La defensa de Uribe

Estamos en un momento crítico lo que se refiere a las garantías procesales de los ciudadanos por la politización de la justicia. Esto es tema de análisis de las últimas semanas por cuenta del proceso que se le lleva al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia.

Es pertinente analizar el caso desde diferentes escenarios. Las declaraciones emitidas recientemente por el Senador del Centro Democrático a medios de comunicación dónde se Precisa algunos vacíos jurídicos y que pone en tela de juicio la actuación de algunos Magistrados.

De acuerdo al exmandatario sería inocuo interponer el recurso de reposición en contra de la medida de aseguramiento, de detención domiciliaria, porque el actuar de la misma esta viciada y no se tienen las garantías procesales para que su defensa se haga dentro de un proceso de doble instancia. Por esta razón sus juristas consideran continuar con el curso normal del proceso de la defensa.

Uribe Vélez afirma que no está preso sino secuestrado. Porque para él su detención es ilegal ya que le están violando todos los principios constitucionales, pues en Colombia nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En su caso él tiene que defenderse acatando una orden de captura; diferente a lo que ocurrió con Santrich.

Al exjefe guerrillero, la Corte Suprema de Justicia lo dejó libre aún teniendo en su poder las pruebas que lo inculpaban y que fueron otorgadas por el gobierno de Estados Unidos, además le brindó todas las garantías, que probablemente jugaron a su favor para convertirse en prófugo de la justicia de Colombia y del país norteamericano.

En el caso de Uribe, se habla de la violación de las garantías procesales a un exmandatario, que desde el pasado 4 de agosto está tratando de demostrar que es una persona de bien y que se puede defender en libertad como el mismo lo ha dicho. “No hay una sola prueba que diga que soy un peligro para la sociedad, ni de que yo obstruyera a la justicia. Infieren que esto se debe a mi temperamento (…) (y) violan todas mis garantías”.

Cabe recordar que la confrontación Uribe – Cepeda se inició desde el año 2012, cuando Uribe Vélez denunció por supuesta manipulación de testigos al cabildante del Polo Democrático.

En ese entonces, Cepeda estaba preparando una denuncia en el Congreso contra el ex mandatario por presuntos vínculos con el paramilitarismo, pero el proceso contra el senador Cepeda cambió de rumbo en el momento en que José Luis Barceló, uno de los magistrados de la Corte Suprema, quien recibió el caso, lo archivó y abrió una investigación en contra del demandante por un presunto caso de manipulación de testigos.

Ante esas acusaciones del Magistrado, Uribe asegura que: “Yo no tuve la iniciativa de hablar con uno o con otro como dice la Corte, solo pedí que se corroborara la información que a mí me llegaba. No tuve ningún contacto con Juan Carlos Sierra (…) no han querido escuchar a Lisa Ruth, tampoco a quien tomó declaración al ‘Tuso’ ni a Roque Arismendy”.

En este proceso el expresidente ha afirmado en varias ocasiones que denunció al magistrado José Luis Barceló porque en varias oportunidades este ha dicho: “voy a meter preso a Uribe”, lo que para él se convierte en un asunto personal y una persecución señalando al Magistrado Barceló de “cabecilla del ‘cartel de la toga’.

“Leonidas Bustos, está asilado en Canadá. Decía que “había que condenar a Uribe” y que ese no era un tema jurídico, sino político”, ha afirmado el exmandatario.

Visto de este modo, este proceso se convierte en un proceso político, que parte de la molestia que sienten algunas personas hacia el expresidente, y de quienes han logrando crear un ambiente de opinión en el que tratan al sindicado senador del Centro Democrático como a un criminal.

Álvaro Uribe precisó a los ciudadanos Colombianos que no se le están respetando sus derechos fundamentales y que no requiere que lo absuelvan por compasión y que lo condenen por rabia. Y afirma que no ha manifestado falacias para favorecerse si no que necesita que se le den y respeten todas las garantías procesales para poder demostrar su inocencia, Afirmó.

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