“Las debilidades que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional”: Contralor

La afirmación la realizo el Contralor General de la República, en el marco de la entrega del informe anual sobre estado actual del sector ambiental del país, donde además de evaluar la política pública y la gestión de las entidades que administran los recursos naturales, indica una importante reducción en materia de inversión, reflejada en un recorte presupuestal del 21% en 2019, con respecto a 2018. 

En la presentación del Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA 2019-2020), el Contralor de la República, Carlos Felipe Cordoba, indicó: “Las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”. 

De acuerdo al Informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente, dentro de las que se encuentran: 
*Vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica. 
*Deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales de hacer presencia en todo el territorio. 
*Escasa planificación de las áreas protegidas. 

  • Incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas.  
    Lo anterior ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales en el país, como se advierte con: 
    *La contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos. 
    *El precario estado de los ecosistemas marinos y manglares. 
    *El aumento de la deforestación. 
    *El bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. 
    *El incumplimiento sobre la participación justa y equitativa de algunos proyectos que aprovechan los recursos genéticos.  
    Para la Contraloría, “La realidad ambiental de nuestro país presenta toda una gama de carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”. 

Reducción presupuestal 
“Al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 presenta reducción. En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la CGR significa que la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país”, señaló el órgano de control.  El rubro para inversión, que es el que financia los programas y proyectos para la protección del medio ambiente, muestra una fuerte caída del 21% respecto al año 2018, situando este sector como uno de los más desfavorecidos de la agenda pública nacional.  

Otras conclusiones de la evaluación que realizó la CGR sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, son las siguientes: 

*Se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos.  
*Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%).  
*Diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones.  
*Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%. 
*Esto quiere decir que la suma de $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia.  

Datos claves del informe del Estado de los Recursos  Naturales y el Ambiente 2019-2020 
Señaló la Contraloría, que al firmar el Acuerdo de París de 2015, el país se comprometió a llegar al cero por ciento de la deforestación neta en 2020. Sin embargo, no existen cifras claras sobre el avance hacia esa meta porque no existe un reporte oficial del IDEAM. En 2018 el área deforestada era de 197.159 hectáreas. 

En materia de reforestación, el Gobierno Nacional, en enero de 2020 se comprometió a sembrar 180 millones de árboles al 2022, lo que representaría una extensión de 140 a 270 mil hectáreas en total, equivalentes a un promedio de 35 a 67 mil hectáreas por año. El país cuenta hoy con contratos que dan acceso a los recursos genéticos sin garantizar los beneficios monetarios y no monetarios a los que tienen derecho las comunidades étnicas, explicaron.   

Señalaron que la falta de control en las colecciones biológicas y rigurosidad de protección sobre la riqueza biológica del país puede generar una pérdida genética incalculable como resultado de procesos de patentes resultado de la biopiratería. Por otra parte la Autoridad Nacional Pesquera informó que entre los años 1975 al 2016 el recurso pesquero del Río Magdalena ha disminuido hasta en un 70%, especialmente de especies como el bagre rayado, el nicuro y bocachico, entre otras, perdiendo su capacidad de proveer la dieta alimenticia a los moradores de su área de influencia. El Río Magdalena presenta deterioro ambiental de su sistema de humedales del río y a partir de actividades como producción agropecuaria, explica otro de los detalles del informe.

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