En medio del caso que escandaliza al país sobre el abuso sexual grupal, por parte de siete militares, a una adolescente indígena en el departamento de Risaralda, el Ejército dio a conocer un presunto nuevo caso de violación contra otra menor, también de una comunidad originaria, cometido en septiembre de 2019.

A través de un comunicado, enviado a la prensa, el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, Unidad adscrita a la Cuarta División, informó que el supuesto hecho se registró en el departamento de Guaviare.

En el texto, señalan que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido “el Batallón de Infantería N. 19 general Joaquín París inició la indagación disciplinaria”.

Además, indican que el proceso disciplinario fue pedido, en ejercicio de poder preferente, por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos de este año y aún se encuentra en trámite la entrega del caso al Ministerio Público. Sin embargo, ya hay una investigación penal en marcha, que es llevada a cabo por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare.

“Este Comando ha estado presto a los requerimientos de las autoridades judiciales y entidades de control, en el desarrollo de sus investigaciones y procedimientos”, dice el comunicado.

El comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, señaló que los militares involucrados en el hecho recibirán sanción. “No dudaré en tomar las decisiones que la ley me permita en el desarrollo de las investigaciones. Cualquier acto de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes es un hecho que condenamos y reprochamos”, enfatizó.

“Aquel que no actúe dentro de los principios éticos, valores morales y virtudes militares del verdadero soldado no será digno de estar en el Ejército Nacional de Colombia”, insistió.

Proceso en curso por la violación de una adolescente indígena
Este nuevo caso se hace público en medio del proceso que enfrentan siete militares por la violación de una adolescente indígena, de 14 años, de la comunidad Embera Chamí.

El hecho ocurrió el pasado 21 de junio, en el municipio Pueblo Rico, ubicado en el departamento de Risaralda, en el centro-oeste del país.

Tras las indagaciones, los siete militares reconocieron su responsabilidad en el hecho y se enfrentan a un proceso judicial que podría acarrearles una pena de 30 años de prisión.

Este hecho desató protestas en varias ciudades del país y vuelve a poner en la mira al Ejército del país, ya criticado e investigado por actos de corrupción, espionaje masivo y presuntos operativos ilegales para aumentar las cifras de criminales y rebeldes dados de baja o capturados, sin una investigación correspondiente, conocidos en el país sudamericano como ‘falsos positivos’.

HL

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