El presidente Duque fue mucho más allá y en una alocución formal desde Casa Nariño, defendió a Uribe, manifestó su desacuerdo con la Corte Suprema y, sin mencionar a las FARC de manera expresa, criticó que al ex Presidente le priven de libertad mientras que la cúpula guerrillera no haya pasado un día tras las rejas, argumentos todos que esgrimieron otros líderes uribistas al hacerse pública la noticia.

“Duele que muchos de los que han lacerado al país con barbarie, se defiendan en libertad y tengan garantizado jamás ir a prisión. Y que un servidor público ejemplar, no se le permita defenderse en libertad”, manifestó el mandatario. “Durante sus dos gobiernos nuestro país recuperó la seguridad (…) Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de epítetos y acusaciones”, dijo, en clara alusión a los opositores que señalan que cometió crímenes de Estado en su lucha contra la subversión.

En cuanto a la medida de casa por cárcel, Duque alegó que Uribe, “con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamaos que le ha hecho la Justicia con la frente en alto. Como Presidente hago un llamado a la reflexión (…) espero que las vías judiciales operen y que existan garantías para que un ser humano íntegro ejerza su defensa en libertad”.

Tanto el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, como otros opositores, aplaudieron la decisión y pidieron al Jefe de Estado que observara la separación de poderes. “No hay personas que estén por encima de la Justicia por más poderosas e influyentes que sean”, aseveró Cepeda en rueda de prensa. “Invitamos a los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad (…) la contraparte tiene todas las herramientas, recursos y procedimientos para garantizar su derecho a la justicia”.

En el mismo sentido se pronunció Claudia López, alcaldesa de Bogotá y una de las voces principales del Partido Verde y agregó que “las decisiones de la justicia se respetan, se controvierten en Derecho y se acatan”.

La defensa legal de Álvaro Uribe presentará un recurso al considerar injusta la prisión domiciliaria puesto que siempre han alegado que no existe prueba alguna que vinculen al ex Presidente con la presunta compra de testigos. Por el mismo caso está encausado Diego Cadena, quien fuera abogado de Uribe. La Fiscalía considera que pagó a un ex paramilitar para que declarara a favor de su cliente y ahora la Corte Suprema deberá probar que lo hizo con el consentimiento del ex Jefe de Estado.

En el enmarañado proceso, que tienen varias etapas, la última de 2018, hay irregularidades y tanto el principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, como otro ex paramilitar, no solo han cambiado varias veces de versión, sino que recibieron ayudas económicas tanto de Cepeda como de Cadena durante el tiempo que cada cual creía que servía a sus intereses. Pero las del primero la justicia las considera “ayudas humanitarias” y las del abogado, presuntos sobornos.

Comenta aquí: