de 411 proyectos, para municipios PDET, se han aprobado 217 proyectos por $1.7 billones de pesos. Al finalizar la ejecución de estos proyectos, los 170 municipios tendrán entre otros:
  • 1.624 km. de vías mejoradas, beneficiando a mas de 1.8 millones de personas.
  • 31 acueductos y alcantarillados construidos y optimizados, con un impacto en 137 mil personas.
  • 3.056 viviendas con acceso al servicio de energía eléctrica, beneficiando a más de 11 mil personas
  • 15 sedes educativas dotadas, que facilitarán las condiciones de más de 1.600 estudiantes.
  • La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) puso en marcha 6 proyectos integradores en las regiones PDET de Sur de Bolívar, Chocó, Sur de Córdoba, Montes de María, Pacífico Medio, Catatumbo, y Pacífico y Frontera Nariñense. Hablamos de proyectos de impacto regional y que suman una inversión de 31.800 millones de pesos.

Acciones en favor de las Victimas

  • Las víctimas siempre han estado y seguirán estando en el centro de la atención de esta administración y de la política de Paz con Legalidad.
  • El modelo de reparación integral que se implementa en Colombia es único en el mundo, porque busca atender desde la afectación física y mental, hasta la restitución con modelos productivos.
  • En lo transcurrido del Gobierno del Presidente Duque, 314.469 víctimas de la violencia han recibido atención psicosocial y salud integral, el 58% de las víctimas son mujeres.
  • También 79.806 víctimas accedieron a la medida de rehabilitación psicosocial con una inversión superior a USD 3.1 millones, como ejemplo, Suráfrica, con cerca de 58 millones de habitantes, reparó a 16.000 víctima.
  • Durante el Gobierno del Presidente Duque han sido indemnizadas 199.308víctimas (el 17% de las víctimas indemnizadas históricamente) por un valor cercano a los $1,6 billones de pesos.
  • Se ha logrado reparar administrativamente a 13 sujetos colectivos, de los 16 que se han reparado históricamente. Adicionalmente, se han implementado 926 acciones reparadoras en cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, con una inversión cercana a $108.355 millones (USD 28,5M).
     
  • Durante los últimos dos años, 324,299 víctimas de desplazamiento forzado superaron su situación de vulnerabilidad. Esto representa al 18% de la población que históricamente ha superado su situación de vulnerabilidad, pues a hoy ya son 1´813.644 las víctimas que han accedido a todos estos derechos.
  • Se alcanzó una tasa de cobertura de afiliación al sistema de seguridad social y salud para la población víctima de la violencia del 93%.

Restitución de Tierras

  • El compromiso del Gobierno en la consolidación de paz se ve reflejado en hechos concretos como el de la restitución de tierras que es una de las apuestas más efectivas por la recuperación de la esperanza de miles de víctimas del país.
  • En estos dos años se han restituido más de 50.000 hectáreas. Durante este Gobierno, la Unidad de Restitución de Tierras en la ruta individual ha presentado ante la justicia 4.155 demandas de restitución, lo que representa el 37% de las solicitudes radicadas durante toda la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que completa nueve años (2011-2020).

  • Por su parte, en la ruta colectiva, el porcentaje de demandas para restituir los derechos territoriales de comunidades étnicas también representa un avance significativo, durante este Gobierno se han radicado 38 demandas, lo que representa el 41% del total demandas presentadas durante la vigencia de la ley.

     
  • En materia de sentencias, durante estos dos años se han devuelto 52.163 hectáreas, beneficiando a 22.978 víctimas de despojo y desplazamiento forzado que hacen parte de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
     
  • Con la política de Paz con Legalidad se ha llegado a zonas donde antes no se intervenía. La restitución llega a más del 80% del territorio.
  • La Unidad de Restitución de Tierras participa en esta política en la cual se han recibido solicitudes en la totalidad de los 170 municipios PDET y se han realizado micro focalizaciones en 125 municipios PDET correspondiente a las 16 subregiones.
  • Durante este Gobierno se han intervenido 106 zonas nuevas de la mano de la Fuerza Pública, de las cuales 55 están ubicadas en municipios PDET.
  • Se mejoró la capacidad económica de los campesinos víctimas de la violencia que regresaron a sus tierras a través de la implementación de proyectos productivos la cual se consolida con la política de Agricultura por Contrato, a través de sus dos estrategias “Coseche y Venda a la Fija” y “el Campo a un Clic”.
  • Durante estos dos años 981 proyectos productivos han beneficiado a igual número de familias, en 20 departamentos afectados por la violencia, con inversiones de más de $31.400 millones para proyectos de ganadería, apicultura, avicultura, piscicultura, porcicultura y cultivos de hortalizas, plátano, yuca, pimienta, ají y teca, entre otros. Con estas familias se ha logrado la firma de 1.043 acuerdos de comercialización.

