Por: Blanco Negro

El Gobierno de Iván Duque decidió extender un salvavidas para Avianca como una medida que busca proteger muchos puestos de trabajo, donde además se dijo que se considera brindar apoyo a otras aerolíneas. No obstante, se han presentado una serie de cuestionamientos acerca de si esa es la mejor manera de invertir en tiempos de crisis, cuando hay muchas empresas colombianas que han quebrado a la espera de recibir ayuda del Estado.

Sin embargo, se debe analizar de fondo la medida del Gobierno, pues no se debe negar la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo, la competitividad, la activación de la economía y de los sectores del comercio, hoteleros, turismo y gastronómico.

La medida de salvamento no es un favor a Avianca, mucho menos a Efromovich o a la hermana del presidente. El transporte aéreo es un servicio público esencial y el gobierno debe garantizarlo.

Si Avianca desaparece se tardaría unos tres o cuatro años reemplazarla (mueve 15 millones de pasajeros al año y tiene 135 aviones) y el país perdería o dejaría de producir 5 billones de pesos. Avíanca genera 17.000 empleos directos pero reactiva la generación de más de 500 mil de todos los sectores mencionados.

El Gobierno explicó que le pide a la aerolínea comprometerse a mantener su centro de operaciones en nuestro país, a que el crédito solo se utilice para capital de trabajo y, además, a que Colombia tenga a la empresa Lifemiles como garantía. 

Según el viceministro de hacienda, Juan Alberto Londoño, “no podemos dejar que ese servicio público se pierda porque recuperarlo se demoraría más de cuatro años y representaría unos costos altísimos para la economía colombiana, que hemos calculado en alrededor de unos $20 billones”.

Según la Ley 336 de 1996, Art. 4. “El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares”.

Ley_336_de_1996_compressed.pdf by LIBERTAD DIARIO

Así las cosas, es deber del Estado proteger el sistema de transporte del país en pro de garantizar el flujo de viajeros y la conectividad de todo el territorio nacional, lo que aporta al desarrollo económico, y más importante es hacerlo en medio de la reapertura económica luego de haber estado en aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19.

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