La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por un mes a la entonces directora Administrativa y Financiera de la Promotora de Vivienda de Risaralda, Yessica Tatiana Cifuentes Ocampo (2015), por la administración irregular de las cuentas bancarias del municipio que generó la pérdida de recursos públicos por valor de $1.760.275.
Se demostró que la exfuncionaria celebró dos contratos de suministro para el tratamiento de aguas residuales domésticas prefabricadas de la zona rural de Quinchía, Guática, Belén de Umbría y Mistrató, en los cuales omitió descontar el porcentaje de Reteica fijado en el Estatuto Tributario.
Con esta actuación la exdirectora vulneró el numeral 8 del Acuerdo 005 de 2010, que establece como función indelegable de la directora Administrativa y Financiera “realizar todas las acciones tendientes a garantizar el eficiente recaudo (…) de los dineros a los proveedores y contratistas en general”.
Recordó la Procuraduría Regional de Risaralda que “la razón de ser esencial al momento de suscribirse los comprobantes de egreso que respaldan el posterior pago al contratista, es que el servidor público consigne allí no sólo el valor a cancelar sino los descuentos que por ley le fueron imputados a favor del Estado, por lo tanto, omitir dicha función afecta sustancialmente el deber impuesto”.
En el fallo de segunda instancia la falta de la disciplinada fue calificada como grave a título de culpa grave, por el descuido al analizar los documentos que debía firmar, conducta con la cual causó daño al patrimonio de Pereira.
Teniendo en cuenta que la disciplinada ya no es servidora pública la sanción se convertirá en salarios mínimos de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de cometerse la falta.
HL
#DIARIOLALIBERTAD

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