Formalización y el Fondo de Tierras

  • Durante los 2 primeros años de Gobierno han ingresado 792.004 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, para un total de 1.018.835 hectáreas, y que corresponde a un aporte del 78% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo.
  • Desde agosto de 2018, se han entregado a través del Fondo de Tierras 32.469 hectáreas en beneficio de 3.672 familias.
  • 403.820 hectáreas han sido formalizadas durante el Gobierno del Presidente Duque, lo cual representa un avance en el 20% sobre el avance total de hectáreas regularizadas. De este número 61.786 hectáreas han sido regularizadas en municipios PDET, beneficiando así a 9.105 familias.
  • Desde la entrada en funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) se han cofinanciado 232 Proyectos integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial – PIDAR por valor de $263.267 millones con los cuales se han beneficiado 24.467 productores y se han intervenido 66.285 hectáreas.
  • De esos proyectos 96 se encuentran en 15 de las 16 regiones PDET, los cuales han recibido una cofinanciación por valor de $83.595 millones, beneficiando a 7.955 productores y 20.038 hectáreas.
  • Desde agosto de 2018 hasta la fecha, se han implementado 75 PIDAR por valor de $ 179.361.624.271, los cuales han recibido por parte de la ADR una cofinanciación por $113.385.140.756, beneficiando a 9.192 productores e interviniendo 31.647 hectáreas.
  • Es preciso señalar que 22 PIDAR se encuentran ubicados en 9 subregiones PDET (Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Macarena – Guaviare, Montes de María, Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera, Sur de Córdoba, Alto Patía y Norte del Cauca, Catatumbo y Pacífico Medio), los cuales tienen un valor de $33.055.863.446 y han recibido una cofinanciación de la ADR por valor de $25.407.340.846, beneficiando a 1.932 productores e interviniendo 2.198 hectáreas.
  • Por otra parte, la ADR ha realizado el acompañamiento a  los 32 departamentos y el Distrito capital en la formulación de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria – PDEA, logrando en la vigencia 2019, la adopción de 9 PDEA y, en lo corrido de la vigencia 2020 se cuenta con 15 PDEA adoptados, en los departamentos de: Bolívar, Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, Cesar, Cauca, Guainía, Boyacá, Risaralda, Sucre, Vichada, Nariño, Huila, Caldas, Quindío, Casanare y Norte de Santander.

 Catastro Multipropósito

  • El Gobierno del Presidente Duque dio inicio a la implementación del Catastro Multipropósito, financiado mediante un crédito de USD 150 millones contraído con Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Esta es una meta transformadora, y un proyecto que Colombia estaba en mora de adelantar desde hace más de cinco décadas, con lo cual, al final del gobierno se planea tener el 60% del territorio con información catastral actualizada y el 100% del área de los municipios PDET.
  • Actualmente, se está haciendo la formación y actualización catastral de la zona rural del municipio más grande de Colombia, Cumaribo (Vichada), cuya extensión supera la de países como Holanda o Bélgica. Son 6,5 millones de hectáreas donde se ubican 30 resguardos indígenas y alrededor de 8.000 predios de los que ahora se tendrá información sobre su uso, propiedad y valor.
  • En 2018, solo el 5.68% del país tenía información catastral actualizada, lo que dificultaba una planeación territorial organizada y sostenible, sin embargo, estamos trabajando para que al final de este gobierno lleguemos al 60% del territorio (650 de los 1.102 municipios del país) con información actualizada y al 100% en 2025.  De esta manera promoveremos el diseño de políticas públicas en pro de la equidad, el fortalecimiento de las finanzas municipales, y el acceso a la tierra, lo que definitivamente es otro paso fundamental hacia la paz con legalidad.

