Histórica ha sido la iniciativa privada en la creación de nuestros centros de educación superior, convirtiendo a Barranquilla desde los años 60 en una de las ciudades con mejor oferta de programas universitarios del país.
La Carta Política trae en su artículo 69 la autonomía universitaria como una garantía que cuenta con el respaldo del Estado colombiano, permitiendo a las universidades darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, a la que faculta adoptar un régimen especial aplicable.
Es la Ley 30 de 1992, y las reformas posteriores, las que entregaron los instrumentos jurídicos que permitieran organizar, desarrollar y prestar uno de los servicios esenciales para el desarrollo del país.
Se preguntan los barranquilleros qué papel ha jugado el Estado vigilante, en cumplimiento de su función constitucional y legal, en los casos de las disputas caóticas que han dejado un lastre de cierre de programas académicos, estudiantes a mitad de carrera, patrimonios saqueados, trabajadores y profesores despedidos y la iliquidez de otroras solventes empresas, en medio de conductas ilícitas que han llegado a minar la credibilidad de Ministerio de Educación Nacional y de nuestra Justicia.
Duele ver cómo proyectos de educación superior como la Universidad Autónoma del Caribe, concebida como una casa de conocimiento y ciencia por el exmagistrado Mario Ceballos Araujo, terminara en medio de una disputa en la que sucesores civiles fueran juzgados por conductas punibles contra el patrimonio e investigadas por delitos que sancionan las conductas que protegen el bien jurídico supremo: la vida.
Así ocurre hace unos años con la Universidad Metropolitana, fundada por el médico y exsenador de la República Gabriel Acosta Bendek y su distinguida esposa doña Sofía Acero de Acosta, promotores de la Fundación Acosta Bendek, que entregó a esta región Caribe la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, desde los años 70.
La muerte de los fundadores de estas instituciones ha marcado el inicio de verdaderas trifulcas de sangre por alcanzar el dominio de los consejos directivos, echando mano a todo tipo de argucias en la que asoman delitos de falsedad en documento, cohechos, sobornos, prevaricatos, amenazas a la integridad física, que no ha dado descanso a las páginas judiciales de los medios de prensa.
Sabida es la presencia política de agazapados líderes locales y nacionales por aruñar pedazos de ese poder económico que alcanza altas sumas de dinero cada seis meses producto del esfuerzo de padres de familia que empeñan ingresos a futuro y comprometen con el Icetex años de trabajo del futuro profesional, siendo los más débiles e inocentes de esta rapiña a muerte de ambiciosos herederos que nada pusieron en la construcción de esos centros de educación.
Se revolvería en su tumba el médico javeriano y exsenador Gabriel Acosta Bendek si se enterara que sus sobrinos, a quienes mantuvo alejados de sus iniciativas académicas y hospitalarias, son hoy quienes dejaron en la calle a su propia hija, doña Ivonne Acosta Acero de Jaller, sin permitirle ocupar un lugar en la Fundación Acosta Bendek, y mucho menos en el Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana que fundó y dejó en vida en manos de su descendiente consanguínea.
El artículo del polémico columnista Daniel Coronell y los audios anexados con la voz presunta del senador Eduardo Pulgar Lemus y del exjuez de Usiacurí, muy solicitado como Juez de Control de Garantías, sobre una reunión celebrada en el apartamento del controvertido político, haciendo mención a una tentativa de cohecho promovida, según Coronell, en la voz de Pulgar, por el empresario Luis Fernando Acosta Osío, sobrino de Gabriel Acosta Bendek, y quien hiciera parte del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana, es un asunto que sube el volumen a la cadena de delitos que ya la ciudad y el país conoce y que están en manos de la Fiscalía, Jueces y Magistrados de Tribunales locales y de Bogotá, sin que se hayan tomado decisiones de fondo que brinden estabilidad a ese centro importante de educación superior.
Culpa grave la de los funcionarios del Ministerio de Educación que se han prestado para proyectar y expedir resoluciones amaestradas para inclinar la balanza del poder a favor de los patrocinados del político Pulgar Daza, si es cierto lo que revela el audio que copia como materia de esa reunión concertada por el alcalde de Usiacurí.
Ya este drama de la Universidad Metropolitana ha mancillado la dignidad de la toga de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal con magistrados investigados seriamente comprometidos en reiterados repartos para favorecer la misma causa que hoy aparece envuelta en el affaire destapado.
Y mientras esto ocurre tenemos un Consejo Directivo con asiento de la Arquidiócesis de Barranquilla, o su delegado, con la del empresario directivo del gremio ganadero, con la de los gremios de la ciudad, en cabeza de Fenalco, y demás miembros actuales que acompañan mudos este pésimo momento del enfrentamiento de familiares irreconciliables, pero que están en el deber de deslindarse de las graves conductas reveladas, para poder creer que no todo está a la deriva en la Universidad Metropolitana.
Es hora que el Estado cumpla la Constitución Política del 91, la que predica la Autonomía Universitaria, la que protege a la comunidad académica, la que hace prevalecer el interés colectivo por encima de los ambiciosos que van en busca de una ‘platica’ y unos ‘votos’ para la elección.
¿Hasta cuándo seguirá este atentado contra la Educación Superior en medio del silencio del Ministerio de Educación?

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