Por: Deiry Salazar Frías
Colaboradora
La impunidad, siempre y en todo momento se convierte en un término castrado y fallido, que pone en duda el sistema penal y aviva una verdadera cruzada destinada para favorecer a unos pocos y a subestimar al que clama verdad.
Es indignante aún más en el caso de los múltiples feminicidios y agresiones a las mujeres, que dejan grandes sinsabores cuando solo el 16% llegan a imputación y el 13% a sentencia condenatoria en nuestro país. Es esa cuchilla ardiendo clavada en medio del anhelo de justicia, es la negligencia, el silencio, que deja sin el justo castigo la violencia, aumentándola, encubriéndola y opacando un delito que consigo deja huellas imborrables.
Asimismo, los jueces pueden cometer violencia contra las mujeres y las familias si no tramitan de manera adecuada las pruebas para favorecer la verdad y condenar a los culpables. ¿Qué hace falta para romper ese pacto de masculinidad que es tan violento y es amigo festivo del que se calla la boca y no condena con severidad? Cuando surge la complicidad de las instituciones y sectores sociales que de algún modo hacen también suya la violencia, debilitan la ya maltratada confianza ciudadana de un sistema judicial otra vez impunemente, insensible a las mujeres y dadivoso con los agresores.
Que tan eficaz resulta la ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely de 2015, la cual reconoce el feminicidio como delito y permite dar garantías a las investigaciones y sanciones de violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, cuando casos como el feminicidio de Brenda Pájaro Bruno ocurrido el 25 de julio del 2018 donde su presunto agresor Tomas Maldonado Cera, se le dio medida de libertad por vencimientos de términos; aunque le fue notificada una nueva captura por la desaparición forzada de Yadira Martínez Gutiérrez ocurrida el 10 de octubre del año 2002, no se logra su condena.
Cabe anotar, que en muchos casos el acceso a la justicia colombiana, requiere de trámites muy lentos que permite a los victimarios ocultar sus delitos. Si bien, la fiscalía registra más del 96% de casos en impunidad, 4 de cada 10 casos se lleva a sentencia y los otros 6 no tienen investigadores asignados. Los aparatos judiciales no trabajan basados en un enfoque de género, lo que dificulta entender la gravedad del feminicidio, siendo casi imposible la efectiva judicialización y aplicación de penas.
Los legisladores y administradores de justicia podrían priorizar las condiciones que se presentan en la consumación de los hechos, los patrones de los victimarios, las perspectivas desde la cuales se abordan los hechos de los delitos, entender el delito en su función social, cuales son los puntos que se interceptan con otros tipos de violencias y que es lo que prima en el momento del juicio.
Por otro lado, los derechos de las mujeres son derechos en disputa y lo serán mientras la mujer sea en sí misma un territorio a violentar, un territorio a explotar y un territorio que mantiene funcionando al sistema. Hay que empezar desde lo cultural a identificar cuáles son los contenidos y símbolos que se reproducen y como se reproducen, cuales están naturalizados en las relaciones sociales y en casi todos los niveles amparados por el amor romántico y esto no es distinto a lo que sucede en el sistema judicial de la voz acallada donde los asesinatos de las mujeres es un mal menor. Es necesario que se sumen esfuerzos, voluntades políticas y nuestras voces en contra de estas manifestaciones de impunidad que no es otra cosa que la cara viva de la violencia machista contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas nuestro ser y nuestro derecho a habitar.
#DIARIOLALIBERTAD
