La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el decreto 811 de 2020, por medio del cual se establecían medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Antes del decreto, el Estado podía ‘rescatar’ o apoyar a empresas en crisis que se hubieran visto afectadas por la pandemia del Covid-19.

“Este Decreto Legislativo establece el régimen especial aplicable a la inversión y la enajenación de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o reciba la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de mitigar los efectos económicos adversos que dieron lugar a la declaratoria de Emergencia”, precisaba uno de los artículos.

Desde el alto tribunal la decisión se tomó al considera que “el control automático de constitucionalidad no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica”.

Uno de los efectos de la decisión, según han precisado algunos analistas, es que se dificultará aún más el millonario préstamo que el Gobierno tiene destinado a la empresa Avianca.

JR

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