Se está en mora de tramitar una norma que le dé herramientas a la Policía y a la Justicia para enfrentar el crimen organizado en las ciudades del país, una ley que tipifique como delitos algunas acciones consideradas actualmente como contravenciones, que aumente considerablemente algunas penas y que le dé un tratamiento más severo a los menores delincuentes.

Ojalá se estudie esta posibilidad, ya que con una ley en ese sentido la Policía podrá enfrentar con mejores herramientas la inseguridad reinante en nuestras ciudades, para que se acabe esa manida frase que la Policía está maniatada para combatir el delito, que se proscriba la utilización de los menores para cometer toda clase de delitos y que no haya que seguir viendo en la calle los mismos delincuentes que fueron detenidos el día anterior, que sirva para devolverle la tranquilidad a nuestra comunidad. 

Resulta una verdadera contradicción que los procedimientos establecidos en la Ley siempre favorezcan a los delincuentes, ya que la Policía los detiene, los pone a disposición de las autoridades judiciales y a las pocas horas ya están nuevamente en la calle, por diversas razones: porque fueron aprehendidos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, porque la captura fue ilegal, porque las pruebas recolectadas no eran suficientes para una imputación de cargos, porque el delito es considerado una contravención, porque el capturado es menor de edad, o porque no hay un lugar donde recluirlos, etc. 

Cuando entrevistamos a una autoridad policial y se le pregunta por la creciente inseguridad existente, estas se lamentan de la permisividad de las normas vigentes en materia penal, con la delincuencia común y de las pocas herramientas que estas le dan a la Policía y a otros organismos de seguridad para combatir a los delincuentes y así contrarrestar sus acciones violentas, para ponerlos y mantenerlos tras las rejas.

En realidad las capturas en estas condiciones se constituyen en un desgaste para la Policía: detener todos los días a los mismos delincuentes por los mismos delitos y tener que verlos al cabo de un rato en las calles de  la ciudad acechando a la próxima víctima para cometer las mismas fechorías del día anterior, incluso soportar el reclamo de la comunidad que no entiende como estas personas indeseables siguen libres a pesar de sus denuncias y reiterados señalamientos.

Hay que reconocer que la Policía Metropolitana de Barranquilla y el Comando del Atlántico han venido trabajando a fin de restablecer la tranquilidad, aunque uno de los inconvenientes que se presentan para enfrentar el escalamiento del accionar de la delincuencia, está patentizado –según altos mandos policivos– en la circunstancia de no contar con un pie de fuerza lo suficientemente indispensable y acorde con las exigencias que el problema requiere. 

A las incorporaciones de agentes de Policía al Comando de la División Atlántico y a la Metropolitana de Barranquilla, que cuentan con un considerable aumento en el número de agentes que cuidan la ciudad y los municipios de Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, se le debe sumar la planificación de estrategias tendientes a garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. Con razón las fuerzas vivas de la capital del Atlántico han sido reiterativas, en el sentido de exigir el incremento del pie de fuerza, el fortalecimiento y dotación de las sedes policiales y el retorno de la Policía a los patrullajes permanentes en todos los rincones de la ciudad, incluyendo apartadas zonas periféricas que carecen de sus servicios y en donde la delincuencia es la que, al parecer, manda. 

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