En un Estado Social de Derecho como el nuestro, la administración de justicia es una primordial función cuyo cumplimiento está establecido como un derecho fundamental de todos los colombianos, es lo que se conoce como el acceso a la justicia con las debidas garantías, tal como lo consagra nuestra Carta Magna.
Se trata de asegurar la posibilidad que cualquier conflicto –individual o colectivo– que se suscite entre el Estado y los ciudadanos, o que enfrente a los particulares entre sí, pueda encaminarse y alcanzar una solución jurídicamente adecuada y eficaz, lo que significa que se trata de un poder encaminado a garantizar la salvaguarda judicial y efectiva de nuestros derechos.
Desde hace muchos años la ciudadanía viene reclamando un mejor servicio de justicia, pese a algunos esfuerzos, la imagen general sigue siendo que el Poder Judicial está en deuda con la sociedad. Con este telón de fondo, la repentina y arrolladora aparición de la pandemia de Covid-19 ahora nos plantea un nuevo y delicado desafío.
El escenario que afrontamos en esta época es crítico porque la pandemia ha impuesto exigentes restricciones que han alterado gravemente el desarrollo de nuestras vidas cotidianas. A consecuencia de ello, ya han aflorado muchas controversias y otras tantas se avizoran en el horizonte.
Asuntos laborales, disputas comerciales, reclamos de usuarios y consumidores, contiendas civiles y de familia, cuestiones penales y sancionatorias, violencia doméstica y de género, situaciones de personas menores, mayores o con discapacidad, planteos administrativos y constitucionales etc. Todos estos temas, entre tantos otros, demandan un servicio de justicia plenamente activo y sin los efectos del coronavirus para satisfacer las necesidades de la población.
Casi cuatro meses después de estar trabajando a media marcha, por las medidas adoptadas para frenar la expansión del Covid-19, la Rama Judicial ha venido definiendo los pasos con los que gradualmente irá normalizando sus actividades en todo el territorio nacional.
Desde el pasado 17 de junio los servidores judiciales han venido acudiendo a las sedes de los diferentes despachos, solo cuando sea necesario; no obstante, se continuará privilegiando el teletrabajo; ya se sabe que por ahora no habrá atención presencial al público, y se le seguirá dando prioridad a la atención virtual.
El número máximo de empleados que podrá estar en las sedes al mismo tiempo será el 20% del total de cada dependencia judicial, pero en ningún caso podrán acudir los funcionarios que tengan condiciones médicas que los hagan más vulnerables al coronavirus, según lo estableció el Consejo Superior de la Judicatura en el reciente acuerdo que definió el plan de normalización de la justicia en todo el territorio colombiano.
En esa lógica, también se estableció que desde el pasado primero de julio se levantó la suspensión de términos judiciales que regía desde el pasado 16 de marzo, un aspecto en lo que venían insistiendo tanto abogados litigantes como la Fiscalía General de la Nación.
No obstante, las audiencias se seguirán realizando de forma virtual preferiblemente, y si es necesario, la asistencia presencial deberá cumplirse con las condiciones de bioseguridad ya conocidas ampliamente.
Los jueces y magistrados deberán usar medios electrónicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones y otras diligencias y deberán permitirles a las partes intervinientes de los procesos, participar igualmente mediante medios digitales, según el Consejo Superior de la Judicatura, para evitar las aglomeraciones en los pasillos de las sedes de las agencias judiciales, a cuyo ingreso de público seguirá siendo estrictamente restringido, la atención de consultas y la recepción de procesos como tutelas y habeas corpus seguirán haciéndose de manera electrónica.
En cualquier caso, para el ingreso a despachos, tanto de funcionarios como de abogados y público, se deben cumplir condiciones como lavarse las manos antes de ingresar, usar tapabocas, mantener distancias de 2 metros y no usar los ascensores.
Estas medidas, y tantas otras que se tendrán que implementar, están destinadas a garantizar que la administración de justicia en Barranquilla y el resto del país, recupere su capacidad de cumplir su función institucional y a la vez, que se preserve la salud de todas las personas involucradas, con miras a contener la propagación del Covid-19.

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