*Espere este domingo los argumentos de problema jurídico

El abogado Renzo Montalvo, el pasado 27 de agosto de 2020 impetró un Hábeas Corpus en favor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, esto tras  considerar que su privación de libertad, raya en la violación de las garantías constitucionales, sin sumarle a ello que la Corte Suprema de Justicia también le ha desconocido e ignorado cerca de 31 sentencias de constitucionalidad y 11 de tutela, razón por la cual se vio motivado a impetrar el Hábeas Corpus a favor del ex presidente Uribe.

El Juez 2do de ejecución de penas de montería se salió por la tangente

Este sábado, para sorpresa del jurista Renzo Montalvo, desconcertado recibe el fallo en primera instancia del Juez 2do de Ejecución de Penas de Montería, quien se pronuncia sobre la causal de prolongación en forma ilegal de la privación de la libertad, cuando en realidad la causal impetrada fue de violación de las garantías constitucionales y legales; además de que plantea problemas jurídicos sobre esta causal que no fue impetrada y hace afirmaciones sobre hechos que no le fueron planteados. Por esta razón el Dr. Monsalvo considera que estamos ante un fallo anfibológico e incoherente, producto de lo que en la teoría del derecho se conoce como error de refutación  (Ignoratio Elenchi).

Fallo de Accion de Habeas Corpus, Rad 2020-00027 by DIARIO LA LIBERTAD web on Scribd

“Si pides manzanas y uvas, no pueden despacharte limones y toronjas”

Así lo expresó el jurista Renzo Montalvo frente al falló proferido en primer instancia por el Juez 2do de Ejecución de Penas de Montería, quien se pronuncia sobre una causal de procedencia del habeas corpus que no fue argumentada y que lo llevo al planteamiento jurídico del problema en unos términos que no tienen incidencia sobre la verdadera causal de violación de las garantías constitucionales y legales.

Tal como lo sustenta en su petición el abogado Renzo, a través del hábeas Corpus, al considerar que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, toda vez que la resolución por medio de la cual se definió situación con medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por la detención domiciliaria, se funda en pruebas y tiene su génesis en:

A) Un auto de apertura de la investigación previa del 22 de febrero de 2018, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, una vez “entró en vigencia” el Acto Legislativo 001 de 2018 -18 de enero de 2018-, y se hizo caso omiso a lo dispuesto en la sentencia C-792 de 2014 y a la mencionada enmienda Constitucional, que derogó todas las disposiciones que le son contrarias, entre ellas, los artículos 55 a 58 del Acuerdo 006 de 2002, modificado por el Acuerdo No. 1 de 2009, que señalaban el procedimiento para llevar a cabo las investigaciones y juzgamientos de competencia de la Sala Penal de esa Corte, en única instancia.1 1 Corresponde al pie de página 7 – Corte Suprema de Justicia – Sala Especial de Instrucción. Magistrado Ponente: CÉSAR AUGUSTO REYES MEDINA. AEI-00156-2020. Radicación No. 52.240. Aprobado en Acta No. 034 del 3 de agosto de 2020, que remite a: Folio 19 cuaderno No. 1

B) Si la enmienda, por su carácter constitucional, “es de aplicación inmediata”, no hay razón que justifique que al tutelante se le nieguen sus derechos a ser juzgado por la autoridad judicial “competente” y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (artículo 29 de la Constitución Política), pues, para cuando se abrió la investigación, ya estaba en vigor, lo que obligaba que, contrario a “reafirmar” la “competencia” de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se procediera a ordenar su remisión a la Sala Especial instituida para tal efecto.

C) La atribución de la Sala de Casación Penal de investigar y juzgar fue “derogada” y en su lugar, se dejó limitada su órbita de acción a “Resolver, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (…) Resolver, a través de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares”. (Artículo 3º., numerales 6 y 7 del Acto Legislativo 01 de 2018).2

D) Las garantías penales y los derechos fundamentales de las personas jamás pueden ser sometidos a las conveniencias generales, ni las decisiones de los jueces dependen de la opinión pública o de motivos utilitaristas. Los funcionarios judiciales están constitucional y legalmente investidos para proteger 2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado ponente: ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. STC12447-2018- RADICACIÓN No. 11001-02-03-000-2018-02672-00 – 26 de septiembre de 2018, pág. 19 los derechos superiores de las personas por encima de cualquier motivo de conveniencia “política” o “moral” que se erija en una especie de tiranía de la razón extrajurídica encarnada en el clamor popular por sobre las formas y los contenidos sustanciales del ordenamiento jurídico.

E) Los motivos de utilidad o conveniencia, tales como la imposibilidad material de remitir el proceso a la instancia constitucionalmente competente porque aún no se ha nombrado los funcionarios y no se ha implementado la “logística” necesaria, son las razones instrumentales reales, indiscutibles y de innegable importancia; pero no por ello sus consecuencias adversas deben ser soportadas por la parte débil de la relación jurídico-penal, que es siempre el procesado.

