Recientemente, el Grupo Prodeco, filial de Glencore en Colombia, manifestó su intención de suspender las actividades mineras en los diferentes frentes de trabajos, localizados en el departamento del Cesar.
Esta decisión ha alertado a las organizaciones sindicales Sintramienergética y Sintracarbón y llena de incertidumbre a la comunidad en general dado que de manera directa e indirecta, afectaría a todos los pobladores de esta región.
Según los sindicatos el panorama no es para nada prometedor pues el Grupo Prodeco al solicitar la suspensión de actividades ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), estaría profundizando la problemática del desempleo. De igual forma, generaría repercusiones en la comunidad que se beneficia de la economía generada alrededor de la minería.
Las finanzas de los municipios del corredor minero, que en muchos casos habían proyectado inversiones sociales con recursos de las regalías, están también en peligro con la posible parálisis de operaciones. Aseguran los sindicatos que esta es una realidad para la que no están preparadas las comunidades que durante años vienen acostumbradas a este modelo económico extractivista, lo que generaría un detrimento en los ingresos de muchas familias.
“De manera conjunta, las organizaciones sindicales con presencia en las empresas del Grupo Prodeco, unificamos nuestros criterios y objetivos en defensa, de los recursos ambientales, las comunidades y el restablecimiento de los derechos sociales y laborales. Con tal fin, hemos emprendido acciones de orden administrativo, jurídico y político, para frenar el alcance de esta solicitud”, indicaron en un comunicado.
Agregan que en el momento cuentan con el apoyo de los entes gubernamentales del corredor minero, senadores, diputados del departamento y concejales de los municipios y con entidades públicas como la Secretaría de Minas del departamento.
“También haremos un llamado para que se vincule al Ministerio del Trabajo, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, como garantes de este proceso”, aseguraron.
Los sindicalistas son conscientes que los municipios del corredor minero deben irse preparando a corto plazo para el cierre de la mina del Grupo Prodeco, pero sostienen que antes de eso, esta empresa debe cumplir con su responsabilidad social – empresarial consagradas al momento de suscribir las licencias de operación, para que no cause un impacto socioeconómico, como actualmente está aconteciendo.
De igual manera consideran que deben informar previamente a las entidades competentes para evaluar de manera conjunta la reconversión teniendo en cuenta que el cierre de manera abrupta de la compañía, podría desencadenar una gran afectación socioeconómica y ambiental en lo que respecta a la reforestación y recuperación de afluentes acuíferos, sumiendo a estos municipios en una profunda pobreza con todas sus implicaciones.
“Invitamos a la comunidad en general, movimientos sociales, fuerzas vivas y sociedad civil, para que unamos fuerzas y logremos revertir esta mal intencionada solicitud del Grupo Prodeco filial de Glencore ante la Agencia Nacional de Minería”, anotan Sintramienergética y Sintracarbón.
Subrayan en que estas empresas Prodeco, que tienen cerca de 12 mil trabajadores, no han querido dar apertura a sus operaciones, excusándose en la pandemia y los precios del carbón, para no cumplir con los pasivos sociales, ambientales, las comunidades y sus trabajadores. “No aceptaremos que se burlen de esta región, que durante muchos años le ha entregado importantes dividendos económicos y que en compensación recibamos este pago”, afirman las agremiaciones.
Cabe señalar que los municipios del corredor minero durante muchos años tuvieron una vocación agrícola, pesquera y de caza. En la década de los 80 el área sufrió un cambio en su modelo productivo con la llegada de trasnacionales del talante de Drumond, CNR y el Grupo Prodeco, filial de Glencore, entre otras. Su principal interés: la extracción, explotación y comercialización del carbón térmico, de mucha importancia principalmente en los mercados europeos y asiáticos.

ANM evalúa solicitud

La presidenta saliente de la Agencia Nacional Minera, Silvana Habib, indicó que la solicitud de suspensión solicitada de actividades del Grupo Prodeco es de seis meses para la mina La Jagua y tres meses para la mina Calenturitas.
Se prevé que entre 15 y 20 días, luego de adelantar investigaciones por parte de un grupo técnico especializado se le dé respuesta a dicha solicitud.
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