Reincorporación

  • Uno de los componentes clave de la política de Paz con Legalidad se relaciona con esfuerzos que se han realizado en el gobierno para apoyar a los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc-EP y a sus familias en el proceso de reincorporación social y económica.
  • Para alcanzar un proceso exitoso, se articulan varios instrumentos de política pública: se fundamentan en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, la Política de Paz con Legalidad y la Política Pública de Reincorporación Social y Económica (CONPES 3931 de 2018).
  • En reincorporación este gobierno ha ido más allá de lo establecido en el Acuerdo.  Aunque todos los apoyos para ellos estaban por terminar en agosto del año pasado, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo que este gobierno seguiría apoyándolos por todo el tiempo necesario, en la medida que se mantengan en la legalidad.
  • Para materializarlo este gobierno llevó a cabo un censo detallado que permitió conocer sus situaciones y expectativas y en diciembre de 2019, se expidió la Ruta de Reincorporación que establece una estrategia de carácter integral y sostenible, que fortalece y potencializa las capacidades de las personas en el proceso. Se fundamenta en Sostenibilidad Económica, Habitabilidad y Vivienda, Familia, Educación, Salud, Bienestar Psicosocial Integral y Bienestar Comunitario.
  • La figura de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), finalizó en agosto de 2019, el Gobierno del Presidente Duque mantuvo los 24 ETCR, tomó la determinación de avanzar en una figura permanente con vivienda para los excombatientes e inclusión en los ordenamientos territoriales para apalancar su reincorporación.
  • En estos dos años se han destinado USD 12.72 millones para cubrir los costos de mantenimiento, arriendos y suministro para el correcto funcionamiento de estas zonas. Adicionalmente, se prorrogó el suministro de víveres secos y fresco por un valor de USD 9.26 millones.
  • El Gobierno del Presidente Duque definió una estrategia para acceso a tierras para proyectos productivos y vivienda destinado a las personas en proceso de reincorporación. Destinó USD 4.2 millones para compra de predios a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de los cuales se realizó la compra y pago de 2 Antiguos Espacios de Reincorporación.
  • En los primeros dos años de Gobierno, 13.663 excombatientes han sido vinculados por el Gobierno al sistema de seguridad social en salud, lo que representa un 98.1% de su totalidad en los últimos dos años, y 11.491 (82,5%) hacen parte del sistema de pensiones.
  • Estas cifras superan por un amplio margen los promedios de cobertura para los habitantes en las zonas rurales en Colombia. Así, Colombia avanza en la implementación del proceso de reincorporación, siendo reconocido a nivel mundial por ofrecer la mayor cantidad de garantías para la atención a la población en proceso de reincorporación y sus familias.
  • El Gobierno del Presidente Duque ha desembolsado USD 57.47 millones para el pago a los excombatientes de las garantías económicas acordadas.
  • 64 proyectos productivos colectivos han sido aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación desde el inicio del Gobierno del Presidente Duque, vinculando a 2.900 personas en proceso de reincorporación, por un valor de USD 8.7 millones. De estos, han sido desembolsados USD 6.6 millones. En el período anterior, tan sólo se habían desembolsado 2 proyectos productivos colectivos para 87 personas en proceso de reincorporación. Es decir, el 96% de los proyectos colectivos han sido desembolsados durante el Gobierno del Presidente Duque.
  • 1,467 proyectos productivos individuales han sido aprobados, beneficiando a 1.734 personas por USD 3.6 millones. El 50.8% de las personas en proceso de reincorporación manifestaron interés en desarrollar un proyecto de manera individual, el 100% de estos proyectos han sido aprobados y desembolsados durante este Gobierno.
  • Asimismo, 5.819 personas en reincorporación han accedido a programas de formación académica; se han gestionado 18.840 cupos a los cuales se han vinculado 10.216 personas en reincorporación; 11.514 personas en reincorporación registran acompañamiento psicosocial.
  • Igualmente, más de 1.300 niños y niñas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización (ETCR) cuentan con asistencia alimentaria y 2.294 niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo reportado por el ICBF, han sido atendidos en alguno de sus programas, estrategias, servicios o modalidades de prevención, promoción y protección.

