Desde el pasado 4 de agosto, la política nacional ha girado en torno a un solo nombre: Álvaro Uribe Vélez y no es para menos, pues por primera vez en la historia de Colombia, a un expresidente se le había dictado medida de aseguramiento, que en esta ocasión fue una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, bajo la figura ‘preventiva’, mientras se adelantaban las investigaciones correspondientes, en un caso que lleva el Alto Tribunal, en donde Uribe Vélez, es investigado por presunta manipulación de testigos.
Inicio de la investigación
El inicio del proceso que hoy tiene con prisión domiciliaría preventiva al líder político se remonta a 6 años atrás cuando el Tribunal Supremo de Justicia llamó a indagatoria a Uribe Vélez, considerando que contaba con evidencias de que el expresidente presuntamente habría intentado persuadir a testigos para que cambiaran los testimonios, en los que era relacionado con grupos paramilitares, esto se da por las afirmaciones que realizó el también senador Iván Cepeda, en donde enlazaba a Uribe Vélez con el surgimiento del paramilitarismo en el departamento de Antioquia, para lo cual Cepeda habría dado a conocer varias versiones de paramilitares, entre esas la de Juan Guillermo Monsalve, quien habría atestiguado en contra del expresidente, hecho que Uribe Vélez calificó como falso y por lo que solicitó a la Corte que investigara a Iván Cepeda por considerar que este habría manipulado a los testigos. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando el Alto Tribunal determinó no investigar a Cepeda y en cambio si hacerlo en contra del Uribe por considerar que presuntamente este habría estado involucrado en casos de cohecho para el cambio de versiones.
Renuncia a la curul de Senador
La polémica no se detuvo, puesto que días después de que el Alto Tribunal diera conocer su decisión, el hasta ese momento senador del partido Centro Democrático, presentó la renuncia de su curul como senador ante el presidente del Congreso de la República, Arturo Char. En el documento el expresidente señaló varias consideraciones para la determinación, indicando: “La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar, con el magistrado que advertía de posible auto incriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas”.
Sin embargo, más allá de las motivaciones dadas a conocer por el expresidente para presentar su renuncia, de acuerdo a lo manifestado por expertos, la más importantes de ellas, sería que al perder su fuero como Senador de la República, el caso en el que es investigado, pasaría a manos de la Fiscalía General de la Nación, lo que en la actualidad coloca en una posición delicada a los magistrados de la Corte, quienes deben tomar la decisión de continuar con el caso o cederlo a la Fiscalía, ahora bien, la disyuntiva se genera entorno a si las actuaciones por las que es investigado Uribe, tienen o no relación con su labor como senador.
La controversia jurídica se genera porque en el caso del expresidente, este es señalado de presuntamente conocer la manipulación de testigos que en su momento habría ejecutado su ex abogado Diego Cadena, para que Uribe Vélez se defendiera en un momento en el que ya ostentaba su fuero como senador. De acuerdo con lo expresado por los abogados de Iván Cepeda, el expresidente habría hecho uso de su equipo de trabajo como congresista, para hacer llegar pruebas a la Corte, que fueron determinadas como falsas por los togados. Ante dichas aseveraciones, los abogados de Uribe indicaron que no obstante la denuncia se dio en el marco de un encuentro del Legislativo, los delitos por lo que es acusado no guardan relación con su labor parlamentaria.
¿Es sencillo el cambio de competencia de la Corte a la Fiscalía?
Lo que pudo haber sido un as bajo la manga por parte de los abogados del líder político Uribe Vélez, para que el caso llegue a competencia de la Fiscalía, es más tedioso de lo que parecería, pues cabe recordar que luego de que en 2006 suscitara en el país el escándalo conocido como ‘parapolítica’, en donde se hicieron fuertes revelaciones de cercanía entre paramilitares y caudillos políticos, con el objetivo de que estos últimos alcanzaran escalafones mayores en el Estado, muchos de lo involucrados decidieron renunciar a sus labores legislativas, con el fin de perder su fuero y que los caso por los que eran investigados pasaran a manos de la justicia ordinaria, razón por la que años después, el Alto Tribunal, con el fin de evitar ese tipo de situaciones estableció que el concierto para delinquir sí guardaba relación con las labores parlamentarias.
Dentro de los argumentos de la defensa de Uribe Vélez, que cada vez toman más fuerza jurídica, se encuentran, que la Constitución Política así como la propia jurisprudencia del Alto Tribunal, “determinan claramente que en este caso, como en cualquier otro en el que los hechos investigados no se relacionan con la actividad parlamentaria, se procederá a este traslado”. Así mismo, manifestaron que, “las falsedades el senador Iván Cepeda, pretendiendo vincular las actividades parlamentarias del doctor Uribe o de su equipo de trabajo a esta investigación no tienen asidero ni en el expediente ni en la verdad”.
¿Cómo sería el cambio de jurisdicción?
De darse el cambio de potestad de la Corte a la Fiscalía, la decisión debería ser aprobada por la totalidad de los 5 magistrados que llevan el caso. Posteriormente el ente acusador, debería citar a todos los testigos involucrados para escuchar uno a uno los testimonios, teniendo en cuenta las garantías procesales que en su momento el expresidente Uribe denunció le habían sido vulneradas. Si en alguna instancia el caso pasara a la Fiscalía y Uribe Vélez fuese llamado a juicio y eventualmente le dictaran una sentencia, este además tendría la posibilidad de apelar la decisión.
Polarización frente al tema
Desde que el caso fue de conocimiento público, la polarización política en Colombia, ha sido más que evidente, por tanto que gran parte de los colombianos tienen dos percepciones marcadas y totalmente contrarias: una parte tiene la sensación de que la Corte Suprema de Justicia, no hace más que tratar de inculpar por todos los medios posibles al expresidente; y la otra parte cree que el cambio de potestad del caso de la Corte a la Fiscalía no sería del todo justo justo, teniendo en cuenta la cercanía del actual Fiscal, Francisco Barbosa, con el Presidente de la República, Iván Duque. Ante estas posturas surge un gran interrogante, si la Corte Suprema de Justicia, traslada el caso a la Fiscalía General de la Nación, ¿qué pasaría con la medida de aseguramiento preventiva, que hoy tiene privado de su libertad al expresidente?.
JR
#DIARIOLALIBERTAD
