Por Melany Torres Pallares
Como toda institución social, la educación es política como cualquier ser humano. Se rige por leyes internas y externas que la amoldan a la realidad social de su entorno. Y esto es lo que se tomó en cuenta en las clases de Legislación y Gerencia Educativa, con el profesor Reynaldo Mora en la licenciatura en ciencias sociales de la Universidad del Atlántico (I-2020). El gobierno ha mantenido una relación bastante descuidada con la educación del país, y eso se ve reflejado en la calidad de las leyes que la sustentan. Una reforma educativa que valga la pena es un suceso inminente, pero se necesita que la población apruebe y sea discutida públicamente con los beneficiarios, cosa que no se hace casi nunca.
Podríamos hacer alusión a un símil de esta situación, citando la relación que mantienen los directivos en cuanto al gobierno escolar, que, a pesar de que se realizan votaciones para voceros, personeros y representantes de egresados, estas figuras casi nunca intervienen significativamente en los cambios dentro de la institución. “Se les tiene de cartón”, para cumplir con la ley y nada más. Son pocas las instituciones que integran realmente a los estudiantes, a pesar de ser un derecho que les da la ley, como podemos observar en la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 68 donde especifica, ”La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.” También lo observamos en la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, en el Título VII, capítulo 2, artículo 142 donde aclara que, “En el gobierno escolar se tendrán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de familia”, siendo estos, claramente la comunidad educativa, la cual es un todo y por lo tanto debe participar en todas las decisiones que se logren tomar en la comunidad educativa, no sólo informarle de lo que se ha decidido.
No podemos culpar a todas las instituciones por no poner en práctica lo establecido en la ley, en realidad, es una problemática que va más allá de la escuela, pues ni los padres ni los alumnos se interesan mucho por formar parte de la comunidad educativa ni del gobierno escolar. Entonces, en estos casos, por más espacios de participación que pueda ofrecer la institución, ellos no querrán ser parte activa en ella.
Ahora bien, hablemos de la educación como tal, de la que se imparte en el aula, la que sigue siendo dirigida por las leyes que poco hacen para mejorarla. Ciertamente, la educación es un derecho fundamental y así lo especifica la Constitución Política en su artículo 67, aparte de que es respaldada por la Ley 115 de 1994 en su totalidad. Pero, algo si hemos discutido en clase con el docente Mora Mora y es: la calidad y la evaluación, claramente sin dejar de lado el gobierno escolar.
Que la educación sea un derecho no garantiza su buena implementación y su aseveración para con el entorno que la rodea. Mucho se ha hablado de “calidad de educación” pero poco se ha explicado. En clase el profesor manifestó su descontento con este calificativo hacia la educación, dando a entender que la educación pasó de ser un derecho a un producto dado por el gobierno hacia la ciudadanía. Y es que el trato que le han dado los últimos gobiernos a la educación ha dejado mucho que desear, cada vez menos presupuesto y más paros educativos, y estos últimos han hecho más que lo que podría hacer el gobierno por sí solo. Prácticamente los estudiantes y los profesores han tenido que exigir ser parte de lo que les compete a todos por derecho, al igual que pasa con el gobierno escolar, pasa con el gobierno nacional, “tiene de papel” a los docentes y a los estudiantes que exigen pero nunca son escuchados, y que si no exigen, nunca se les entrega lo que les corresponde.
El hecho que el gobierno trate la educación como producto no es más que el resultado del poco interés que mantiene los gobernantes por la mejoría de la educación y gracias a esto, la reacción de la ciudadanía es demostrar muy poco respeto (si es que alguna vez se tuvo) al gobierno y la ley que viene tras él. Como decía Anderson Jiménez en su ensayo publicado en este importante diario: contradecir la legislación desde la educación, “¿cómo exigir respeto a una ley que solo está apergaminada para el ‘‘vulgo’’, considerado por los mandatarios elitistas y oligarcas de quienes nos gobiernan?” (2020). Para el gobierno la educación ya no es derecho, puede llegar a ser hasta un privilegio, pues con cada gobierno se la ponen más difícil a los estudiantes ingresar a la universidad y ni hablar de la búsqueda de empleos, todos han fallado en eso.
Para hablar de la supuesta calidad también tenemos que recordar que la educación se debe amoldar al entorno en el que se encuentra, acción que, gracias a las leyes, realiza desastrosamente. En clase, el profesor nos explicó que son las instituciones educativas las que prestan servicio público a la ciudadanía, sean públicas o privadas, por esto necesitan una misionalidad y un PEI, y ambos aspectos deben estar enfocados tomando como factor principal la cultura y el entorno en que se encuentra la comunidad educativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, la “calidad de educación” no puede ser aplicable para todo el territorio colombiano, pues la misionalidad, el PEI, la cultura y el entorno fluctúan en todas partes del mismo.
