Instalación del Congreso el 20 de julio de este año. // Foto: Presidencia

Este lunes, se revivió la polémica luego de que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes enviaran una carta al Ministerio de Salud en la que piden nombrar una comisión para estudiar las “condiciones de riesgo que representan las sesiones presenciales”.

“Es necesario evaluar de manera detallada las condiciones de riesgo que representa el inicio de las sesiones presenciales en el Capitolio Nacional para limitar la propagación del covid-19 y así proteger la salud de todos los funcionarios públicos y trabajadores de esta institución”, indicó el presidente del Congreso, Arturo Char.

Esta comunicación se dio en medio de uno de los momentos más duros de la pandemia del covid-19 y el Ministerio de Salud mantiene la recomendación del distanciamiento de dos metros, evitar aglomeraciones y la prohibición de reuniones de más de 50 personas en recintos cerrados.

Frente a la polémica queda el interrogante de si el Congreso cumple o no con estas medidas preventivas para evitar posibles contagios de Covid-19.

Algunos congresistas defienden que se permita el trabajo remoto, mientras que otros aseguran que se debe sesionar de forma presencial o mixta. No obstante, la discusión tomó otro tono tras el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre este asunto.

La aclaración que hace la Corte Constitucional es que en el país sigue vigente la regla general según la cual el funcionamiento del Congreso y demás corporaciones públicas de elección popular “se rigen por la presencialidad”.

Según el alto tribunal, la presencialidad “es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, y de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad”.

Sin embargo, el alto tribunal dice que es razonable que “excepcionalmente se acuda a la virtualidad” para asegurar el funcionamiento de la democracia, aún cuanto estas tecnologías puedan representar un déficit para una organización tan numerosa como el Congreso.

Sumado a lo anterior, la Corte es clara al manifestar que la presencialidad se debe privilegiar siempre y cuando “las condiciones de salubridad lo permitan”.

El congresista César Lorduy se manifestó recordando que el ordenamiento jurídico  “establece sanciones penales y administrativas en caso de que las medidas sanitarias que emitió el Ministerio de Salud no se cumplan, medidas de las cuales no está exceptuado el Congreso”. 

Por lo contrario, el senador Jorge Robledo de Polo Democrático, indicó que “si hay aviones para transportar al Fiscal a San Andrés, también debe haber aviones para transportar a los congresistas a Bogotá”. 

“La Corte Constitucional dejó claro que la presencialidad es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, y de la expresión de todas las corrientes y que en dado caso la virtualidad es la ‘última opción’; situación que no han cumplido los presidentes del Senado y de la Cámara validando la actitud autoritaria del Presidente Duque”, precisó Robledo.

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