En Concejo de Estado recibió la primera demanda contra la elección de Francisco Barbosa Delgado como Fiscal General de la Nación.
La demande fue radicada el 3 de julio, dos días después de que se reactivaran los procesos judiciales por orden del Consejo Superior de la Judicatura y el levantamiento de la suspensión de términos en medio de la pandemia por el Covid-19
El estudio del caso estuvo a cargo de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez de la Sección Quinta del Consejo de Estado por reparto.
Los demandantes solicitaron al Concejo de Estado revisar si el periodo del fiscal debe ser constitucional o personal, esto significaría que Barbosa no podría estar por cuatro años en la Fiscalía, sino por el tiempo que le restaba en el cargo a Néstor Humberto Martínez.
“Reivindicar la necesidad de que dicho periodo sea de carácter institucional es indispensable para garantizar la primacía del orden constitucional y la protección de la democracia (…) de lo contrario se atenta contra el principio constitucional de separación de poderes”, dicen en la demanda.
Dicha demanda contra el actual Fiscal General llegó en un momento con bastantes criticas que se han generado en su contra.
Una de estas fue la reciente polémica que se desató tras un viaje de todo un fin de semana que hizo el actual fiscal a la isla de San Andrés junto con su hija en plena pandemia por el coronavirus, aún cuando los colombianos tienen restricciones para viajar.
Otra crítica fue la imputación de cargos a los siete militares señalados de abusar sexualmente de una niña de la comunidad Embera Chamí, donde varios constitucionalistas señalaron que la Fiscalía se había equivocado en el delito imputado, sin embargo, el fiscal defendió la entidad señalando que “palo porque bogas, palo porque no”.
Dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional, Gina Paola Ávila Sierra y René Mateus Forero, se refirieron al tema de la siguiente forma: “La elección [de Francisco Barbosa] realizada en esos términos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia viola directamente la Constitución Política de 1991”, aseguran.
La Corte Constitucional ha señalado que quien se posesione como Fiscal General, podrá ostentar esa posición durante un lapso de cuatro años, sin relación con el tiempo que estuvo en ese mismo cargo el funcionario o funcionaria anterior.
Los estudiantes recopilaron la jurisprudencia en la que se basó el Consejo de Estado en el 2013 para tomar la determinación que se tomó con respecto a Eduardo Montealegre.
Pese a esto, señalan que en el periodo institucional del Fiscal General,  es una “garantía del equilibrio de poderes” y le piden al Concejo de Estado, que se aparten los precedentes judiciales existentes, pues explican que se puede poner de lado la jurisprudencia si sus efectos resultan nocivos para el ordenamiento jurídico del país.
Lo anterior es exactamente el punto de los estudiantes: la elección de fiscal general con periodo personal ha resultado nocivo para el país. Indican que ya tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han hecho cambio de jurisprudencia y, con Francisco Barbosa como fiscal, es momento de volver a hacerlo.
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