Habitantes del conjunto Lagomar, ubicado en la jurisdicción de Puerto Colombia, alzan la voz y denuncian el atropello y la injusticia, de la cual han sido víctimas durante años por parte de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- al tumbarles de manera arbitraria el muro de encerramiento que los protege de la calle, el cual consta de más de 50 metros de largo, que desaparecen para dejarlos a la intemperie, expuestos a la inseguridad y ante cualquier situación amenazante que pueda poner en riesgo a más de 250 personas que habitan en 70 hogares privados.
Sin previo aviso alguno, ayer la ANI comenzó los trabajos de derrumbe del muro, situación que generó malestar y angustia para los habitantes del conjunto residencial, porque el espacio de la muralla es enorme y al no haber nada temen por su suerte.
La problemática que tiene en vilo a muchas familias, viene desde hace 3 años cuando la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. solicitó el requerimiento de unos lotes ubicados dentro del conjunto para la ejecución de una glorieta que conectará los sectores Las Flores, Villa Campestre y el corregimiento La Playa. No obstante, Lagomar había destinado dichos lote para unas canchas, parques y recreación, como necesidad del conjunto.
Posterior a eso, la Concesión Costera como acto simbólico le hizo una oferta de predios a los propietarios y hasta el mismo conjunto a precio de ‘gallina flaca’, pero estos no cedieron porque querían pagar a 96 mil pesos el metro cuadrado.
Carlos Grillo Puche, residente del conjunto Lagomar, detalló “el valor natural de cada metro cuadrado es de 900 mil pesos. Sin embargo, los residentes de Lagomar gestionaron unos avalúo que indicaron a 788 mil pesos el metro cuadrado, suma que por ende no se aproximaba al costo desproporcionado y burlesco que quería la organización y se negaron a pagarlo”.
A partir de ese momento, los ánimos se caldearon porque desde hace 3 años nunca se ha podido obtener un acuerdo y se han presentado infinidades de diferencias. El proceso ha sido largo, hemos hablado con las autoridades locales, quienes han emitido documentos comprobando que Lagomar es un conjunto residencial; igualmente la CRA certificó a través de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas -Pomca- que es un suelo urbano, relató Grillo Puche.
El habitante a su vez señaló “hemos sido atropellados a través de los recursos de comunicación con los que se cuenta, ignoran por completo cualquier tipo de documentación y evidencias. Han ignorado que es un conjunto residencial, nuevamente vuelven a pasar por alto al tomar el muro del conjunto y tratarlo como si fuera del lote que compraron y lo tienen por enajenación voluntaria, no entienden que el muro es el encerramiento. El derribamiento de la gran pared, forma parte de un mecanismo de presión para acordar entregarle todos los lotes que son más de 20 predios y así puedan continuar con sus trabajos. De 7 mil metros cuadrados solo han ofertado la mitad”, sostuvo.
“Existe un desconocimiento por parte de la Concesión, a tal punto que hemos recibido una demanda por expropiación judicial, el cual es la consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, sea porque el propietario se niegue a negociar, porque guarde silencio o porque no cumpla con lo acordado”, agregó el habitante del conjunto.
Los habitantes de Lagomar indican que la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. ni la ANI han mostrado una actitud de conciliación, tienen la ley por su parte. Nunca han dado el brazo a torcer en el proceso. “No podemos decirle a las familias que van a quedar expuestos, ya que nos van hacer un atropello económico y saldrán perjudicados”, añadieron.
Mientras tanto, el conjunto Lagomar defenderá sus derechos ante un juez, pero quedan a la expectativa de lo que se pueda resolver en los juzgados, a sabiendas que un proceso de este tipo avanza a paso de tortuga en este país. Se avecina una afectación grande para el conjunto residencial.
Concesión Costera
La Coordinadora predial de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., Luzmery Saumet explicó, “hasta el momento la Concesión da dado las muestras suficientes para creer en el diálogo, pero para ello, en todas las partes implicadas debe haber una aceptación. Hemos explicado de qué se trata la adquisición, aquí hay un proyecto de utilidad pública. Durante la enajenación voluntaria se obtienen los predios y la disponibilidad en el momento en que la persona acepta una oferta de compra y se fije una escritura de venta y nos hacen la entrega del inmueble”.
Acotó, “cuando es lo contrario, y no hay acuerdo por el valor económico, se establece a expropiar. El juez lo primero que hace es entregar el inmueble, porque la utilidad pública no se puede parar, a raíz que no se han puesto de acuerdo en el valor del terreno”.
“Quieren negociar poniéndonos el pie en el cuello y faltándonos el respeto”
El abogado del conjunto Lagomar, Alfonso Camerano Fuentes, rechazó la supuesta negociación que la ANI y la organización pretende llevar con el conjunto, “quieren negociar poniéndonos el pie en el cuello y faltándonos el respeto en los procedimientos antes de las acciones judiciales y en las vías de hecho. Por ello, vamos a incoar la acción de tutela para entutelar la ofensa de la ANI y la Concesión Costera”.
Asimismo, el representante legal expresó: “nos hemos sentido atropellados de distintas maneras. Nos tocó invocar y traer a la Procuraduría delegada para asuntos ambientales con el objeto de tener socialización real del trazado de la vía, porque a pesar del esfuerzo de la comunidad nunca fue atendida”.
Además, “en cuanto a la utilidad pública para la declaración previa, es una camisa de fuerza en la cual puede ser atropellado el derecho; y es lo que ha venido haciendo la ANI, la Concesión Costera. Este un tema que se ha expresado de varias maneras y así lo vamos hacer en cada uno de los juzgados. La manera como aprovecharon un error del PBOT al señalar que había una zona de inundación en la llanura de manglar que no existe en el Pomca y es extraída de los cabellos para imponerla en el PBOT y utilizarla para darle al metro cuadrado una valoración de 96 mil pesos, que es una lesión enorme o es delito de falsedad en los documentos públicos y debe dar lugar a un proceso penal en contra de la persona que firmó las resoluciones”, narró Camerano Fuentes.
De la misma manera, el abogado dijo que el tramo ha sido mal utilizado por la ANI, el muro de encerramiento es integral, no puede haber ofertas de compra que subsuman segmentos de módulo colindantes con los lotes de propiedad privada.
“Ayer ocurrió un ofensa mayor en contra del conjunto residencial, porque van a tener que responsabilizarse de la seguridad de todo el conjunto. La situación es que vamos a tener la amenaza que no van a construir el muro y seguir derribando; y haciendo lo que les venga en gana. No puede haber negociación después de un chantaje”, concluyó Alfonso Camerano Fuentes.
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