Algunas Instituciones Prestadoras de Salud se distinguen por sus excelentes servicios, en parte porque no echan mano atrámites absurdos para enredar a los pacientes, pero lo que sigue pasando a diario con muchas de esas entidades, es que miles de usuarios se enfrentan indefensos a toda clase de mortificaciones, a causa de trámites interminables, que los obligan a deambular de ventanilla en ventanilla, ante EPS e IPS, que se pasan una a otra la pelota, poniendo al paciente y a sus familiares en estado de desesperación por tener que cumplir un sinnúmero de requisitos para ser atendidos.
Escuchar quejas del mal servicio de algunas EPS, las cuales se han multiplicado en esta época de coronavirus, no es nada nuevo en Barranquilla ni en el resto de Colombia, por lo que clamamos desde este espacio editorial, para que ya quede atrás el equivocado criterio de la prestación de un servicio público en el que el paciente es casi un mendigo; el anhelo es que a través de la vinculación al sistema a través de las EPS se dé un trato digno a cotizantes y beneficiarios.
Hoy hacemos eco de las innumerables quejas de los usuarios y un llamado al Ministerio de Salud y la SuperSalud para que ejerzan mayor control a todas estas entidades, ya que hay muchos aspectos que deben ser revisados urgentemente.
La alta aglomeración de usuarios a la hora de pedir las citas, y después los medicamentos, siempre ha sido una de las mayores molestias de los afiliados, lo cual se ha acentuado en la crisis por el coronavirus, aquí en nuestra sala de redacción es permanente la recepción de quejas de lectores molestos porque en su EPS no les atienden las llamadas telefónicas solicitando una consulta médica.
Otra queja muy frecuente en los últimos días se relaciona con el suministro de los medicamentos ya que para estas entidades el ibuprofeno y el acetaminofén, siguen convertidos en las drogas mágicas, porque según los usuarios que a diario se comunican con el Diario LA LIBERTAD son formulados para todas las enfermedades, incluyendo el coronavirus.
Tal como lo hemos recalcado en este mismo espacio, la comercialización del sector de la salud a partir de las reformas impuestas por la Ley 100 de 1993 condujo a la prestación de un servicio regido especialmente por intereses económicos, lo que sin duda abrió nuevos boquetes al déficit y contribuyó a que la corrupción se entronizara con graves efectos para toda la población, lo cual ha quedado al descubierto con la llegada del Covid-19 a Colombia.
Como complemento de esto, las agudas crisis deficitarias que siempre han arrastrado los hospitales públicos, especialmente en los municipios, se reflejan en la desatención de miles de pacientes.
Para nadie es un secreto encontrar hospitales sin material logístico, mientras que los pacientes y usuarios siguen padeciendo por no tener una atención digna y responsable –y esto no es de ahora–.
Quizá sea repetitiva nuestra denuncia y al igual que en épocas anteriores poco se conozca de las investigaciones y sus resultados, pero lo esencial es que se afronte con más autoridad lo que está pasando al interior de este sector, en donde mucho se dice invertir y poca eficiencia se observa.
Resulta muy diciente que las millonarias partidas que se anuncian, muchas veces no llegan a su destino, mientras varios hospitales, se encuentran al borde de la liquidación por falta de recursos, al tiempo que muchos bajo el esquema de la corrupción se enriquecen a costa del erario, amparados en la impunidad y muy seguramente en la influencia política.
Es altísima la negligencia de muchas EPS, que dejan a su suerte a los pacientes, a familiares y a quienes presentan síntomas, es una ruleta rusa que nos está costando muchas vidas.
