En el editorial del 21 de septiembre nos preguntábamos, si trasladarle a la AMB, las funciones ambientales, era más cemento y menos zonas verdes. Hoy nos preguntamos, si el AMB es una entidad territorial para que asuma esas competencias. Las Áreas Metropolitanas por ley son entidades administrativas de derecho público.

Los defensores de esa idea, utilizan como argumento la Ley 99 de 1.993, en sus artículos 65 y 66 y lo establecido en la Ley 1625 del 2013(Areas Metropolitanas), en su artículo 7, literal j) : Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993; “. Se les olvida a los gestores de esta idea, que  la Constitución Nacional en su artículo 328,creó los Distritos de Cartagena, Barranquilla, y Santa Marta, después en otros actos legislativos creó lo distritos de Tumaco y Buena Ventura y recientemente el de Villavicencio conservando su régimen  y carácter. Igualmente que la misma Ley que abogan, en su artículo 65, establece un trato especial en materia ambiental a los Distritos, con régimen constitucional especial, otorgándoles ejercer autoridad ambiental delegadas por las Corporaciones Autónomas Regionales. En nuestro caso la CRA. Esta disposición constitucional se impone frente a las otorgadas a las Áreas Metropolitanas.

Es preciso aclarar que el Distrito de Barranquilla, no puede delegar su competencia en materia ambiental a ninguna entidad. Las competencias como la responsabilidad administrativa no se delegan. El Distrito tiene que contar con una entidad territorial, tal como la ejerce hoy con “Barranquilla Verde”

Cosa distinta es que los gestores de la iniciativa, busquen dándole cumplimiento a la Constitución Política del país, de crear el gran Distrito de Barranquilla, integrado por los municipios que hoy hacen parte del Área metropolitana. ¿Es eso lo que quieren? Para ello deben convocar a un plebiscito para que los habitantes de esos municipios voten por anexarse al Distrito de Barranquilla. Solo así, pueden crear esa entidad ambiental con carácter metropolitano. Mientras el AMB no sea una entidad territorial no podrá ejercer competencias en materia ambiental.

El Distrito de Barranquilla, le aporta al AMB el 70%, de sus ingresos eso le ha permitido someter a su capricho a los alcaldes de los municipios socios, hasta el punto que hoy esa entidad funciona en la práctica como una Secretaría más del Distrito. Igual está pasando con esta iniciativa, los alcaldes del AMB no dicen nada.

No podemos olvidarnos que el AMB, no cumple a cabalidad con sus funciones, por ejemplo el  transporte público es un caos y, en materia de  planes de desarrollo metropolitanos es poco por no decir nulo el conocimiento y la existencia de ellos. Se convirtieron con el tiempo en una entidad burocrática  cuyos gastos se incrementan en los periodos electorales con las famosas OPS. Incluso en plena pandemia contrataron un estudio por $4.500 millones de pesos, que no sabemos con quién, ni para que se contrató, como tampoco hemos podido saber cuánto  costó el tanque del Siete de Abril.

Lo peor de esta figura que están  armando, es que acaba con la CRA, ya que le quitan el 70%, de sus recursos. No podemos entender que  parlamentarios que han sido miembros de la Junta Directiva de la CRA y elegidos con los votos de los 18 municipios que no hacen parte del AMB por intereses personales y políticos apoyen este tipo de iniciativas que conllevan a centralizar más el poder de Barranquilla, como lo  afirmó recientemente el senador José David Name Cardozo.

 El AMB es una entidad, que a julio de 2020, arrojó unas pérdidas financieras de$6.508 millones, producto de que sus ingresos en el primer semestre de este año disminuyeron en  $12.333 millones.

Si  lo que se pretende es buscarle oficio a una entidad que no está operando, tal como lo hicieron con Edubar que la convirtieron en una firma consultora desviando su objeto social, se equivocan tomando esa decisión que es contraria a la ley, lo que les puede implicar sanciones de tipo administrativo y penal. Ahora si lo que quieren es evitar talanqueras a la expansión urbana entre las dos circunvalares y la contratación de las  inversiones en los distintos arroyos, ciénagas y humedales en los municipios socios, que lo digan.

Por último pedirles que hagan público lo público, den a conocer el nombre de la firma que contrataron y el estudio que hicieron, como su valor, y que no pase lo mismo  del Distrito, que contrato unos estudios para cobrar la plusvalía para decidir no cobrarla.

#DIARIOLALIBERTAD

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