Desde que apareció la terrible enfermedad en Colombia, la estructura social se modificó sustancialmente, el gobierno ha expedido más de cien decretos y disposiciones, relacionados con el problema. Las medidas afectan la movilidad y el libre tránsito de los adultos mayores por considerarlos vulnerables a la enfermedad y de alto riesgo de contagio y son los más perjudicados. Cientos de colombianos de esta franja de la población, al no ser atendidos por el gobierno, elevaron su voz de protesta por sentirse discriminados,  y presentaron una tutela. La revolución de las canas como fue calificado el movimiento, exigían sus derechos y trato igualitario, la semana anterior un juez falló a su favor. El presidente Duque prendió  las alarmas y ordenó a sus asesores jurídicos solicitar al juez revocar la medida por inconveniente, y tratarse de un problema de salud pública. Esperemos qué sucede en los próximos días, sin embargo el mandatario autorizó salidas dos horas diarias.
Los autores de la tutela fueron altos  dirigentes de la vida pública nacional y con argumentos sólidos convencieron al juez y consideramos que el fallo es ajustado a la lógica del derecho y la dignidad del adulto mayor. La fea propaganda de señalar a los abuelitos como los agentes transmisores del coronavirus por su edad y sin argumentos, no es serio. Las cientos de declaraciones de expertos afirmando que las personas propensas a contagiarse con el virus  son las que padecen enfermedades de base, como diabetes, cardiacos y otras patologías, no menciona edad.  Es posible que los mayores por el desgaste de los años vividos, no tengan las mismas energías de una persona joven, pero si su calidad de  vida ha sido excelente, no hay razón para estigmatizarlo. Humberto de la Calle, Rudolf Hommes y la doctora Clara López, principales gestores de la tutela, con seguridad su larga vida estuvo rodeada de comodidades,  sana alimentación y buena salud, no pueden ser agentes contaminantes. Es posible que miles de nacionales mayores como ellos, gocen de igual o mejor salud. Normalmente el adulto mayor es persona consciente de las realidades y no corre riesgos innecesarios, menos cuando se trata de poner en peligro a su familia y en el caso actual, acata las normas impartidas por el gobierno. En esencia, la tutela fue presentada por la dignidad del adulto mayor, no es justo que el gobierno y medios de comunicación señalen al adulto  mayor de ser agente vector del virus.
La segunda tutela presentada por los partidos alternativos y oposición apunta a solicitar la moderación del discurso proselitista del presidente Duque en sus presentaciones de las tardes por Tv. En las condiciones de emergencia actuales, es necesario  que la opinión pública esté informada  de las gestiones del gobierno sobre la pandemia, pero sin especulaciones ni protagonismo.  ¿Cuánto cuesta a los colombianos estas intervenciones de una hora  diaria en el horario más costoso de la televisión.? Docenas de salarios mínimos. Los colombianos consideramos que en estos momentos de tristeza, dolor y luto  no es conveniente que líderes políticos y empresariales se aprovechen para conquistar imágenes y exigir que abran sus negocios. Una hora es mucho tiempo para enumerar los muertos e infectados, un cuarto de hora es suficiente, en Colombia hay más de veinte noticieros que pueden encargarse de esas noticias. La repetición de lo mismo causa pánico y temor, la gente no quiere prender los televisores. Un noticiero local realizó una encuesta telefónica para conocer el grado de aceptación sobre la intervención presidencial y los resultados fueron pobres, el 30% prende el televisor y el resto lo apaga. Acudir a la justicia para  mandar a callar un presidente, no tiene antecedentes en la historia de Colombia, pero el sistema político administrativo requiere de cambios, por la fallas y vacíos que se han notado durante la pandemia.
Otra estadística dolorosa es la relacionada con las ayudas que anuncia diariamente el presidente y no llegan a sus destinatarios que viven en el fango y asfixiados por la pobreza. Las mismas entidades oficiales señalan que únicamente el 60% están recibiendo mercaditos y  ayudas monetarias, el resto se queda en el camino. Nuevamente la ‘mano pelúa’ hace estragos sin piedad, robarse los recursos destinados a los pobres y en las actuales condiciones, es aberrante,  los responsables deben ser castigados con severidad. Los jueces no deben tener consideración con los funcionarios públicos que delinquen, especialmente los de alto rango como gobernadores y alcaldes. El presidente debe reconocer que una hora diariamente desgasta su imagen que bajó más de 20% en los últimos cuatro meses. Sus asesores de comunicación están fallando señor presidente, no espere que la tutela falle en su contra.
#DIARIOLALIBERTAD

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