Por: María Fernanda Tordecilla Paternostro
Los Fines de la Ley General de Educación de 1994, se deben entender como esos propósitos misionales, que se enmarcan en poder regular lo preceptuado en el artículo 67 constitucional, para que el Estado le proporcione a cada individuo aquellas posibilidades para formarse como un ser integral y autónomo. Esta pretensión se encuentra ligada con el fin de promover y fortalecer una sociedad más “equitativa” en cuanto a los derechos y deberes del ciudadano, que indiscutiblemente es el deber estatal mayúsculo. Para nadie es un secreto que si desglosamos la mencionada ley en relación con la Constitución Política de 1991, encontraremos que muchas de las leyes, fines, normas o decretos no se cumplen a cabalidad, (es lo que nuestro docente de Legislación Educativa, Reynaldo Mora Mora, denomina “ficción jurídica”, debido a no ser lo suficientemente coherentes con el contexto, a fin de poder impartirlos con el vigor necesario en las instituciones educativas y fuera de ella; tal es el ejemplo, de las zonas rurales, en las cuales hoy en día gracias a la pandemia ha quedado al desnudo la tan pobre educación que han recibido y siguen recibiendo los niños y adolescentes que se encuentran en estos territorios a lo largo de los años que llevan educándose. Como consecuencia de ello, pasa algo muy particular en este caso, ya que, desde nuestra perspectiva el relativismo cultural y social colombiano frente a la educación y cultura maximiza la identidad cultural y la unidad nacional, lo cual ha quedado evidenciado en uno de los Fines de la educación y que se representa indudablemente en el marco educativo y la formación del ciudadano. Pero que, sin embargo, en las zonas rurales, así como en territorios indígenas que se encuentran desplazados por todo el país poco se han observado estos elementos formativos; puesto que, si bien es cierto, Colombia ha hecho un largo recorrido con creces en reconocer y hacer prevalecer esas otras culturas, para garantizar de una u otra manera los derechos consagrados en la ley y en la Constitución hacia ellas, esta, a su vez no ha sido respetuosa y consiente de la multiplicidad étnica y rural que como país arrastra un significativo número de personas, las cuales han luchado día a día para que sus derechos sean valorados y ejercidos de la mejor manera, aún cuando tampoco se ha tomado el trabajo de darlas a conocer a la sociedad para así tener un sentido más amplio de lo que es la diversidad cultural, pero también, de unidad de forma responsable como se ha resaltado anteriormente. Esto pone al descubierto que el Estado colombiano ha tenido un grave problema en la desatención de cada uno de esas culturas, ya que, el etnocentrismo de la cultura nacional como sociedad ha subvalorado cada subcultura, bien sea indígena, rural o cualquier otro tipo de grupo étnico ante la marginación y la exclusión social. Cabe señalar, que inclusive, en esta situación actual de pandemia, es donde más debería ejercerse con mayor vehemencia para todos los habitantes del país las iguales oportunidades de acceso, circulación y duración en el sistema educativo nacional y de salud: no se han propiciado las bases para avances en tal proceso de equidad, porque a pesar de que la educación sea un derecho al cual tienen todos los ciudadanos acceso, desde la promulgación de este derecho en la Constitución del 91, este derecho ha sido tergiversado por el Estado, al ponerle diferentes pautas y arandelas en su ejecución de derecho ya que, primero, no se ejerce como ley estatutaria o ineludible por ende, no se concibe como derecho fundamental, en el que el gobierno proporcione educación a todos los individuos del país y, segundo, al señalar que los particulares también podrán fundar establecimientos educativos para garantizar este derecho, sin duda alguna, la está privatizando y no garantizado este derecho con tal seguridad.
Es por eso que, antes estas desigualdades constitucionales y legales respaldamos con vehemencia el llamado de nuestro estimado profesor Reynaldo Mora Mora a construir una Nueva Constitución Política Postpandemia, en donde se hace referencia a construir derechos fundamentales constitucionales sin tener que rogar por nuestros derechos a través de una Acción de Tutela, sino por el contrario, que cada individuo tenga plena accesibilidad y derecho a gozar de estos mismos, porque le pertenecen, por el solo hecho de ser persona. Este texto hace parte de los “Talleres de Lectura y Escritura desde la Legislación Educativa”, que se realizan en la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico (I-2020), como ese interrogar la norma en su relación con la Constitución Política pero, consultando la realidad.

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