La Contraloría General de la República, C.G.R, anuncio a los colombianos –algo que se considera como ‘llover sobre lo mojado’– que procedió a elaborar lo que denominó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, que son las mismas catalogadas como “elefantes blancos”, las que desde tiempos inmemoriales se encuentran diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que nadie haya justificado la razón para que este fenómeno haya proliferado durante tantos años.
En esta ‘cruzada’ implementada para que en Colombia no sigan creciendo los populares ‘elefantes blancos’, todas las entidades oficiales sujetas de control por parte de la CGR y entes territoriales del país, como gobernaciones y alcaldías, deberán reportar hasta el 17 de octubre de 2020, las obras civiles inconclusas que se encuentran identificadas, para que sean incluidas en dicho Registro Nacional, que según datos de este mismo ente de control, ya superan la módica cifra de 1.400 proyectos, en los que se han invertido la ‘bicoca’ de 25 billones de pesos del presupuesto de todos los colombianos, recursos que se encuentran involucrados en obras civiles inconclusas que no lograron superar las barreras de la categoría de ‘elefantes blancos’ existentes desde administraciones anteriores.
La Contraloría advirtió que estos retrasos tienen un impacto negativo para las comunidades, por lo que invitó a la ciudadanía a participar activamente con sus denuncias para seguir identificando más de estos en el territorio nacional, los cuales se concentran especialmente en infraestructura de los sectores de educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico, y salud.
Sería conveniente que la Controlaría General del Atlántico procediera a intensificar sus actividades, iniciando un proceso de revisión de varios contratos de obras de infraestructura que se firmaron en anteriores administraciones -–mucho antes de la llegada del Covid-19– en varios municipios de esta sección del país y en los que se incluyen altas sumas de dinero destinadas al pago de las famosas interventorías que generalmente son ejercidas por quienes en la práctica no son otra cosa que figuras decorativas e ineficientes, que no cumplen con la función legal que les corresponde y terminan convirtiéndose en ‘calanchines’ de algunos –no de todos– contratistas y sin ningún escrúpulo dan el visto bueno a las obras, sin haberse cumplido las especificaciones contempladas en los contratos y otras que adquirieron la categoría de ‘elefantes blancos’.
Es muy mala, por no decir pésima, la calidad que se observa en algunas obras públicas; muchos contratistas no contentos con cobrar precios de primera, construyen las obras con materiales de tercera, con resultados de cuarta categoría; lo que muchas veces obliga a su reparación y hasta la reconstrucción total de estas, con el caudal de costos adicionales que esto significa y obviamente con la aparición del fantasma de la corrupción que suele acompañar algunas de esas contrataciones; eso cuando se realizan en su totalidad, porque no ha faltado la ocasión en la que se pagan las obras, se comienzan pero no se terminan y se convierten en ‘elefantes blancos’.
Una vez más, en LA LIBERTAD respaldamos el descontento de las comunidades de los municipios del Atlántico, ojalá que la Contraloría Departamental no desfallezca en su afán de ponerle freno a tantas irregularidades, que son de frecuente ocurrencia en nuestro departamento.
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