(primera parte)

Amylkar D. Acosta M

A la presión de las regiones productoras para que se mejorar su participación en los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se vino a sumar la de las empresas mineras y petroleras que venían enfrentando la hostilidad y el rechazo a su presencia y actividad en las regiones. Como lo dijo claramente la ex directora del DNP Gloria Alonso, “si no les hacemos ver a las regiones productoras los beneficios que puede traer la explotación de los recursos naturales no renovables, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”. De allí la necesidad de barajar para volver a repartir las regalías, la que originó la tan anhelada y aplazada reforma de la reforma del SGR, la cual se adelantó mediante el Acto legislativo 05 de 2019. En cierto modo, se hizo borrón y cuenta nueva.

Ciertamente, este Acto legislativo le dio un vuelco total al SGR, tanto en lo relativo a la distribución de sus recursos como en la gestión de los mismos. En primer lugar, se incrementó el ingreso tanto a los departamentos como a los municipios productores y portuarios, cuya asignación directa pasó del 11% al 20%, más un 5% adicional para los municipios productores. Podemos decir que con esta reforma se le mejoraron ostensiblemente sus ingresos, pero no lo suficiente, razón por la cual hemos insistido en nuestra propuesta de hacerles extensiva la norma mediante la cual las empresas que operan en sus territorios puedan invertir parte de lo que deben tributar a la Nación en proyectos priorizados por los entes territoriales bajo la modalidad de obras por impuestos.

Pero, como se trataba, según lo dijo la ex ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez de disponer de “más plata para los productores de manera importante y para los no productores también”, se terminó sacrificando el ahorro de los recursos del SGR, tanto en el FAE como en el Fonpet. De los dos sólo el FAE sobrevive y eso con sólo el 5%.  Un 34% de los recursos del SGR corresponderá a la Asignación para el Desarrollo Regional, en el cual se fusionan el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional, para proyectos de mayor impacto. De otra parte, se prevé que un 12.68% se le asignará a los municipios más pobres del país a título de Asignación para Inversión Local, tomando como criterio el índice de necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se busca contribuir al cierre de brechas. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación pasará de recibir el 9.45% al 10%, de estos dos puntos porcentuales deberán enfocarse a la financiación de proyectos que tengan que ver con innovaciones que favorezcan el medioambiente, el fomento de las fuentes no convencionales de energías renovables, la transición energética y la reducción de la huella de carbono.

Hay tres aspectos relevantes y novedosos en la Ley que reglamenta este Acto legislativo expedida por el Congreso de la República dignos de destacarse. En primer lugar se garantiza la asignación de los recursos para la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto con las Farc, base fundamental para garantizar el financiamiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en los 170 municipios priorizados, bajo la responsabilidad del Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila.

De otra parte, se les garantiza a los pueblos indígenas un punto porcentual de la inversión de la Asignación para la inversión local. Además, de manera explícita, se establece que lo que destinan los municipios y departamentos de sus ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas, pasan del 3% al 4.5% y del 1% al 2% de su presupuesto bienal, respectivamente, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras asentados en sus territorios.

Otro aspecto de primordial importancia es el tocante con el medioambiente. Se prevé el 1% de los recursos del SGR corresponderán a la Asignación Ambiental, la cual tendrá por objeto “la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación”. Adicionalmente, el 20% del mayor recaudo tendrá esta misma destinación, entre tanto no menos de dos puntos de la Asignación para Inversión Local se deberá invertir en medioambiente y desarrollo sostenible. Adicionalmente, por lo menos dos puntos porcentuales del Fondo de Ciencia y Tecnología “se destinarán a investigación o inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, recursos que se denominarán Asignación para la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental”.

Finalmente, a la hora de la priorización y aprobación de los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional” se destacan los “proyectos de recuperación y estabilización ambiental, reforestación y recuperación de ecosistemas”. Por su parte el Ocad de Ciencia y Tecnología  deberá realizar convocatorias particulares que beneficien a los pueblos indígenas y a las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras orientadas a proyectos relacionados con el medioambiente y el desarrollo sostenible.

Se puede concluir que el medioambiente salió muy bien librado de esta reforma. Por lo demás, el Sistema Nacional Ambiental (Sina) integrado por las corporaciones autónomas regionales y bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del DNP, tendrá la responsabilidad de trazar y coordinar la estrategia nacional de protección de las áreas ambientales estratégicas.

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