La Fiscalía General le solicitó a la jueza 29 de control de garantías, que cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario a los patrulleros de la Policía Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Diaz, procesados por la muerte del ingeniero y estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, en hechos registrados el 9 de septiembre en Bogotá.

El delegado del ente investigador argumentará que la medida es necesaria debido a que los dos patrulleros representan un riesgo para la sociedad y pueden afectar la recolección de elementos materiales probatorios.

El pasado sábado, en audiencia reservada, la Fiscalía General les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura. Los dos uniformados se declararon inocentes.

La defensa de los dos patrulleros plantearon en el marco de la diligencia judicial un conflicto de competencias para que el caso pase a la Justicia Penal Militar. Esta solicitud deberá ser resuelta por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

En la imputación de cargos, la Fiscalía General citó, entre otras pruebas, el dictamen de Medicina Legal que evidencia los golpes que registró el cuerpo de Ordóñez.

Igualmente, se citaron las declaraciones de varios testigos que señalaron que los patrulleros agredieron y golpearon al hombre de 43 años de edad quien se encontraba tomando bebidas alcohólicas en vía pública.

Tras arrojarlo al piso, uno de los patrulleros lo golpeó con una pistola eléctrica en repetidas oportunidades. De nada sirvieron los llamados de auxilio hechos por Ordóñez y de los vecinos.

El ingeniero y estudiante de Derecho fue subido por la fuerza a una patrulla de la Policía y trasladado al CAI de Villa Luz. Pocas horas después fue llevado de urgencia a un centro médico donde falleció.

Este domingo, tras resolver una petición presentada por los periodistas, la jueza levantó la reserva de la audiencia.

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