Seguridad a excombatientes

  • El compromiso del Gobierno Nacional con la seguridad y protección de los excombatientes de las Farc es absoluto. Por eso, se ha dispuesto que su articulación se realice directamente de la Presidencia de la República, con énfasis en la prevención, bajo un concepto integral de seguridad en el contexto de la reincorporación y del cumplimiento del Acuerdo y con una política de cero tolerancia frente a conductas irregulares de agentes del Estado.
  • El Gobierno del Presidente Duque conformó la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Seguridad en la Estabilización y la Consolidación que ha impulsado medidas concretas para seguridad y protección de los excombatientes.
  • A la fecha están implementados 265 esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (226 individuales; 12 colectivos; 26 para antiguos ETCR y uno para la sede del partido Farc).
  • Más de 3.900 efectivos de las Fuerzas Militares y de Policía prestan servicios de protección en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, es decir, un promedio de 1,05 efectivos de Fuerza Pública por cada persona que allí habita.
  • Para asegurar la protección a esta población desde la Presidencia de la República se articulan 15 instancias estatales, entre ellas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el CCOET (Comando Estratégico de Transición) del Ejército Nacional, la UNIPEP (Unidad Policial para la Edificación de la Paz), el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección UNP y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, con las que se han articulado más de 40 acciones específicas para reforzar la seguridad de los excombatientes.
  • Se mantienen los dispositivos seguridad para los antiguos ETCR mediante una presencia permanente e intervención de tropas y efectivos de Policía en todos y cada uno de esos espacios y sus áreas aledañas, con más de 1.200 efectivos de Policía y 77 pelotones del Ejército con más de 2.400 efectivos, complementados con 26 esquemas de seguridad colectivos dispuestos por la UNP.
  • Cerca de 9.600 personas en 579 municipios, más de 4300 en la ruralidad. Para ellas el Estado otorga, por conducto de la UNP, esquemas de protección individuales y para colectivos, con base en evaluaciones de riesgo que se deciden en conjunto con 5 representes del Partido Farc.
  • Hoy, más de 12 colectivos de reincorporación -distintos de los ETCR- cuentan con esquemas de protección y recientemente aprobamos 6 más que están por ser implementados. Además, se han otorgado 226 esquemas individuales. Para esta población se han suministrado 191 apoyos económicos para reubicación por fuera de la zona de riesgo, 147 para hombres y 44 para mujeres; y más de 400 medios de comunicación y botones de apoyo.

Participación Política

  • En el marco del Plan Nacional de Garantías Electorales, se realizaron 21 talleres de prevención de la estigmatización denominados: “Construyendo paz, territorio y vida”, con enfoque en la participación política. Las regiones priorizadas cubrieron el 87% de las candidaturas.
  • La asignación de medidas de protección para los candidatos del Partido Farc, al igual que para los demás candidatos, se decidió por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral.
  • El Comité consideró criterios de asignación colectiva y recomposición que permitieron una gestión adecuada de los esquemas de protección para garantizar la cobertura más integral posible. 117 candidatos contaron con esquemas de protección por parte de la UNP, es decir el 37% de los candidatos. 29 candidatos de ellos ya tenían esquema de protección al momento de ser candidatos y 88 fueron cubiertos con medidas ordenadas en el CORMPE.

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)

  • Como se señala en la política de Paz con Legalidad, este gobierno “está comprometido con reducir los cultivos ilícitos por el convencimiento del daño que conllevan la sociedad, la familia, los jóvenes, el medio ambiente entre otros. Así, en el marco de la legalidad, creemos que todas las plantas ilegales deben ser erradicadas y para ello, el Estado cuenta con las opciones de grupos de erradicación manual y aspersión. Entendemos sí, que existe la opción de sustituir voluntariamente y en cuanto ello se haga en estricto apego a la ley, cumpliremos lo acordado con las familias de colombianos”.
  • Durante estos dos años, el Gobierno del Presidente Duque ha invertido 232 millones de dólares en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos que ha beneficiado a las 99,097 familias que le apostaron a la legalidad en 14 departamentos y 56 municipios del país.
  • Para apoyar a las familias que se encuentran en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) se avanza en lograr 16.121 hectáreas de coca erradicadas voluntariamente por las familias y con asistencia de la Fuerza Pública.
  • Además 74.255 familias recibiendo pagos por concepto de asistencia alimentaria inmediata, 60.877 familias recibiendo insumos y herramientas por concepto de autosostenimiento y seguridad alimentaria y 61.769 familias recibiendo el servicio de asistencia técnica integral.
  • A través de la estrategia de Formalizar para Sustituir, con la cual se proyecta atender un total de 1.500 familias en municipios potenciales de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander. Este modelo que tiene como objetivo apoyar la sustitución y la formalización de aproximadamente 4.311 hectáreas, es trabajado articuladamente con la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas.
     
