Por: Zoraya Patricia Cárdenas Hernández
Los medios de comunicación como la televisión y las redes sociales desde principios del año 2020 mostraron como China se paralizo por la epidemia del coronavirus, sin embargo aún no era problema de salud pública extendido en el mundo, poco a poco personas sin distingo de nacionalidad se fueron enfermando en diferentes países del mundo manifestando síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos, problemas respiratorios, circulatorios convirtiéndose en la pandemia del Covid-19, preocupada por esta situación de salud mundial la Organización Mundial de la Salud OMS, extendió pautas de cómo tratar de controlar la propagación al no existir una vacuna y educando a los representantes de los países mundialmente a tomar medidas provisionales para menguar la letalidad de esta infecciosa enfermedad.
Con esta pandemia se exacerbaron y exteriorizaron los problemas de salud, económicos, sociales, educativos, culturales, políticos, laborales en los que se encuentra sumergido el pueblo colombiano, un país subdesarrollado organizado políticamente en 32 departamentos descentralizados y con sede de gobierno en el Distrito Capital de Bogotá.
Existiendo en Colombia la Constitución Política de 1991, se institucionalizó como norma de carácter superior donde el Estado es un organismo al servicio de toda persona para protegerla en un ambiente sano, garantizando la participación del pueblo colombiano en comunidad y tomando las decisiones que puedan afectarlo. Desde su parte escrita esta Carta Política enumera diez principios fundamentales, donde por lo menos cuatro de esos artículos, enuncian y hacen referencia de cómo se debe desempeñar y cuáles son las funciones que debe cumplir el Estado en pro del pueblo colombiano, lastimosamente, letra muerta en la práctica vislumbrando un panorama de trabajo ineficaz que desborda las ramas del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial permeado por la corrupción, el clientelismo y una mala praxis política.
Leyendo al doctor Reinaldo Mora Mora, presenta en su columna No.863 un artículo “Por una Nueva Constitución”, publicado en el Diario La Libertad (2020, 06), donde exalta la situación del pueblo colombiano azotado por la pandemia del Covid-19 y la imperiosa necesidad de hacer un llamado al constituyente primario en busca de redactar una nueva carta política resultan ser unas consideraciones asertivas teniendo en cuenta la cruda y triste realidad por la que atraviesa el pueblo colombiano, la inoperancia del Estado y la indolencia e ineptitud con la que se desempeñan las tres ramas del poder público.
En su artículo 1, la Carta Política, resalta un Estado social de derecho respetuoso de la dignidad humana ¿Está en la práctica, activo este principio? Tristemente, es un texto muerto, los representantes del Estado en las ramas del poder público poco o nada protegen la dignidad humana, encontrándose en sí misma marginada por la pandemia del Covid-19, el aislamiento social, el hambre, el desempleo, los bajos salarios, las malas condiciones higiénicas del entorno social y cansadas las personas de oír promesas sin cumplir por parte de los representantes del pueblo. “Las promesas de ayuda y solución a tantas problemáticas no dan de comer”, el pueblo se muere de enfermedades y física hambre, no tienen con que comprar una aspirina y mucho menos pagar una EPS, el sistema de salud del SISBEN diseñado para personas con bajos recursos económicos no da abasto para atender pacientes con enfermedades respiratorias y cardiacas, pues, es tan grave esta situación, que un enfermo que llegue a un centro de salud, lo más probable es que sea diagnosticado fácilmente con Covid-19: lo aíslan sin poder ver a sus familiares, le pondrán un respirador artificial porque no puedes respirar por sí mismo y si se complica y falleces lo cremaran para convertirlo en polvo. Es por toda esta problemática que se necesita que el Estado y sus representantes sean en verdad protectores del pueblo colombiano: es urgente una nueva Constitución.
El artículo 2 de la Carta Política, afirma que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución. ¿En verdad, el Estado está protegiendo y sirviéndole al ciudadano colombiano? Con el Covid-19 se impusieron medidas de protección por parte del presidente Iván Duque Márquez, como el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, o como el Decreto 797 del 4 de junio de 2020 para proteger a los arrendatarios residenciales y comerciales, entre otras; sin embargo, no han sido efectivas para garantizar la vida pacífica y convivencial de la comunidad, muy por el contrario, la fuerza pública no ha logrado controlar el espíritu de supervivencia del ser humano que se ha volcado a las calles y carreteras para tratar de trabajar de forma informal y poder cumplir desde sus hogares con las necesidades básicas de su familia.
El ciudadano desempleado que recibe muy poca ayuda del Estado o ninguna, se ha visto en la imperiosa necesidad de salir del confinamiento y aislamiento preventivo de su hogar, para salir a la calle a rebuscarse el pan de cada día, no puede quedarse impávido cuando necesita cubrir sus necesidades más básicas y la de su familia. Para emprender un negocio desde su hogar de forma virtual necesita contar con un capital o inversión previa, medios tecnológicos como un computador o celular inteligente con internet y de un medio de transporte para que les llegue a sus clientes el producto o servicio solicitado y se le pague al emprendedor por su trabajo. Si el emprendedor vive en casa propia o arrendada debe pagar los servicios públicos y sus conexidades, si tiene hijos debe facilitarle un celular personal o computador para brindarle una educación digna y poder recibir desde su lugar de residencia las clases a distancia de manera virtual y soportar un estrés físico-emocional que invade y trasciende a las relaciones de pareja donde se desatan conductas de violencia intrafamiliar. ¿Es el Estado quien facilita las herramientas para que el emprendedor de un negocio pueda vivir dignamente con su familia? La respuesta es no, por el contrario, los representantes del Estado devengan altos salarios y existe gran indiferencia con el pueblo colombiano que no recibe ni un salario mínimo y para brindar una exigua ayuda el Estado exige una gran cantidad de requisitos que muchos no cumplen y los políticos, alcaldes y gobernadores tienden es a aprovecharse de su poder y cuando deben repartir ayudas económicas o repartir productos de primera necesidad entre la personas más necesitadas se aprovechan del momento para sacar tajada no les aflora ni la más mínima humanidad, ni solidaridad. El pobre no tiene derecho ni a una vida digna, ni a emprender, sigue siendo pobre, siendo las clases media y alta, quienes se benefician de la clase más humilde, es como estar encadenado y amarrado a una cadena que posee un candado que no tiene llave para abrir. Es por todas estas apreciaciones que se necesita hacer un llamado al Constituyente Primario, al Puebllo para hacer una Nueva Constitución.
[email protected]

Comenta aquí: