El abundante material probatorio obtenido en el trabajo investigativo articulado de la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió judicializar a ocho personas
señaladas de participar en la acción terrorista contra la Escuela de Cadetes General
Francisco de Paula Santander, en el sur de la ciudad.
Los elementos dan cuenta de que los procesados harían parte de dos estructuras del ELN, el Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Urbana, y cumplieron distintos roles en el ataque que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas, el 17 de enero de 2019.
Planeación y ejecución
Por la supuesta responsabilidad en la planeación y ejecución del ataque, un fiscal de la
Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a:
• Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús o Barbas, quien habría recibido órdenes
directas del Comando Central (COCE) del ELN para planificar el ataque a la Escuela
General Santander. Fue imputado por los delitos de homicidio en persona protegida
y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, los dos en concurso
homogéneo; terrorismo en concurso homogéneo, y rebelión. Contra esta persona
también hay evidencia que la involucraría en la detonación de artefactos explosivos
contra dos sedes de Porvenir en Bogotá (Calle 72 y Puente Aranda), el 2 de julio de
2015.
• Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, señalada de acompañar en motocicleta el
carrobomba activado en la escuela de cadetes. Fue imputada por homicidio en
persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, actos de
terrorismo y rebelión. En su contra hay elementos que la vincularían directamente
al denominado Frente Urbano Nacional y de participar en algunas reuniones
realizadas por el ELN en Venezuela.
• Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, imputado por el delito de actos de
terrorismo. También habría acompañado en motocicleta el carrobomba.
• Jessica Catherine Barrientos Castilla, alias Jessica, sería integrante de la Comisión
de Finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN. Fue imputada como presunta
responsable de los delitos de financiación al terrorismo y actos de terrorismo, y
rebelión.
• Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de dos empresas de
producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá que habrían
servido para financiar la acción criminal. Fue imputado por los delitos de
financiación al terrorismo, rebelión y actos de terrorismo.
Por solicitud del fiscal del caso, ‘Jesús’ o ‘Barbas’, ‘Maco’, ‘Jessica’ y ‘Toño’ recibieron
medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Carlos Arturo Marín Ríos,
alias Marín, fue cobijado con detención domiciliaria en atención a su edad y una condición especial de salud.
Financiación
Por su parte, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a
tres personas que harían parte de una red criminal del ELN señalada de blanquear recursos
obtenidos de actividades ilícitas y financiar acciones terroristas como la de la Escuela de
Cadetes General Santander. Los procesados son:
• Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas, conocidos como ‘Carlitos’ y ‘Sebas’,
respectivamente, serían los encargados de dirigir comercializadoras de derivados
lácteos que, supuestamente, sirvieron de fachada para legalizar dineros del Frente
Oriental de Guerra del ELN. Los dineros obtenidos, al parecer, fueron usados para
comprar material de intendencia y armas que eran transportados en vehículos
refrigerados entre quesos y otros alimentos.
Alias Carlitos fue imputado por enriquecimiento ilícito. Por su parte, a alias Sebas la
Fiscalía le formuló cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Carlos
Felipe y Luis Sebastián son hermanos de Álvaro José Mateus Vargas, alias El
Quesero, capturado en mayo de 2019 y condenado a finales del año pasado a más
de ocho años de prisión por rebelión, concierto para delinquir agravado, y
financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
• Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, empleada de la empresa de lácteos
llamada El Arauqueño, quien habría manejado durante ocho años millonarias sumas
de dinero sin una clara procedencia. Se le atribuye una transferencia de 1.500
millones de pesos a la estructura del ELN que ejecutó el atentado a la Escuela de
Cadetes General Santander. Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de
lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Alias Dani habría tenido vínculo
sentimental con alias El Quesero, durante el tiempo que ejerció la actividad ilegal.
Los hermanos Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas recibieron medida de
aseguramiento en centro carcelario; mientras que Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias
Dani, fue cobijada con detención en su lugar de residencia, en atención a una enfermedad
que padece y requiere tratamiento médico especializado.
En otro proceso que se sigue contra los hermanos Mateus Vargas, la Dirección
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a varios de
sus bienes, como la Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldama S.A.S.; los locales
comerciales Lácteos Villa Yulita, Quesera Los Andes, Distriquesos F.F. y Lácteos Villa
Esperanza; y cuatro vehículos.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés
general.
HL
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