Por: Orlando Andrade Gallardo
El pasado viernes se clausuró un congreso más de la Andi por parte del presidente Duque, prometiendo que su periodo final será de progreso y desarrollo, y el director de la agremiación en su discurso de apertura fue enfático en criticar al Congreso de la República de populista y pregonar la lucha de clases. El primer punto de discusión como siempre, giró en torno a propuestas laborales que jamás favorecen al trabajador. Fórmulas del pago por hora de trabajo, salario integral, aumentar las horas laborales sin ningún beneficio salarial, y todas las ocurrencias contra la clase obrera. Las convenciones de los gremios generalmente finalizan con críticas al gobierno por altos impuestos y falta de ayuda.
La percepción de los colombianos es que existen dos estados en materia laboral, el de los empresarios y la que administra el gobierno, los primeros ignoran el código laboral a su conveniencia. El populismo y lucha de clases de que habla el director de la Andi en forma peyorativa, contra los congresistas de avanzada es una crítica banal y falta de sentido. Es evidente que los parlamentarios pertenecientes a partidos alternativos que defienden al pueblo de las injusticias sociales es su misión, por eso los eligieron, y ese concepto no encaja en las mentes mezquinas. Para entender mejor el fenómeno, hay que interpretar el significado de lucha de clases en toda su dimensión, el sociólogo y profesor Campo la sintetiza brevemente como: el enfrentamiento que se presenta entre dos clases antagónicas, esta lucha es por sus intereses de clases. Al perderse la conciencia de clase en una sociedad, la población en desventaja es pisoteada, humillada y marginada por el poder económico, evitar que esto suceda no es populismo. Las reuniones empresariales donde prevalecen cocteles, banquetes y comelonas en los mejores hoteles del país es reunión de amigos, ignorando los verdaderos temas coyunturales. No se atreven a abordar los graves problemas económicos que atajan el desarrollo, como el monopolio de las cementeras. Jamás hacen referencia del monopolio de sus afiliados que perjudican a la agremiación y al país por los malos hábitos comerciales. No es la primera vez que estos avaros empresarios incursionan en las feas prácticas prohibidas por el gobierno y aceptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Será que la institución se suma a los otros organismos de control tutelada por el ejecutivo?. Pregúntenle a Martica. En el pasado reciente la Superintendencia sancionó varias empresas con multas altas, que la opinión pública desconoce si las pagaron. La solución fue autorizar la importación de cemento a precios razonables de 15 y 16 mil pesos la bolsa. No es justo que una bolsa de cemento tenga un precio de 28 mil pesos y no pase nada, sus costos de
producción son supremamente económicos, el principal componente es abundante en la región.
Incrementar el 40% es desproporcional en un producto tan esencial para el sector de la construcción que jalona gran cantidad de empleo, atrasa el progreso y paraliza cientos de obras civiles. En el terrible periodo de la cuarentena, el gobierno se arriesgó y autorizó la apertura gradual del sector de la construcción por su importancia como gran generador de mano de obra. El cartel del cemento es un lunar negro para la economía del país, especialmente en los momentos de crisis que padece el pueblo colombiano y con estos precios puede paralizarse.
El monopolio es el extremo opuesto de la competencia legal, es el resultado de fusiones empresarial para adueñarse del mercado y maximizar los precios del producto a su antojo. Ejercen el control absoluto por no tener rivales, el objetivo es arrebatar la demanda total para abultar sus chequeras. Es una práctica aberrante y cruel contra el comercio formal y leal, los monopolistas por lo general son entidades avaras y sin principios éticos. El monopolio destruye economías, acaba con empresas y genera desempleo. El monopolio es señalado como algo infame que debe sancionarse severamente, Colombia cuenta con leyes anti monopolio pero no funcionan oportunamente por el poder político y económico de los gremios. La fusión de la emblemática empresa orgullo de los barranquilleros, y principal cementera de la costa Caribe, está convertida hoy en bodegas, acabó con cientos de empleos y causó estragos en la economía de la ciudad. La única competencia del cemento es la importación del producto, que debe autorizarse en el término de la distancia.