  • En esta época de pandemia se han hecho 33.324 pagos a familias vulnerables en 49 municipios. Estos pagos se vienen emitiendo con normalidad, por un valor total superior a los $66 mil millones.

Desminado Humanitario

  • Desde el 7 de agosto de 2018 al 31 de agosto de, se han despejado 2.658.994 metros cuadrados, destruido 954 artefactos explosivos y se han declarado 132 municipios libres
    de sospecha de minas antipersonal.
  • La Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, formalmente denominada Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales
    y sobre su destrucción, entró en vigor para Estado colombiano en el año 2001.
  • Posteriormente, en 2010, Colombia solicitó una extensión de prórroga hasta el año 2021 y en marzo del año 2020, se hizo una nueva solicitud de prórroga hasta el año 2025, esta
    solicitud.se halla en evaluación.
  • El 1° de marzo de 2011 se cumplió con la destrucción de las minas instaladas en 35 bases militares, que eran usadas por el Estado para proteger estos lugares de los ataques de los grupos armados.
    Sin embargo, se solicitó una extensión para acabar con las minas antipersonal instaladas por los grupos armados, pues el uso indiscriminado de tales artefactos por parte de los mismos hace más difícil la limpieza de los territorios.
  • Son 715 municipios con registro de sospecha de presencia de minas, de los cuales, a julio 2020, se han declarado libre de minas antipersonal 407 municipios; es decir, el 56%.
  • El Gobierno ha entregado 129 municipios ubicados en 25 departamentos, donde se investigaron más de 2.200 veredas.
  • Durante la administración del Presidente Duque se ha liberado más del 36%(2.417.125 m2) del total histórico de metros cuadrados (6.776.711 m2).
  • El 14 de agosto pasado fueron declarados libres de sospecha de minas antipersonal 16 municipios, para un total de 404 municipios libres de la presencia de tales artefactos, llegando al 57%
    del total de estimación a nivel nacional.
  • Esos 16 municipios están en Antioquia (cinco municipios: Liborina, Maceo, Puerto Berrío, San Jerónimo, y Santa Rosa De Osos), Sucre (cuatro municipios: Chalán, Guaranda, Majagual, y Ovejas),
    Santander (dos municipios: California y Puerto Wilches), Meta (un municipio: El Calvario), Caquetá (un municipio: Morelia), Bolívar (un municipio: El Guamo), Tolima (un municipio: Ibagué) y Cesar (un municipio: San Alberto).
  • Las organizaciones de desminado humanitario que hicieron la entrega de los 16 municipios, son: Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional (12 municipios), la Agrupación
    de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina (3 municipios) y la organización civil Ayuda Popular Noruega(APN) (1 municipio). 
  • Se han priorizado 21 nuevos municipios que presentan condiciones de seguridad para labores de desminado humanitario. 
  • A la fecha, en 68 municipios de 18 departamentos se están reiniciando operaciones de desminado humanitario, cumpliéndose con todos los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la
    propagación del covid-19, y con la aprobación de las autoridades locales.
  • Así mismo, se desarrollan actividades preventivas mediante la difusión de mensajes para el comportamiento seguro ante la presencia de minas antipersonal, a través de emisoras de radio locales
    y regionales; también fueron empleadas las nuevas tecnologías.
  • También se logró la inclusión de la Política Pública de la Acción contra Minas en los planes de desarrollo de los departamentos del Cauca, Norte de Santander, Meta, Caquetá, Sucre, Córdoba,
    Bolívar, Caldas, Putumayo, Antioquia y Nariño. 

Abecé: Política de paz con legalidad

¿Qué es la Política de Paz con Legalidad?

