Por: Yurleis Pamela Matute Marques

El presente texto, aborda el grave problema de la corrupción: con la pandemia (Covid-19), hemos presenciado y vivido, el colapso del sistema de salud en el país, y específicamente el el distrito de Barranquilla, registros de prensa que nos muestran, cómo ha sido el más afectado, pues ha quedado al desnudo y descubierta la corrupción en la salud. En este desnudamiento, la falta de ética ha salido más notoriamente a la luz pública, en contraste, con un alto nivel de pobreza y de una flagrante violación a los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, que es el verdadero pueblo colombiano. Lo anterior, connota de manera evidente la necesidad de un profundo y radical cambio, trayendo con esto una reforma a la Constitución Política de 1991, pues el pueblo necesita saber que tiene posibilidades reales, ciertas para vivir de manera digna. Haciendo referencia  al derecho a salud, por ejemplo, ha quedado al descubierto la carencia de este constitucional derecho en los estratos 1 y 2, donde el sistema no llega, no atiende y tampoco da prioridad  actuando sin tener en cuenta nuestra Constitución, en ella reposan plácidamente los artículos 48, 49 y 50, pero, que además, necesitamos tener muchos más beneficios como, por ejemplo, que la salud realmente sea gratis, como Política de Estado, con ello, que los medicamentos siendo costosos él los proporcione. Pero esto no lo vemos,  pues el sistema  de salud actual, para atender a un ciudadano muchas veces obliga a que este lo exija por medio de una Acción de Tutela, sin olvidar el famoso pos que no fue más que un plan para entorpecer la celeridad de este sistema público,  teniendo en cuenta  que este puede resultar tedioso. Es denigrante, que  el Estado Social de Derecho no se sienta con la obligación de hacerlo sin iniciar este proceso tedioso, cuando  debería primar, por ser un derecho fundamental. Somos el único país donde se rompió el récord en 2019 con la cifra de 662.709 tutelas radicadas. Así mismo, la educación y el empleo se ven degradados en esta sociedad sin tener las garantías constitucionales. Tenemos un mal  que nos ha perseguido por muchas generaciones, que es donde radican todas las necesidades actuales y futuras, ella es ese cáncer que devora las arcas del Estado, es la “la  corrupción”. Para un cambio radical, se hace  necesario poner en evidencia la presencia de desvíos de recursos públicos, y la falta de interés en los ciudadanos para llevar a penalizar este delito, y la justicia cumplir con la severidad que se debe dar ante esta pandemia criminal. Esto, sin contar con que los congresistas devengan un sueldo que  debe ser disminuido, pues ello, abarca parte importante de las arcas estatales, pues el Estado aumentaría así ese dinero que despilfarran los congresistas, en la inversión de equipos médicos, educación y vivienda digna, en las  población más afectadas, pero una vez más nos hemos negado a la reestructuración de esos señores del Congreso, cuando los ciudadanos decidieron no salir a votar para que se diera el hecho de un estatuto penal muy severo para la corrupción: un mayor número de penas, tipificando para aquellos que abusan de su condición económica o mandato como los funcionarios públicos, por eso, nosotros  las nuevas generaciones, jóvenes, adultos mayores, personas de las tercera edad apoyemos el cambio que demanda nuestra sociedad, ella ha cambiado así mismo, debemos cambiar nuestras leyes y nuestros deberes y  penalizar la corrupción con penas drásticamente severas: dejemos el miedo a un lado, alcemos nuestras voces somos la nueva generación. Recordemos la frase de Bolívar, “un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”.

En nuestra Seminario de Escuelas y Teorías Jurídicas Contemporáneas, programado por la Universidad Simón Bolívar, surgieron estas preocupaciones a manera de ensayos.

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