El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Santa Marta decidió, a través de un fallo, no acatar una tutela de Nelson Deluque Quintero, representante legal del Consejo Comunitario afrocolombiano de Fundación, por medio de la cual intentaba tumbar el Plan de Desarrollo del Magdalena argumentando que no se habían tenido en cuenta a las comunidades afrocolombianas con mesas de trabajo para la elaboración de la hoja de ruta del departamento.

En su acción de tutela el accionante sostuvo que el día 29 de enero del 2020, presentaron petición ante el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, Secretario del Interior Jose Humberto Torres, a nombre de los accionantes, solicitándole a la Gobernación y a la Secretaría del Interior, un espacio para trazar la ruta, el derrotero para definir de manera concertada su participación en el Plan de Desarrollo, en líneas estratégicas como el Plan Territorial De Salud, planes de salud de intervenciones colectivas, planes de alimentación escolar y demás programas y proyecto. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna por parte de la Gobernación.

Sobre estos hechos puestos en denuncia, el despacho de ese juzgado falló conforme a lo que se dijo en las consideraciones de la acción, la afectación directa a las comunidades afrodescendientes por parte de una medida legislativa o administrativa puede bien verificarse en tres escenarios:

(I) cuando la medida tiene por objeto regular un tópico que, por expresa disposición constitucional, debe ser sometido a procesos de decisión que cuenten con la participación de las comunidades étnicas

(II) cuando a pesar que no se trate de esas materias, el asunto regulado por la medida está vinculado con elementos que conforman la identidad particular de las comunidades diferenciadas

(III) cuando aunque se está ante una medida de carácter general, regula sistemáticamente materias que conforman la identidad de las comunidades tradicionales, por lo que puede generarse bien una posible afectación, un déficit de protección de los derechos de las comunidades o una omisión legislativa relativa que las discrimine.

Ahora bien, a la luz de los criterios jurisprudenciales arriba reseñados, consideóa este Despacho que el Plan de Desarrollo Departamental del Magdalena 2020-2023 y el Plan Territorial de salud del Magdalena no son medidas que en si mismas conlleven una afectación directa, especifica y particular de las comunidades afrodescendientes que se asientan en el Departamento del Magdalena, por la generalidad de las regulaciones que allí se establecen, que concierne a la ciudadanía en general.

En conclusión, el Despacho estimó que los actos contenidos en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 y en el Plan Territorial De Salud del Magdalena, tuvieron una connotación en general, impersonal y abstracto, motivo suficiente para que no se hallen conculcados los derechos fundamentales de los accionantes y refuerzan la teoría de que no se torne obligatoria la consulta previa en el caso.

Por tanto, no se tutelarán los derechos fundamentales de los actores. En, ese mismo despacho decidió no tutelar la petición del accionante y se cayó la acción en desarrollo que pretendía no darle vía a la elaboración del Plan de Desarrollo.

Cabe resaltar que en caso de no ser impugnada dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia, por Secretaría remítase el expediente a la H. CORTE CONSTITUCIONAL, dentro del término legal, para su eventual revisión.

#DIARIOLALIBERTAD

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