Invima inicia cobro de tasa en su tarea por mantener la calidad de los productos de su competencia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, en el marco de sus competencias asignadas por el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 2078 de 2012 como establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, ejecutor de las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad, entre otros productos de los alimentos, dentro de los cuales se encuentran incluidos aquellos como la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, cuenta con la facultad exclusiva de ejercer la inspección, vigilancia y control de las plantas de beneficio de animales, teniendo como fin esencial la protección de la Salud Pública como derecho fundamental.

Es así que para el ejercicio de tales competencias, fue expedida la Ley 399 de 1997  mediante la cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al INVIMA su cobro, con el fin de recuperar los costos de los servicios prestados por la entidad, para el cumplimiento de su función legal, determinando los hechos generadores de tal contribución, particularmente aquel referido a los demás gastos que se requieran para controlar la calidad de los productos de su competencia y aquellos que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva, como es el caso de del sistema oficial de Inspección, Vigilancia y Control de carne y productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano , creado mediante el Decreto 1500 de 2007 actualizado mediante el Decreto 2270 de 2012 y modificado parcialmente para su implementación, mediante el Decreto 1975 de 2019, el cual establece requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria, basado en el análisis de riesgos, cuya finalidad es proteger la vida, la salud humana, el ambiente y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores.

La inspección oficial en plantas de beneficio animal, tiene como propósito principal asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad en todas las actividades que tienen relación con la cadena alimentaria, para la protección de la salud animal y humana, en tal sentido, la normatividad referida estableció diferentes parámetros técnicos generales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la cadena de producción de la carne (beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación), así como el desarrollo de normatividades técnicas especiales de acuerdo a los requerimientos técnicos particulares de cada especie, materializadas en las Resoluciones 240 (especies bovina, bufalina y porcina), 241 (plantas especiales de aves de corral) y 242 (aves de corral), expedidas en el año 2013.

Ahora bien, como es de conocimiento público, el país se ha visto afectado en los últimos meses con casos de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Organización Mundial de la Salud – OMS como una emergencia en salud pública de impacto mundial el 7 de enero de 2020, advirtiéndose el primer caso en Colombia el 6 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

Bajo esta nueva situación, el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud solicitó a los países adoptar medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus, declarándose 2 días después, el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, convirtiendo la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

En razón de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada a su vez por las Resoluciones 407 y 450 de 2020, hasta el 30 de mayo de 2020, prorrogada mediante la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar previamente en caso de que desaparezcan las causas que dieron origen a esta o, prorrogarse nuevamente si estas persisten o se incrementan.

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Así pues, en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 417 de 2020 por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, facultando al máximo funcionario del ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Dentro de dicho marco normativo, se reviste al Presidente de la República para la dirección y el manejo del orden público en el territorio nacional, por lo cual las instrucciones, actos y órdenes que éste imparta se aplicarán de manera inmediata, permitiendo asegurar el acceso y abastecimiento de la población a bienes y servicios de primera necesidad, que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales.

De esta forma y con miras a adoptar las decisiones correspondientes, desde la Presidencia de la República y las entidades del Estado, se tiene que estas deben proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios esenciales estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración. 

Por su parte, es importante resaltar que la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre el «El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas», insta a los Estados, entre otras acciones, a adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19, con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.

Frente a lo indicado, desde el gobierno nacional se hizo necesario tomar medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad del servicio, garantizando, mediante el uso de medios tecnológicos y de telecomunicación el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

Así las cosas, el 28 de marzo de 2020, fue expedido el Decreto Legislativo 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en el cual se ordenó:

Artículo 3Prestación de los servicios a cargo de las autoridadesPara evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones

Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones. 

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial. 

En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.”

Es así como en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social a causa del Covid -19, y mientras esta subsista, el INVIMA como autoridad sanitaria nacional, garante de la salud pública individual y colectiva, en el marco  sus competencias, funciones y atribuciones, dando cumplimiento al artículo 3° del Decreto Legislativo 491 de 2020, utilizará las herramientas tecnológicas y el recurso humano que tiene a su alcance, para realizar la prestación del servicio de inspección oficial a plantas de beneficio animal a cargo de esta entidad, el cual será ejecutado a través de medios tecnológicos, digitales y/o virtuales, de forma no presencial, buscando proteger la salud de funcionarios, contratistas y usuarios del Instituto, y privilegiando a su vez el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial, bajo los siguientes lineamientos:

Actividades a ejecutar con apoyo de herramientas tecnológicas, digitales y virtuales

En primera medida, cada establecimiento deberá definir una persona de su recurso humano que será el punto de contacto con el inspector oficial. Esta persona deberá suministrar la información requerida por éste, como documentación de programas sanitarios, registros, videos de las diferentes áreas, procesos y demás que sean necesarios.