Es la materialización del Gobierno Duque de implementar el Acuerdo en todos sus frentes e incluso ir mucho más allá para atender una deuda histórica con las comunidades más golpeadas por la violencia y la pobreza.

Esta Política contempla un conjunto de acciones articuladas entre diversas entidades públicas, privadas, de cooperación internacional, con el concurso de la comunidad, para alcanzar la estabilización y la consolidación en un marco de 10 a 15 años.

El propósito es claro: construir un país de equidad desde la Legalidad.

¿Cuál es el objetivo de la Política Paz con Legalidad?

  • La política Paz con Legalidad, adoptada a pocas semanas de haber iniciado el período de Gobierno, tiene como objetivo honrar la responsabilidad histórica que tiene el Presidente Duque con el país y con su gente.
  • La Paz con Legalidad garantiza que se repare a las víctimas, valora la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias en proceso de sustitución de cultivos ilícitos que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad. Además, asegura que en los territorios más afectados por la violencia y la pobreza se inicie el camino hacia la estabilización definitiva.
  • El Jefe de Estado concibió la Política de Paz con Legalidad para estabilizar los territorios más golpeados por la violencia y la pobreza, fijó el derrotero de las acciones para implementar y cumplir con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 6,6 millones de colombianos que habitan en las zonas más vulnerables y así cerrar las brechas que existen entre el campo y la ciudad.

¿Cuáles son los focos de intervención de la política?

  • El plan de estabilización busca generar las condiciones necesarias para que los colombianos que habitan en las zonas vulneradas del país puedan gozar en el corto, mediano y largo plazo de sus derechos fundamentales y constitucionales.
  • Teniendo como base 8 grandes pilares como son el ordenamiento territorial; la salud y la educación rural; la vivienda y la reactivación económica, entre otros se realiza una intervención focalizada, desde y para el territorio, con una robusta planeación, fundamentada en los Planes de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), priorizados por las comunidades. De esta forma se viabilizan y estructuran proyectos; se gestionan y consiguen recursos para financiarlos; y se ejecutan, supervisan y entregan, con la participación de las comunidades.
  • Para el caso de las zonas PDET están focalizadas más de 11.000 veredas, 170 municipios y 16 subregiones en las que habitan 6.6 millones de personas, 2.5 millones de ellas víctimas de la violencia. Equivale al 24% de la población rural del país y al 57% de la población rural en situación de pobreza multidimensional.

La política de Paz con Legalidad ha establecido lo necesario para darle continuidad a los espacios de participación y diálogo social creados; para impulsar las políticas de mujer, comunidades étnicas, niñez y adulto mayor

¿En qué niveles se desarrolla la institucionalidad para la estabilización?

  • La institucionalidad para la estabilización se desarrolla en dos niveles: institucionalidad nacional y lo concerniente a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
  • Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

 El Consejero es el encargado de coordinar y articular entre las instancias nacionales y con los entes territoriales, así como entre el Ejecutivo y las otras ramas del poder público, lo correspondiente a la implementación.

¿Cuáles son los aspectos clave de la política?

  • Víctimas

 Reparar las víctimas es una responsabilidad de todos. De acuerdo con la ley, lo que hace a las responsabilidades indemnizatorias frente a las víctimas, es en gran parte un asunto de la justicia y de ello somos respetuosos.

  • En lo que hace al Ejecutivo, las entidades encargadas de la delicada y compleja tarea son la Unidad de Víctimas a través del SNARIV y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) como entidad cabeza de sector. En ello la Consejería para la Estabilización y la Consolidación coadyuva con estas entidades, articula la acción de la nación, los departamentos y los municipios PDET, se ocupa de darle un tratamiento especial a las víctimas en la estabilización de las zonas PDET.
  • Justicia Transicional: La justicia transicional forma parte de la rama jurisdiccional del poder público. En esa medida, lo correspondiente al Ejecutivo es principalmente respetar la independencia y, dentro de los cánones constitucionales y legales aplicables, abogar por que se asegure neutralidad en su actuar.
  • Legalidad

La política frente a todas las formas de crimen organizado es del fuero del Presidente con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Su oficina está encargada del acercamiento, evaluación e interlocución con todo tipo de grupos criminales. Dada su naturaleza, será ésta la que evalúe la posibilidad de negociación y diálogo con otros grupos al margen de la ley.

