Narciso Castro Yanes

Desde mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia originada por el covid 19, el país viene gobernado e informado a bandazos, como si un influjo maligno indujera a omitir lo esencial, en algunos casos para ignorarlo, desfigurarlo o restarle importancia, mediante acciones u omisiones que inducen a pensar que estamos en un aquelarre en el que sin quererlo todos fungimos de brujos, y por no darnos cuenta ni querer hacerlo aparecemos como fichas que no encajamos en un tablero de ajedrez. Somos o parecemos, y si lo uno o lo otro, ¿qué papel estamos jugando? En cierta forma, parece que hubiésemos perdido la capacidad de escrutar lo que ocurre, asimilarlo y sopesarlo en su exacta dimensión, para enfrentarlo con decisión y ojos abiertos. Como en una explosión de los sentidos, una parte del país se solaza o eriza por las cargas y reclamos de una a otra, y pocos se atreven a fijar responsabilidades, porque la atribución de culpa por actos intencionales se revierten contra las víctimas, al distorsionarse sus imágenes enmarcadas en el espejo oficial. En escenas de ese panorama exótico no resulta extraño escuchar al señor presidente de la República, como en variadas circunstancias se le ha escuchado, divulgando de manera apresurada la muerte de un criminal, luego desmentida o confirmándola alborozado al ocurrir, como cuando rinde parte sobre otras muertes. “Se acabó la guachafita!”, exclama, como si hablara del final de una fiesta de barrio, al referirse a la muerte del antisocial apodado “Guacho”. Este fue un descache, como el del 20 de julio pasado cuando olvidó instalar el Congreso, por embelesarse en la lectura de un discurso sobre lo divino y humano. Y la última metida de pata, no descache, por su intención, fue la de sus declaraciones, al igual que las de otros miembros del gobierno, sobre el actuar de la Corte Suprema de Justicia, en referencia al aseguramiento a su mentor, a quien debe solidaridad, sin que ésta lo induzca a ignorar que él no representa a una persona, ni a un grupo, sino a la sociedad que ve en la justicia el más caro valor.

En el mismo vaivén de desatinos camina el Congreso de la República, quien por obrar sin estudiar a fondo como le corresponde, el contenido de la sentencia C-242 de 9 de julio pasado, que le devolvió a ese órgano su autonomía en el trípode sostenedor del Estado, se expone al derrumbe de todas las decisiones que haya adoptado o adopte desde su instalación el 20 de julio, pues viene sesionando virtualmente, porque el fallo dispuso que en el trabajo de las corporaciones de elección popular la regla general es la presencialidad. De manera que la avalancha de proyectos de reformas a la Constitución y de leyes estatutarias y ordinarias en que algunos partidos y dirigentes vienen empeñados por diversos motivos y fines, están expuestos a decaer, incluido su reglamento, contenido en la ley 5ª de 1992. Sobre ésta se ocupan las cámaras, pero al venirlo haciendo en la forma virtual a que se ha hecho referencia queda expuesta a su declaratoria de inexequibilidad. En los debates al respecto, algunos congresistas han llegado a decir que la Corte Constitucional no los puede llevar a sesionar presencialmente para exponer sus vidas, ni entrometerse en su autonomía corporativa, como sí lo hizo la presidencia de la República con el decreto 491 declarado inexequible. A sabiendas, pues, el Senado de la República y la Cámara de Representantes y sus comisiones, al trabajar en la forma ya dicha, se arriesgan a que ese esfuerzo y sus costos se pierdan. “Guerra avisada no mata soldado” no cabe en lo planteado respecto al Congreso, como tampoco la aceptación, ni la apariencia de aquelarre en los manejos del ejecutivo. Por eso, lo menos que se reclama y espera de esos dos órganos del poder público es que obren con seriedad, responsabilidad y acierto.

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