Las actividades de inspección oficial que pueden ser realizadas en la modalidad virtual, se enlistan a continuación:

  • Verificación de Guías Sanitarias de Movilización Interna de animales (GSMI) expedidas por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.
  • Verificación del cierre de GSMI en el sistema Sigma del ICA por personal de la planta de beneficio al ingreso de los animales.
  • Verificación de certificados sanitarios de granja de cada viaje a procesar en plantas de beneficio de aves.
  • Verificación de certificados de inmunocastracción y de certificados de tiempo de retiro de alimentación desde el predio en plantas de beneficio de porcinos.
  • Verificación de registros al ingreso de los animales a la planta de beneficio.
  • Verificación de los registros de Inspección preoperativa de las diferentes áreas, equipos y utensilios desarrollados por el establecimiento.
  • Verificación de Agua potable (control de cloro residual) y/o revisión de registros.
  • Verificación de variables de proceso tales como tiempo de sangría y tiempo de evisceración en todas las especies o los demás definidos por el establecimiento; se realizará verificación de registros.
  • Verificación de registros de control en el punto de Tolerancia Cero.
  • En plantas de beneficio de aves, se verificará el control de temperatura del producto a la salida de los chiller (canales y productos cárnicos comestibles).
  • Registro de temperaturas de los cuartos de almacenamiento (refrigeración o congelación) y de los productos almacenados en ellos.
  • Registro de temperatura de las áreas de desposte o desprese o acondicionamiento, mediante registros.
  • En los establecimientos que cuenten con certificación del sistema HACCP, se deberá hacer verificación de los Puntos Críticos de Control – PCC mediante la revisión de los registros de monitoreo, acciones correctivas y verificación del establecimiento.
  • Verificación de rotulado de productos a despachar despostados, despresados o porcionados mediante fotografías tomadas al momento de la verificación.
  • Verificación de la expedición de las Guías de transporte y destino de Carne y productos cárnicos comestibles.
  • Verificación de las condiciones de los vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles.
  • Registro del volumen de sacrificio.
  • Verificación de los programas sanitarios, su implementación y respectivos registros, de acuerdo a lo descrito en el Instructivo para la inspección de prerrequisitos en plantas de beneficio animal, desposte, desprese y acondicionamiento de carne y productos cárnicos comestibles IVC-INS-IN47, acorde a los cronogramas que se planteen desarrollar según lo establecido con el coordinador en cada establecimiento, tomando como mínimo la verificación de los programas: Operaciones sanitarias, Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización – POES, Trazabilidad, Capacitación enfocado a la prevención y mitigación de COVID-19.

La verificación de las evidencias recolectadas por el establecimiento durante el proceso de sacrificio, desposte, desprese o acondicionamiento serán objeto de verificación virtual o mediante otros mecanismos que permitan la revisión (llamadas, video llamadas, etc.) y en los casos que sea necesario mediante fotografías, videos u otros.

Las actividades de inspección antemortem y postmortem, serán ejecutadas por el médico veterinario contratado por la planta (auxiliar reconocido), quien documentará e informará los hallazgos al inspector oficial y complementará la información en caso de ser necesario, para determinar el dictamen oficial. Cuando se requiera, el auxiliar reconocido podrá comunicarse con el inspector oficial para determinar la ruta a seguir.

El establecimiento deberá reportar al inspector oficial cualquier enfermedad de notificación inmediata, con el fin de que se verifique la situación y en caso de requerirse se notifique al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. Así mismo, deberán notificar las muertes en corrales, transporte y desarrollo de sacrificios de emergencia.

Se reitera que en el marco de las actividades de inspección post mortem, el auxiliar reconocido dictaminará la aptitud para el consumo humano de canales y productos cárnicos comestibles. 

Cuando la verificación se desarrolle de manera paralela al proceso de sacrificio, desposte, desprese o acondicionamiento en horario diurno, los inspectores deberán diligenciar los formatos descritos a continuación:

  • Formato de Inspección Ante Mortem (Bovino, Porcino, Equino, Bufalino, Ovino/Caprino) IVC-INS-FM029
  • Formato inspección ante mortem para plantas de beneficio de aves IVC-INS-FM137
  • Lista de chequeo – verificación previa a la autorización de inicio para el beneficio, desposte y /o acondicionamiento – IVC-INS-FM030
  • Lista de chequeo – verificación previa a la autorización de inicio para el beneficio, desprese y acondicionamiento de aves- IVC-INS-FM036
  • Lista de chequeo – verificación durante el desarrollo de las operaciones de beneficio, desposte y/o acondicionadores IVC-INS-FM027
  • Lista de chequeo – verificación durante el desarrollo de las operaciones de beneficio, desprese y acondicionamiento de aves IVC-INS-FM037

Cuando se realicen procesos productivos en horario nocturno, dominicales o festivos, la Inspección permanente virtual no se prestará en tiempo real, sino al día siguiente hábil en horario diurno (6:00 a.m. a 6:00 p.m.). En este caso, el Inspector analizará la información remitida por el establecimiento con el fin de revisar y remitir las observaciones pertinentes, para ello destinará máximo dos (02) horas, el tiempo que emplee será objeto de cobro de tarifa.

En este caso, la inspección oficial verificará los registros del establecimiento antes mencionados, para revisar las condiciones del proceso de beneficio, desposte, desprese o acondicionamiento (cuando aplique), despacho y otros aspectos relacionados con la inocuidad del producto. El resultado de la verificación oficial se registrará en un acta de diligencia IVC-INS-FM054.

La remisión de la información hace parte del desarrollo de la Inspección Oficial relacionada con la operación del proceso.

HL

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