F) El momento en que se emitió la apertura de la investigación, esto fue, 22 de febrero de 2018, la Sala de Casación Penal de esta Corporación no podía continuar adelantando la actuación y mucho menos ordenar la práctica de pruebas, como en efecto aconteció, por cuanto para ese momento ya se encontraba en “vigor el Acto Legislativo de reforma constitucional con efectos inmediatos”, el cual le QUITÓ COMPETENCIA para conocer de los procesos contra los aforados constitucionales EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DE LA PRIMERA INSTANCIA.

G) De ahí que no sea de recibo el argumento de la Corte Suprema de Justicia en el sentido que procedió abrir la investigación previa contra el aforado “POR CUANTO ES POSICIÓN DE LA MAYORÍA DE LA SALA QUE EN ARAS DE DAR CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE JUSTICIA SE DEBE ACTUAR Y FALLAR EN ÚNICA INSTANCIA, SIN ATENDER EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018, MIENTRAS SE POSESIONAN LOS MAGISTRADOS DE LAS NUEVAS SALAS ESPECIALES” dado que como ya se dijo, ello desconoce el derecho superior que tienen las personas a ser juzgadas bajo un debido proceso conforme a las leyes preexistentes, ANTE EL JUEZ NATURAL COMPETENTE y con plenitud de las formas propias de cada juicio de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política.

H) Al parecer, la razón primordial para que la otrora Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, abriera la investigación y practicara las pruebas en las situaciones de abuso y extralimitación de poder, que sirven a la Sala Especializada de Instrucción de soporte probatorio a la resolución que definió la situación juridica y hoy tiene privado de su libertad de manera arbitraria e ilegal con conculcación de sus garantías fundamentales, procesales y judiciales al (Sic) ex Senador hoy ciudadano ALVARO URIBE VELEZ, desde quedo en firme la decisión aquí cuestionada de 2018, SIN TENER COMPETENCIA PARA ABRIR LA INVESTIGACION Y PRACTICAR LAS PRUEBAS, fue que el Acto Legislativo 01 de 2018 “no prevé cláusula de SUSPENSIÓN ni régimen de transición”; lo cual NO es cierto, porque el Artículo 152, garantiza la Suspensión. (El desarrollo de una actuación procesal, se podrá “suspender”, cuando haya “causa que lo justifique” dejando la constancia y señalando el día y la hora en que deba continuar.

Ii) NUNCA LA INSTAURACIÓN DE UN RÉGIMEN DE TRANSCICIÓN HA SIDO NECESARIA PARA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY, MENOS SI ES DE ORDEN SUPERIOR Y SE OBSERVA QUE EL ACTO LEGISLATIVO NO CONDICIONÓ SU ENTRADA EN VIGENCIA A NINGUNA SITUACIÓN.

Jj) Al respecto, es de señalar que los “regímenes de transición son una potestad del constituyente o del legislador”, según el caso, cuando uno u otro considera necesario o conveniente establecerlos para la entrada gradual de la vigencia de la nueva Ley, o su acoplamiento con las situaciones fácticas que venían siendo reguladas por la Ley anterior. PERO DE NINGUNA MANERA PUEDE AFIRMARSE QUE LA AUSENCIA DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN COMPORTA UN “VACÍO LEGAL”, O QUE ESA OMISIÓN SEA UNA FALENCIA QUE “DEJE A LA DERIVA” LOS CASOS LIMÍTROFES QUE PERMANECEN SIN RESOLVER CUANDO EL NUEVO ORDENAMIENTO ENTRA A REGIR.

K) De hecho, SI LA REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL NO CONSAGRA RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, NI SOMETE LA VIGENCIA DE LA LEY A NINGUNA CONDICIÓN, ENTONCES LA NORMA JURÍDICA ENTRA A REGIR DESDE EL MOMENTO EN QUE ELLA LO DISPNE, O DESDE SU PUBLICACIÓN SI NO PREVÉ NADA AL RESPECTO; y los asuntos sometidos a su ámbito de aplicación o validez material se dejarán a la competencia que esa misma norma establece, o a las reglas generales sobre competencia y vigencia de la Ley en el tiempo, en caso de que la nueva disposición guarde silencio sobre ese punto.

L) Al respecto, es de señalar que los “regímenes de transición son una potestad del constituyente o del legislador”, según el caso, cuando uno u otro considera necesario o conveniente establecerlos para la entrada gradual de la vigencia de la nueva Ley, o su acoplamiento con las situaciones fácticas que venían siendo reguladas por la Ley anterior. PERO DE NINGUNA MANERA PUEDE AFIRMARSE QUE LA AUSENCIA DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN COMPORTA UN “VACÍO LEGAL”, O QUE ESA OMISIÓN SEA UNA FALENCIA QUE “DEJE A LA DERIVA” LOS CASOS LIMÍTROFES QUE PERMANECEN SIN RESOLVER CUANDO EL NUEVO ORDENAMIENTO ENTRA A REGIR.

