Luego de que la Corte Suprema de Justicia le diera casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe y que el honorable senador Iván Cepeda, muy hábilmente, diera su dictamen: “nadie puede estar por encima de la ley”, le sale al baile el interrogatorio de la Fiscalía al investigador Óscar Álvarez, quien fue el encargado de realizar la sinopsis de las llamadas interceptadas al Representante Nilton Córdoba.  

En indagación con la Fiscalía, el investigador afirmó que las interceptaciones al exmandatario se realizaron de manera ilegal ya que, de acuerdo a la orden judicial en la que se ordenó la interceptación, decía que se investigaría el número de teléfono del Representante Nilton Córdoba Manyoma y no el de Uribe Vélez. 

Cuando el funcionario del CTI se percató de que estaban interceptando al expresidente, proporcionó la información para que se dejara de intervenir dicho número telefónico, pero hicieron caso omiso a esta advertencia. Las interceptaciones se realizaron desde el 7 de marzo al 9 de abril de 2019, un mes y dos días, y según afirmó a la Gerencia de investigación, en cabeza de Clara López, no le importó que estas se realizaran irregularmente porque no existía orden judicial que las autorizara.   

¿Será cierto que la privación de la libertad del expresidente es arbitraria? ¿Tiene alguna motivación de tipo política y en verdad corresponde a un sesgo de tinte antiuribista en la Corte Suprema?

Pues si revisamos un poco la historia podemos encontrar que ese sesgo lleva por más de una década e inició con las denuncias en contra de unos funcionarios de Uribe por los vínculos existentes entre Giorgio Sale, un narcotraficante italiano, y Yesid Ramírez y Carlos Isaac Náder, dos presidentes del alto tribunal.

Para esa época, la Corte se negó a elegir al Fiscal General de la Nación de las ternas que presentó el Presidente por el enfrentamiento existente y no por las calidades de los postulados. Es de recordar que en una de esas ternas estaba postulada Margarita Cabello, quien años más tarde fue elegida como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Pero todo esto no quedó ahí. Como consta en algunas grabaciones del expediente de Diego Palacio, en la Corte se tomaron decisiones contra el entorno de Álvaro Uribe. Esto, según palabras de los propios magistrados, “sin salvamentos del voto y por conveniencia política” y “legítima defensa”.

Pese a todo este pasar de la historia, de acuerdo a las declaraciones de Óscar Álvarez, el proceso en contra del expresidente es contra la ley y la prueba es que se llevó a cabo con interceptaciones a su número de celular, por órdenes de la Corte, en una investigación que era contra un parlamentario del Chocó. 

La Corte Suprema alega que esto ocurrió por un ‘error’, pero existe material probatorio en el que se evidencia que ellos sabían que el celular intervenido era de Uribe y aún así legalizaron las chuzadas. 

Por otra parte, el alto tribunal le ocultó por varios meses al expresidente que lo investigaba, pese a que él les preguntó en reiteradas ocasiones. Cuando finalmente se lo confirmaron, él les pidió que lo recibieran en versión libre y no se lo permitieron.

Los abogados y el mismo Uribe solicitaron que se oyera a varios de sus testigos, pero el tribunal negó dicha petición, al parecer, para sacar del caso a Cristina Lombana, con el argumento de que existía un conflicto de interés ya que podría tener algún grado de simpatía con el senador por haber trabajado en la oficina de un abogado del expresidente. 

En cuanto a las interceptaciones realizadas, viene al caso la acotación que realizó el jurista José Vicente Sánchez Barrera, con respecto a la sentencia C-301 de 2012 de la Corte Constitucional la cual habla del Secreto Profesional, y en su articulado reza que este es inviolable por la disposición del artículo 74 de la Constitución Política, por lo cual en materia jurídica el secreto profesional tiene un alcance especial pues puede afectar en derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones es acentuadamente notable en la comunicación del abogado con su representado, por ello la interceptación ilegal debe ser fuertemente sancionada.

Entonces, ¿Qué pasó con la Corte Suprema? interceptó las comunicaciones entre el expresidente Uribe y su abogado Cadena. Así lo reza el auto que le impone la medida de aseguramiento; por ende la interceptación que por ‘equivocación’ (como lo aduce la Corte) le hizo CSJ por más de 22 mil horas del celular del senador Álvaro Uribe puede ser una prueba ilegal y no serviría para condenarlo y sí serviría para adelantar una investigación contra los instructores de la Corte Suprema de Justicia.

