Este miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la creación del impusto solidario por la pandemia, fijado en el decreto legislativo 568 de 2020.

La Corte Constitucional consideró este decreto como inconstitucional con una apretada votación de 5-4.

Este impuesto tenía destino específico a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales y, según la Corte, no cumplía con todos los requisitos de la Carta Magna.

El decreto establecía que los trabajadores del sector público debían hacer un aporte porcentual de su salario.

Sin embargo, en el caso de los contratos de prestación de servicios superiores a los 10 millones de pesos se fijaba un aporte del 15%.

Lo mismo ocurría con los servidores públicos y contratistas del Estado, y tras la decisión la Corte consideró que los dineros que ya se habían pagado “por los sujetos pasivos del tributo” se fijarán como un anticipo de los impuestos de renta para el 2020 y los que se pagarán en el 2021. 

El Ministerio Público consideraba que la misma medida “no era excesiva” y en ningún momento afectaba el salario de los empleados públicos, ni a los contratistas del Estado.

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