¿En qué consiste la Reforma Rural Integral?

La Reforma Rural Integral busca cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, por eso el foco de la planeación es el territorio.

  • Fondo de tierras

Es el mecanismo para adjudicar tierra de manera gratuita a los trabajadores rurales que no tienen o no tienen suficiente para subsistir. En el actual gobierno se han ingresado 792.004 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, para un total de 1.018.835 hectáreas, y que corresponde a un aporte del 78% sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo.

  • Catastro Rural Multipropósito

Con el objetivo de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra se adelanta el Catastro Multipropósito que facilita el levantamiento y uso de la información catastral de manera que se mejoren las garantías del derecho de propiedad, se contribuya al fortalecimiento fiscal, y se fortalezca la planeación estratégica y el ordenamiento territorial.

El Gobierno del Presidente Duque dio inicio a la implementación del Catastro Multipropósito previsto en el Acuerdo, financiado mediante un crédito de USD 150 millones contraído con Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es una meta transformadora, y un proyecto que Colombia estaba en mora de adelantar desde hace más de cinco décadas, con lo cual, al final del gobierno se planea tener el 60% del territorio con información catastral actualizada y el 100% del área de los municipios PDET.

¿Cuáles son los planes para facilitar la comercialización de los productos campesinos?

  • El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) lideran un Plan Sectorial de Comercialización para la agricultura familiar.
  • Se aprovechan todas las políticas que cada uno de esos ministerios desarrollen, asegurando que, en cada iniciativa que se adopte en esa dirección se cuente con un acápite que responda a las condiciones y características especiales para las zonas PDET. Esto será particularmente relevante en el marco de la política de Agricultura por Contrato.
  • Reincorporación social y económica: Es compromiso del Gobierno Nacional cumplirles a quienes están en proceso de reincorporación, que en su mayoría se han mantenido en el camino de la legalidad, y garantizar que se acojan a los programas previstos para su reincorporación a la vida civil y productiva.
  • Proyectos productivos

La valoración de los proyectos productivos se hace de manera profesional, seria y sustentada. Se ha establecido un procedimiento para la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos productivos, tanto a nivel nacional como en los territorios.

  • Asistencia técnica en las actividades

Se ha fortalecido el componente del Estado que brinda el acompañamiento en la estructuración de los proyectos productivos y en el seguimiento de estos. Adicional, se gestiona  con universidades y el sector privado la oferta de formación para la estructuración y gestión de proyectos, así como el acompañamiento para coadyuvar al fortalecimiento de los diferentes esquemas asociativos.

  • Asistencia técnica en asociatividad

Se apoyan los esquemas asociativos con el fin de buscar el desarrollo organizacional y empresarial agropecuario, cuando sea indicado a la opción seleccionada por cada excombatiente.

  • Tierras

Se trabaja en el acceso al uso de las tierras, cuando ello sea relevante para adelantar las acciones necesarias para garantizar la estabilización socioeconómica, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por estas personas con el proceso de reincorporación.

  • Lucha contra las drogas y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS)

El programa se lleva de manera armónica con las políticas de seguridad y de lucha contra las drogas. Se desarrolla la política de lucha contra el crimen organizado en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes y ese será armonizado con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos.

  • Articulación

La integralidad del PNIS tiene dos ejes principales: la articulación con la política que define el Ministerio de Agricultura para el desarrollo del campo y la articulación con los PDET.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes del sistema integral de seguridad?

  • En los aspectos de seguridad relevantes para la implementación, no se puede dar el mismo tratamiento a las distintas clases de riesgo. Se requiere de la mayor integralidad de la política de seguridad y de la mejor articulación entre los responsables.
  • Bajo esta óptica se diferencian dos ámbitos de seguridad y protección: uno que corresponde a los esquemas generales de protección de los líderes y defensores de derechos humanos y la seguridad de los territorios; y el otro, el de quienes están en proceso de reincorporación a la vida civil.
  • Protección de quienes están en proceso de reincorporación

El esquema de seguridad de quienes están en proceso de reincorporación a la vida civil se articula con los programas de reincorporación y el Gobierno considera que su definición, ejecución y seguimiento debe estar en la órbita de gestión de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación como responsable de la política de estabilización.

#DIARIOLALIBERTAD

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