En su momento la Corte Constitucional en la jurisprudencia y la Corte Suprema de Justicia lo pasó por alto y dejó entonces un hueco jurídico el cual causa terror, cuando afirmó “… es posible ordenar legalmente la intervención de las comunicaciones (abogado – cliente)” y peor aún, cuando termina diciendo: “…Lo anterior para significar que la garantía del sigilo profesional no es absoluta”. Por ende en cualquier parte del mundo se leería o interpretaría esta afirmación como una dictadura jurídica.

Sin embargo, no dijeron absolutamente nada sobre César Reyes, el ponente del caso, quien fue subordinado de la esposa de Iván Cepeda hace apenas cinco años y de Héctor Alarcón, uno de los magistrados que se declaró víctima de Uribe en un proceso y no tiene pudor en juzgarlo.

A este tema, podemos añadir, que el senador Iván Cepeda le faltó recordar los episodios de Santrich o Márquez. Pronto se le olvidaron los  acontecimientos en los que la JEP también puso de su parte. ¿Recuerda senador Cepeda cuando usted corrió a proteger al congresista de las Farc pedido en extradición por narcotráfico y la Corte fue quien ejecutó la escena final de un momento para otro, simplemente abriéndole las puertas de la cárcel?

Era obvio que Santrich escaparía a Venezuela, pero en esas fechas, les pareció más importante propinar un golpe a Uribe. Lo peor es que hasta el día de hoy, ni siquiera pidieron disculpas al país cuando vieron a Santrich con una ametralladora.

En realidad estas son las incoherencias insoportables, lacerantes, para los colombianos seguidores o no de Uribe, que ven más allá de la politiquería y los actos chocantes para quienes cuestionan un proceso de paz amañado y unas altas Cortes manoseadas.

Lo difícil es que la Corte Suprema (que hoy en día se ha visto salpicada por  escándalos) pueda generar algún tipo de credibilidad entre algunos colombianos.

Solo a una Corte infestada de corrupción se le pude pasar por alto el hecho de invalidar los computadores de Raúl Reyes, que contenían invaluable cantidad de información, de pruebas contra todos los aliados de la guerrilla de las Farc, ni se puede olvidar que la última Corte Suprema fue conformada, en gran parte, por su expresidente Leonidas Bustos, involucrado en el cartel de la toga y amigo de Santos, y Eduardo Montealegre. Sin los padrinos poderosos ni la burocracia para repartir las entidades como la Fiscalía General, no hay quien pueda llegar a ser magistrado.

Pero el hecho es que el juicio hoy en día es político y el expresidente Uribe es una figura política determinante en las dos últimas décadas para el país. A él es a quien no han logrado derrotar en las urnas y hoy quieren sacarlo del juego con la instrumentalización del sistema judicial.

Ante estas circunstancias, la Corte debería haber sido especialmente cuidadosa, no solo porque se trata de un expresidente de la República, sino porque hoy en día Uribe es el senador más votado de la historia de Colombia, y es sin duda la voz de más de ochocientos cincuenta mil ciudadanos que dieron su voto por él y que él es quien los representa. Haber librado la orden de captura en su contra debería tener motivos fuera de toda duda y debería haber sido la última medida.

El juicio prueba las dos caras de una tragedia: la politización de la justicia y la judicialización de la política. No debemos pretender que la Corte sea uribista. Y en verdad no debe serlo. Lo único que se espera es que por lo menos no sea antiuribista. Debemos recordar que la administración de justicia deben ser imparcial, ya que cuando deja de serlo, como ahora, no es cosa distinta que arbitrariedad arropada de formalismos.

Lo malo de este juego maquiavélico es que está saliendo de la esfera política el expresidente Uribe, un hombre que le apostó a la seguridad del país para llegar a la reactivación, que le ha dado al juego democrático para buscar la equidad, trabajar en pro de la reactivación económica, protegiendo los corredores de movilidad y generando inversión extranjera, el temor es que esta jugada de algunos, sea para tomarse el poder y de ahí viene una polarización de la economía, así como caer en manos de los violentos.

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