Por: Cristian Escorcia Ballestas

La evolución del Estado colombiano, en lo que tiene que ver con el cumplimiento y garantía de los derechos económicos, sociales culturales, está fundamentada básicamente en la reforma constitucional de 1991. El texto constitucional contiene reglas y principios para la descripción, organización y  funcionamiento de las entidades e instituciones que se desprenden del Estado;  así  como  los  deberes, derechos y mecanismos para su protección. Con la Carta Política, que reemplazó a la de 1886, se dieron las bases de la organización del Estado colombiano, los lineamientos para su funcionamiento y los fundamentos de interrelación del Estado con las personas (Mora, R. Derecho Educativo. Ediciones Universidad Simón Bolívar, 2010). La concepción adoptada por la Constitución Política de 1991 fue la del Estado Social de Derecho, que desplazó la idea liberal del Estado de Derecho, que sólo garantizaba y daba relevancia a los derechos civiles y políticos como las libertades de expresión, religión y locomoción, y los derechos a un juicio justo, al voto y a la representación, para incluir herramientas jurídicas que aseguraran la efectividad de los derechos. Se buscó dejar, en teoría, la idea de una Constitución enunciativa que sólo contuviera un listado de derechos disponibles para todos, dentro de los cuales la educación tenga un papel protagónico en pro de fortalecer el crecimiento y desarrollo del Estado en todos sus aspectos.

Este texto, pretende mostrar como una educación constitucional es fundamental en el ser humano, para la vida en comunión, y sobre todo para apuntar a una sociedad más justa, armoniosa y sensible ante el ser y la naturaleza. También plasmar una mirada crítica de la sociedad colombiana, y la triste corrupción que marchita el país. El artículo 1 de la Constitución consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Así las cosas, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan sus postulados constitucionales, siendo el derecho a la educación el pilar que debe soportar el desarrollo nacional para cumplir con esos preceptos. La pretensión de la nueva Carta Magna en temas de enseñanza,  consistió en la búsqueda de la materialización del Estado Social de Derecho; pero, si bien es cierto que el derecho  a  la  educación al pertenecer al bloque de los derechos de segunda generación tiene la característica de ser progresivo  en cuanto a su cobertura, calidad y desarrollo, las políticas públicas tomadas en torno de él deberían manejarse dentro de un esquema prioritario, ya que éste contribuye de manera importante en el cumplimiento pleno de los derechos fundamentales. El basamento y la idea de Estado, la manera en la que ha de desarrollarse y cumplir sus fines se establece en el artículo 2 de la Constitución, en el que se encuentra determinación de promover la prosperidad general, lo cual debería lograrse a partir de la educación.

La Constitución de 1991 amplió significativamente los fines del Estado colombiano para incluir consideraciones de naturaleza social, en el marco del Estado Social de Derecho; en consecuencia, protege un amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales muchos de ellos tienen una relación directa con la educación y que podemos entender al revisarlos individualmente. El buen vivir como una alternativa que integra la vida en plenitud y armonía, cosas que se logran con una sana convivencia entre las gentes, siempre y cuando se tenga presente el cumplimiento de los derechos y deberes delegados en la constitución política, la carta magna que guarda la esencia de la utópica sociedad colombiana que tiene que empezar a materializarse en el aula de clases. En el aula se empieza cuando se rompen las relaciones de poder entre los maestros y los estudiantes, y se promueven nuevas formas de construir conocimiento y priorizar su voz y sus intereses. Todo esto tiene que estar complementado con el bienestar humano, es decir velar por la buena alimentación, la salud mental y una educación de calidad para los niños, niñas y jóvenes estudiantes. Por otra parte, es necesario que la Constitución se enseñe en las escuelas de una forma pedagógica, en la que didácticamente se relacionen los artículos constitucionales con la vida cotidiana, historias, cuentos, películas, todo aquello que ayude a potencializar el aprendizaje de los estudiantes, pues recordemos que solo las cosas que se gozan son las que trascienden. No existe mayor regocijo que enseñar para la vida, sobre todo la vida en sociedad, que demanda compartir con las otras formas de pensar y actuar en diferentes escenarios como el educativo, el laboral, el familiar, entre otros.

En estos tiempos de confinamiento debido a la pandemia por el mortal virus Covid-19 se ha generado reflexión en muchos aspectos y sobre todo ha generado cambios en nuestra vida cotidiana, el acercamiento a la tecnología para poder seguir en contacto con nuestras familias, trabajo y sobre continuar con nuestra educación ha sido de suma importancia, en este último ha sido un gran desafío, como lo relata el profesor Mora de cierta manera ha sido necesario reinventarnos ante esta situación diferente y compleja por la que estamos pasando, pero no todo puede ser tan malo pues como lo mencione anteriormente la reflexión es algo que nos permite avanzar como individuos en muchos factores en proyectarnos hacia nuevas rutas de acción, mejorar las relaciones familiares y sobre todo ser resilientes ante las adversidades.  En la actual situación que nos encontramos, es cuando debemos hacer una retrospectiva acerca del papel de nuestra Carta Magna, que en el papel resulta muy bien redactada y formada, pero a la hora de ejecutarlo encontramos muchos vacíos en nuestra constitución, y una de los campos más afectados consecuencia del mal manejo de nuestra constitución política, por parte de los dirigentes, es el campo de la educación. La Constitución, nos dice que la educación debe ser un derecho para todas las personas y un servicio público, la educación debe ser pública y sobre todo gratuita, pero, en realidad no se cumple a cabalidad, El Estado debe trabajar de la mano con la sociedad y así hacer cumplir toda esta reforma, lo ideal es que cada aspecto pactado se haga un hecho y se mantenga en pie con el fin de velar por la calidad y por el cumplimiento de sus fines y asegurar la cobertura y la permanencia de las y los educandos en el sistema educativo.

Los derechos que tenemos como colombianos son en teoría realizables, empero, el cumplimiento de estos, ha estado sesgados debido a los malos manejos que se les da a los recursos, es de conocimiento que la educación en nuestro país no es de calidad y en es vulnerada a diario; millones de niños no pueden acceder a este derecho que en ocasiones se termina por convertir en un privilegio. Es difícil exigir cuando desde su reconocimiento como derecho se ha visto como obstáculo la educación. Las anteriores reflexiones, han hecho parte de los debates en clase de “Constitución Política” en la licenciatura en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico con el docente Reynaldo Mora Mora (2020-I).

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