Por: Orlando Andrade Gallardo

Nuevamente la legalización de las drogas está en la agenda del  Congreso de la República. El senador Gustavo Bolívar presentó la iniciativa por considerar que el narcotráfico es el mayor generador de violencia en Colombia y la única alternativa para reducirla es legalizándola, las otras opciones están agotadas. Argumenta el senador que Estados Unidos, el país de mayor demanda, legalizó la droga desde hace varios años y además de tener focalizados los consumidores, aumentó sus ingresos tributarios por más de cien mil millones de dólares.

Legalizar la siembra, distribución y consumo de coca y marihuana facilitará el desarrollo de muchos programas agropecuarios, pacifica las zona rurales y genera ingreso al fisco nacional. La aprobación requiere de un buen consenso   parlamentario, que posiblemente no será fácil por ser iniciativa de la oposición del gobierno. En Colombia el desgaste de congresistas es mucho mayor que los resultados obtenidos al final de cada periodo legislativo por las férreas contradicciones políticas. Los bandos en disputa por el poder mantienen en vilo a la opinión pública, la derecha radical contra el centro izquierda no permiten que el país avance y progrese. ¿Quiénes son los afectados? La comunidad en general que pasivamente observa por los medios de comunicación como se atacan sin piedad con epítetos e insultos degradantes, convirtiéndose en vergüenza institucional. Los intereses que rodean el negocio de la droga involucran muchos otros  como tráfico de armas, inversiones clandestinas de millonadas de   narcodólares sin control del Estado.    En las últimas décadas se han presentado más de diez intentos para legalizar la droga y fracasan por falta de voluntad política y argumentos falaces de parlamentarios opositores con intereses oscuros. En los anaqueles del Congreso reposan docenas de estudios serios sobre la materia convertidos en letra muerta por falta de interés gubernamental.   Recientemente, el proyecto avanzó en las comisiones y plenaria del Congreso declarándose la drogadicción como un problema de salud pública asumiendo el gobierno los gastos de tratamientos. ¿A quién beneficia la ley?. Cientos de miles de compatriotas regados por las calles de ciudades que viven en el mundo de los desechables por la droga y sin ningún doliente, pueden tener atención médica. En la mayoría de familias colombianas hay un adicto, igualmente es posible que muchos de nosotros tengamos un amigo, vecino, compañero de trabajo que se encuentre atrapado por la droga y requieren de la ayuda del Estado. El tratamiento para desintoxicar a un drogadicto en clínicas privadas es costoso y con la nueva ley las EPS asumirían los gastos, sin embargo en el último intento, las aseguradoras rechazaron las propuestas.    

Al regular la siembra de cultivo de  marihuana y coca el gobierno escoge las zonas, facilitando el control de producción, procesamientos,  compradores y precios.  Adicionalmente se evitaría la tala de bosques, deforestación  indiscriminada y contaminación de los cuerpos de agua para procesar la droga. Los europeos consideran que el consumo de droga es menos perjudicial que la comercialización que debe atacarse sin piedad. “La reducción de daño” es la política que implantaron para combatir el narcotráfico con condenas severas.  El sector salud mantiene programas para los adictos y presta atención profesional con tratamientos especializados.

Las estrategias para combatir el fenómeno de la droga en muchos casos fracasan, recientemente fue el  control y aumento en los precios de insumos para preparar la droga, no funcionó, sencillamente jamás se implantó. El programa de sustitución de cultivo de coca y marihuana por cacao, caucho, frutales, etc, bajo el programa del Plan Colombiano, tiene  mucha fisura, la aspersión con glifosato es un desastre para salud humana. Por los capitales que se mueven en el meganegocio no es fácil extirparlo sin la ayuda de la comunidad internacional. Colombia  está atrasada en cambiar el discurso  y exigir a la ONU, especialmente a los países de mayor consumo, que asuman su responsabilidad. No es justo que el país sea quien todos los años tenga que acudir a los organismos internacionales a solicitar limosna para financiar el problema de la droga que en esencia es de todos. Anualmente cientos de compatriotas son asesinados, mutilados, secuestrados, como consecuencia del narcotráfico, y los países consumidores exigiendo la reducción de cultivos. Ignoran el dolor de viudas y huérfanos.  Legalizar la droga es la solución.

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