M) SI LA REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL NO CONSAGRA RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, NI SOMETE LA VIGENCIA DE LA LEY A NINGUNA CONDICIÓN, ENTONCES LA NORMA JURÍDICA ENTRA A REGIR DESDE EL MOMENTO EN QUE ELLA LO DISPNE, O DESDE SU PUBLICACIÓN SI NO PREVÉ NADA AL RESPECTO; y los asuntos sometidos a su ámbito de aplicación o validez material se dejarán a la competencia que esa misma norma establece, o a las reglas generales sobre COMPETENCIA y vigencia de la Ley en el tiempo, en caso de que la nueva disposición guarde silencio sobre ese punto.

Como se puede apreciar claramente, el hábeas corpus está fundamentado básicamente en la violación de las garantías constitucionales o legales, toda vez que la resolución por medio de la cual se definió situación con medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por la detención domiciliaria.

Sin embargo para el Juez 2do de Ejecución de Penas de Montería en su afán de demostrar su poder y perenne rectitud frente al caso que nos atañe, termina violando desde todo punto de vista lo que por constitución nos corresponden a todos, dejando entrever una justicia ciega.

Lo anterior con base en el fallo en primer instancia proferido por el Juez 2do de Ejecución de Penas de Montería, donde dan respuesta en los siguientes términos:

RESPUESTAS DEL ACCIONADO

La entidad accionada, Sala de Instrucción de la H. Corte Suprema de Justicia, en síntesis, expuso:

Ninguna de las causales que hacen procedente la acción constitucional de Hábeas Corpus, se invoca por parte del accionante, por cuanto lo que se alega es una supuesta falta de motivación de la decisión de la Sala, de no acudir en forma previa a solicitar la suspensión en el ejercicio de cargo de senador, lo que considera como una presunta vía de hecho, dado que el agente oficioso opina que sí hay un entorpecimiento de la administración pública.

Que se refleja la absoluta improcedencia de la acción constitucional invocada, en la medida que el senador Uribe Vélez, se encuentra formal y legalmente vinculado al proceso radicado 52240, por los presuntos delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, en virtud de los cuales rindió diligencia de indagatoria el 8 de octubre de 2019, luego de lo cual se definió su situación jurídica el 3 de agosto de 2020, con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por detención domiciliaria a título de determinador de los señalados punibles y con los requisitos previstos en el artículo 356 de la ley 600 de 2000.

Afirma que la decisión no fue recurrida por lo que se encuentra ejecutoriada y en firme.

Así mismo señala que se encuentran cumplidas las obligaciones impuestas, así como materializada en su lugar de residencia, acorde a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución política, artículo 77 de la ley 5 de 1992, tal como lo reconoce el accionante. Que esa sala dispuso oficiar al presidente del Senado, con el fin de comunicar la decisión adoptada para que, en el marco de sus competencias, imprimiera el trámite correspondiente según las precitadas disposiciones. Que significa lo anterior, que el senador Álvaro Uribe Vélez no ha sido privado de su libertad con violación de las normas constitucionales y legales, ni se ha prolongado ilícitamente la restricción de su libertad dado que las razones fácticas y jurídicas para proceder a su detención están expuestas en la providencia del 3 de agosto de la presente anualidad, respecto de la cual tiene perfecto conocimiento tanto el señor Senador investigado y sus abogados, al punto que no recurrieron.

Considera la Corporación accionada, que resulta manifiestamente inadmisible que se pretenda debatir posturas argumentativas, mucho menos de un trámite que no hace referencia a los motivos por los cuales se restringió la libertad del procesado, sino que es posterior a la decisión debidamente fundamentada que dio lugar a la medida de aseguramiento que hoy afecta legal y válidamente al doctor Álvaro Uribe Vélez.

Cabe aclarar que en ningún aparte del Hábeas Corpus interpuesto por el abogado Renzo, se fundamenta en, “una supuesta falta de motivación de la decisión de la Sala”. Se trata de una petición soportada en “violación de las garantías constitucionales o legales, toda vez que la resolución por medio de la cual se definió situación con medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por la detención domiciliaria.”

En otros estadios, esto resultaría en el “Apague y vámonos”, pero no, la constitucionalidad está por encima de los egos

Para varios juristas expertos en el tema, resulta incongruente el fallo en mención, pues no se entiende cómo el Juez 2do de Ejecución de Penas de Montería se puede referir en algo que no está expuesto y tampoco se asemeja a una interpretación, pues carece de sustento ante dicha petición.

No se entiende cómo se puede continuar violando los derechos constitucionales a los procesados, que para este caso afronta el Dr. Álvaro Uribe (privado ilegalmente de la libertad) y peor aún desconocer las peticiones que a bien hacen los abogados que soportados en la constitucionalidad de un país se sienten atropellados.

Frente a lo anterior expuesto, mañana presentaremos el argumento del problema jurídico con base en la causal NO enfocada y los argumentos del planteamiento jurídico expuestos por el Dr. Renzo Montalvo.

#DIARIOLALIBERTAD

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