Por Diógenes Rivero

Una monumental zancadilla al medio ambiente y a los contribuyentes se está gestando en las últimas movidas del distrito de Barranquilla para la creación de un ente metropolitano para el manejo del medio ambiente de sus 5 municipios.  Más que un afán por mejorar la calidad medioambiental de los ciudadanos, es una jugada que busca quedarse con gran parte de la jugosa tajada de recursos que maneja la CRA. Una entidad regional que no solamente regula el medio ambiente en la ciudad, si no, además, de los municipios del departamento con mayores carencias sociales.   

Quitarle las rentas que percibe este ente autónomo provenientes de los municipios de Puerto Colombia, Barranquilla, Galapa, Malambo y Soledad, prácticamente significaría estrangularla financieramente. Cerrarla. Según su actual director, los recursos de estos municipios representan el 76% de su presupuesto, con lo cual atienden necesidades ambientales en los 22 municipios del departamento, dentro de ellos, los más necesitados y en donde están gran parte de la riqueza medioambiental del departamento. ¿Qué pensará la gobernadora, sobre este detrimento de recursos que pueden ser usados para el bienestar de los ciudadanos de los municipios del Atlántico?

Quitarle estos recursos a la CRA significaría dejar sin inversión medioambiental a muchos municipios con fuertes carencias en saneamiento básico; y poca capacidad institucional y financiera para el manejo de ecosistemas estratégicos. Estaríamos promoviendo indirectamente un crimen medio ambiental, que nos afectaría a todos y todas, por las repercusiones e impactos que tienen estas áreas protegidas en las zonas urbanas y rurales. Estamos hablando de cuencas hidrográficas, reservas forestales, ecosistemas costeros, entre otros sistemas ecológicos protegidos por la CRA.

Un egoísmo que nos puede salir muy caro, que contrasta con el interés del gobierno Distrital en apostarle a una Biodiverciudad. Buscar el medio ambiente para unos, pero la desfinanciación de la protección ecológica para otros. Una incoherencia que no atiende la interconexión esencial de los ecosistemas y el delicado equilibrio medioambiental.  

Pero que además extraña teniendo en cuenta la generosidad de esta entidad con el Distrito. Gran parte de la cofinanciación de los arroyos se garantizó con recursos de la corporación que, entre otras, fueron pignorados a más de 20 años, para ayudar a la alcaldía. Es decir, el distrito de Barranquilla busca acabar con una entidad que le cedió dinero, pero que, además, no tendría como pagar sus deudas. Maquiavélico.

La cereza del pastel es que esta movida se fraguó con los alcaldes de los municipios del área metropolitana, quienes apoyan la idea de renunciar a sus rentas para favorecer obras en Barranquilla. ¿En que habrá consistido la negociación de este irrestricto apoyo? ¿Qué les hace pensar que ahora sí tendrán más obras y no las monopolizará Barranquilla?

Una escasa gobernanza que al parecer -por su silencio- dejo por fuera a la gobernación del Atlántico, los diputados y congresistas del Atlántico, quienes hoy dividen sus opiniones como era de esperarse frente a la polémica que se ha suscitado. Ni habar de gremios, universidades y expertos a los cuales no se les ha requerido para socializar la decisión. Esperamos su pronunciamiento frente a lo que consideramos un acto lesivo a los intereses de la ciudadanía.

En esta, como en muchas otras decisiones, parece estar cocinándose un nuevo “va por que va”, que ya ha hecho carrera en las últimas administraciones del distrito. Una visión poco democrática de la gestión pública sin participación y discusión pública, que nos viene saliendo muy cara a los ciudadanos Atlanticenses. Una historia que como dice el dicho popular “le hace falta un pedazo”.   

HL

#DIARIOLALIBERTAD

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