Para proseguir con el tema de la evaluación, debemos tener en cuenta que es mediante ella, que se puede calificar a la educación como “de calidad”, por lo tanto, es entendible que se traten ambos aspectos juntos. Es mediante la evaluación que el gobierno cataloga los distintos tipos de educación (los PEI más específicamente), de las instituciones educativas, tratando de buscar “equidad” entre todas las instituciones. Como especificamos anteriormente, no se puede aplicar “educación de calidad” a las instituciones colombianas simplemente porque no son iguales las unas a las otras. Pero el gobierno busca seguir un modelo que no es nada aplicable en los establecimientos educativos.
Empezando con la manera en que se evalúa en el aula, las pruebas de estado, y hasta las PISA, todas son formas de hostigamiento en contra de los estudiantes, pues realmente no demuestran la realidad del aprendizaje significativo. Un número no define buenos estudiantes, que serán buenos ciudadanos. Un puesto en una lista tampoco. Muchos genios académicos no son buenos socialmente y ese se supone que es el objetivo de la escuela, formar para la sociedad. Pero reiteramos, al gobierno muy poco le importa esto.
Las evaluaciones dentro de las aulas de clase se hicieron con el fin de demostrar la “adquisición de conocimiento”. Una prueba escrita, una exposición, hasta las tareas, son modos de evaluación que se realizan desde hace más de 200 años, sin cambio alguno. Ciertamente una de las problemáticas más grandes de la educación, principalmente de los procesos evaluativos, es el no adaptarse al nuevo entorno que se presenta con el paso de los años. Por eso seguimos pensando en la nota o en el puesto.
Los padres también influyen mucho en este aspecto, dejándose deslumbrar por las calificaciones y forzando al niño o al joven a obtenerlas sin importar su estado emocional o si en realidad está aprendiendo significativamente. El estrés y la ansiedad que produce esta situación puede repercutir para toda la vida, son secuelas que no se verán en el presente sino en su futuro como adulto, cuando le toque enfrentarse a un trabajo estresante o muy demandante.
Se puede llegar a pensar que los docentes la tienen fácil al momento de calificar, pues ellos solo aplican pautas y quienes las siguen bien y quienes no, están mal. La realidad es que con el paso del tiempo los docentes ya no quieren calificar con números ni con letras, no quieren catalogar a sus alumnos de malos o buenos, pues ya reconocen que las personas aprenden de maneras tan distintas como los unos de los otros. Se han dado cuenta que mantener la calificación con notas numéricas o alfabéticas es algo impuesto por el gobierno, pues son ellos quienes establecen estos métodos de calificación, los impone y no se pueden anular en las instituciones, solo transformar.
Esta imposición de los números y las letras se nota mucho más a la hora de las pruebas de estado. La llamada ICFES, es la muestra de que tanta importancia le asigna el gobierno a los procesos evaluativos, tanto así que estás pruebas son las que determinan si entrarás a una carrera universitaria o no.
A todas estas, ¿qué dice la ley sobre los procesos de evaluación? Para empezar, en la Ley 115 de 1994 no hay una definición específica de lo que es la evaluación, pero sí explica cuales son las finalidades de esta, en el título IV, capítulo 3, artículo 80. Comienza justamente por el enunciado de “Evaluar la calidad de la enseñanza”, esa que ya dijimos que no es aplicable a la educación colombiana. Luego sigue con el evaluar el desempeño profesional de los docentes, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos y materiales empleados, la organización administrativa y física de la institución y la eficacia de la prestación del servicio, porque ya mencionamos que la educación es un servicio, un producto; el gobierno ya no lo ve como un derecho y la ley respalda esta perspectiva.
Analicemos un poco más este artículo; nos dice que la evaluación abarca muchas más cosas que las que se expresan en las aulas de clase y la verdad es que no especifica ni los números ni las letras. Esto es un rayo de esperanza, al cambio que se hace tan necesario en la educación colombiana. De hecho, hoy se ve reflejado en la nueva normalidad educativa, la educación virtual nos ha demostrado, lo necesario que es volver a los valores de la formación para la sociedad, porque ahora que estamos más distanciados, es cuando más se necesita unirnos como sociedad. Ahora los profesores se han esmerado en mejorar esa evaluación que tanto angustiaba y nos la han cambiado por la valoración cualitativa, que se centra más en lo que se destaca de las personas, en lugar de calificar un trabajo bien realizado o no.
A la educación colombiana le hacen falta mucho por mejorar, mucho por cambiar y mucho por transformar. Cabe recalcar que esta transformación sería imposible si todos los participantes no están dispuestos a realizar el cambio: la comunidad educativa, las secretarías de educación, el ministerio de educación y el presidente que es quien autoriza todo. Todos deben encajar, como un reloj que necesita de todas sus piezas para funcionar. Solo queda esperar pacientemente, porque en algún punto de la historia, consideren esa parte política de la educación que está tan abandonada, que la reconozcan como lo que es, la base de todas las instituciones sociedades.
