Alonso, Luis Fernando y Juan José, los hermanos Acosta Osío, que recientemente se han visto inmersos en polémicos temas que giran en torno a actos de corrupción, se encuentran desde hace tres décadas mezclados en juegos de poder a nivel nacional, regional y en el departamento del Atlántico.
El pasado domingo, Daniel Coronell en su columna publicada en el portal losdanieles.com, reveló audios en los que el senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, donde intenta convencer al juez Andrés Rodríguez, quien en el 2017, momento en que ocurrieron los hechos, cumplía labores en el municipio de Usiacurí, para que aceptara un soborno con el fin de favorecer a un amigo suyo, Luis Fernando Acosta Osío, a quien el periodista definió como “el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano”.
Actualmente el rector de la mencionada universidad es Juan José Acosta Osío, hermano de Luis Fernando y de Alonso Rafael del Carmen Acosta Osío, dirigente político conservador que llegó a ocupar los cargos de secretario de despacho de la Alcaldía de Barranquilla y de la Gobernación del Atlántico, gerente del Sena en ese departamento, diputado y representante a la Cámara entre 1994 y 2010, corporación de la cual llegó a ser su presidente. Fue también embajador de Colombia en Aruba, miembro del Parlamento Andino y presidente para América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 2010 a 2018.
Lo antes mencionado es sustanciosa hoja de vida que se vio empañada en en mes del agosto del 2012, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación en su contra por presuntos vínculos con el bloque Norte de las autodefensas (Auc).
En la providencia, el alto tribunal hizo referencia a los testimonios de Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio; Mario Rafael Marenco Egea, alias el Gordo, y José del Carmen Gélvez Albarracín, alias el Canoso, desmovilizados miembros de la organización criminal, que involucraban a Acosta Osío con el proyecto político de los paramilitares.
En varias ocasiones se reunió con el entonces congresista, quien incluso le pidió facilitarle un encuentro con Jorge 40, máximo comandante de las Auc en la región: “El compromiso con él era votación en los municipios donde tuvimos influencia: Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela y el Materno Infantil (Soledad)”.
El exjefe paramilitar relató que “el Materno era un fortín político, no sé cuántos empleados tenía, pero tenían que votar ellos y sus familiares, cada uno debía poner una cantidad de votos para seguir en el empleo (…) hubo varias reuniones en las que estuvimos Gonzalo, Alonso Acosta y yo”.
En agosto del año pasado, la Corte Suprema acusó formalmente a Alonso Acosta Osío por concierto para delinquir agravado y su caso pasó a la Sala de Juzgamiento para que se iniciara el juicio en su contra.
Cabe resaltar que ese proceso se ha tenido que desarrollar en su ausencia, debido a que el exrepresentante se encuentra radicado desde hace nueve años en Honduras. En ese país desde 2018, ha sido gerente del colegio bilingüe International Christian School, hasta que en abril de 2019 fue capturado por las autoridades, en cumplimiento de una circular azul de la Interpol. Sin embargo, en septiembre, la Corte Suprema hondureña negó su extradición a Colombia, después de haberlo solicitado formalmente.
En su defensa, Alonso Acosta Osío se ha declarado inocente y víctima de un cartel de testigos. “Impulsaron una investigación en mi contra, colmada de testimonios falaces y carentes de medio probatorio alguno. El fallo en cuestión, negando la extradición, se considera cosa juzgada. La justicia hondureña pudo confirmar el tamaño de la monstruosa persecución en mi contra”, expresó en un video, tras la decisión de su no entrega a la justicia colombiana.
Por su parte, Luis Fernando, es reconocido en Barranquilla como un empresario destacado que en su momento fue miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio. Al parecer todo indica que el favor que Pulgar estaba pidiendo giraba en torno a la disputa jurídica que tiene con su misma familia por el manejo de las entidades heredadas del ya fallecido barón político atlanticense Gabriel Acosta Bendeck: la Universidad Metropolitana, el Hospital Metropolitano y la Fundación Acosta Bendeck, que maneja las dos primeras.
Esto ha sido un embrollo en el que se han visto involucrados jueces y magistrados, donde existen investigaciones que aún se encuentran en curso por presuntos intercambios de favores en decisiones judiciales en medio de un cartel de la toga a nivel regional.
Los procesos que afrontan los Acosta Osío son por falsedad en documento privado, fraude procesal, concierto para delinquir y por la presunta manipulación de las actas que se hicieron en 2016 para intentar quedarse con el poder en la Fundación.
Cabe mencionar que este asunto tiene hasta un detalle de carácter diplomático, pues Luis Fernando se ha presentado como cónsul honorario de Polonia en Barranquilla, lo que supuestamente le otorga inmunidad y el carácter de aforado, y su caso -en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez- fue asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema.
Sin embargo, en marzo pasado, la propia Embajada de Polonia en el país expidió un comunicado aclarando que este nunca gozó de ese estatus diplomático ni de inmunidad. Así las cosas, el proceso volverá a la justicia ordinaria.
Adicionalmente, es meritorio mencionar que la Fiscalía tiene en su poder varios chats de Whatsapp en los que, supuestamente, Luis Fernando Acosta Osío y el magistrado del Tribunal de Barranquilla Jorge Eliécer Mola Capera, concertan el pago de una millonaria suma de dinero, en enero pasado, para acomodar la defensa en el mencionado caso.
La Fundación Acosta Bendeck, a través de su abogado Jonathan Peláez, en representación de Ivonne Acosta, pidió investigar si además del senador Eduardo Pulgar, se encuentran involucrados otros políticos del Atlántico involucrados en el posible tráfico de influencias y si esos tentáculos llegaron hasta el mismo Ministerio de Educación.
A largo del proceso ha habido medidas de detención domiciliarias, como la que en agosto del año pasado promulgó un juez en contra de Juan José Acosta Osío, rector de la Universidad Metropolitana, y Alberto Enrique Acosta Pérez, representante legal; imputación de cargos contra Luis Fernando Acosta Osío y varios de sus familiares; investigaciones contra jueces y magistrados.
A lo anterior se suma la denuncia, con audios incluidos, de Daniel Coronell contra Pulgar, quien reconoció en ellos que lo que está en juego para él son “unos votos muy importantes” que le pone la universidad y que “esos manes están muy preocupados”.
Lo que queda ahora es que la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría entren a jugar un papel clave para develar lo que ha detrás de todos estos enredos político- jurídicos que enfrentan los Acosta Osío y demás personajes antes mencionados.
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