La Procuraduría General de la Nación halló disciplinariamente responsable de irregularidades cometidas en Cardique al exdirector de la entidad, Olaff Puello Castillo, y a Katherine Martelo Fernández, la subdirectora de planeación, por lo que los inhabilita a ejercer cargos públicos por 18 y 16 años respectivamente.
El Ministerio público encontró que los exfuncionarios desconocieron los principios que regulan la contratación estatal, en su numeral 31 del art. 48 de la Ley 734 de 2002.
El ente de control disciplinario llegó a esta conclusión luego de analizar un total de 135 procesos contractuales de la vigencia 2016 adelantados mediante selección abreviada de menor cuantía dentro de los cuales todos y cada uno de ellos tenían por objeto la “relimpia con retroexcavadora o similar” de canales, arroyos, reservorios y demás fuentes hídricas al interior de la jurisdicción de Cardique por valor de $16.864.551.584,00.
Además de tener el mismo objeto, la Procuraduría identificó en los documentos previos de los 135 expedientes que las actividades, las especificaciones técnicas, el plazo, los riesgos, los precios unitarios, la forma de pago, los factores de ponderación, la estructura de los documentos, entre otras; al interior de cada uno de ellos era prácticamente similar y constituía una misma unidad natural.
Aunado a lo anterior, del estudio de las propuestas, los proponentes y los contratistas, se pudo descubrir en el marco de los procesos de selección y la celebración de los 135 contratos que existía una red de alrededor de 34 integrantes que siempre resultaban favorecidos en los procesos de selección adelantados por Cardique los cuales unas veces se presentaban como persona natural, otras como persona jurídica, algunas veces hacían parte de una estructura societaria, otras veces hacían parte de una misma familia; todos contrataban al mismo topógrafo, la mayoría tenía el mismo contador, entre otras características.
Al verificar si existía un nexo de causalidad entre los factores identificados, la Procuraduría evidenció que los pliegos de condiciones eran documentos “tipo sastre”, es decir realizados a la medida de los contratistas; dentro de los cuales tanto los requisitos habilitantes como los factores de ponderación beneficiaban a la red de contratistas; la cual, en cada proceso de “relimpia” adelantado por Cardique en el 2016 presentó como experiencia y dentro del equipo de trabajo contratos celebrados con esta Corporación en vigencias anteriores y personal que había suscrito acuerdos de voluntad de “relimpia” con esta misma entidad meses o años atrás, con lo cual garantizaba su participación y máximo puntaje en el criterio de evaluación técnica.
A esto se suma que a lo largo de las 135 selecciones abreviadas los proponentes evidenciaron comportamientos sistemáticos consistentes en manifestar interés en participar en cierto número de procesos y al final sólo presentar dos propuestas dentro de las cuales la diferencia entre las ofertas económicas y el presupuesto oficial era mínima, lo cual les permitía manipular la fórmula aritmética a través de la cual se evaluaban el criterio de ponderación precio; todo esto producto de la favorabilidad de las reglas y condiciones establecidas en los pliegos de condiciones y la conducta de los funcionarios de Cardique que participaban en los procesos de selección.
La PGN logró demostrar que la realización de las 135 selecciones abreviadas materia de análisis era en realidad un artificio para evadir el proceso de licitación pública que con fundamento en el estatuto general de la contratación estatal correspondía realizar a Cardique en la vigencia 2016 y así poder fraccionar la contratación con la cual se beneficiaban los proponentes coludidos.
Por lo anterior, se declaró disciplinariamente responsable a título de dolo a Olaff Puello Castillo quien en su condición de Director General de Cardique participó en la actividad precontractual al suscribir, entre otras, actos administrativos de apertura y adjudicación de los contratos y en la actividad contractual al celebrar los negocios jurídicos de “relimpia”; y en consecuencia se le sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 18 años.
De igual manera se declaró disciplinariamente responsable a título de dolo a la señora Katherine Martelo Fernández quien en su condición de Subdirectora de Planeación participó en la actividad precontractual al suscribir estudios previos, pliegos de condiciones e informes de evaluación de “relimpia”; y en consecuencia se le sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 16 años.
#DIARIOLALIBERTAD
dawad

Comenta aquí: