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Aunque el gobierno ha definido como mínimo vital en la pandemia el 80 por ciento del salario mínimo y los subsidios de supervivencia inician desde los 67 mil pesos, una fiscal considera que su mínimo vital son 29 millones de pesos, pero lo más abrumador es que un juez le concedió la razón.

Se trata de la fiscal 23 de Bogotá, Olga Tristancho, quien tiene un salario de casi 29 millones de pesos y por decreto presidencial casi cinco millones 500 mil pesos mensuales debido a que hace parte del grupo de funcionarios públicos que ganan más de 10 millones de pesos y por lo tanto deben pagar el impuesto solidario para atender el covid.

Sin embargo la fiscal acudió a la tutela para que no se aplique el descuento, alegando que se está afectando su mínimo vital como sustento de supervisión e hizo un listado de los gastos entre los que incluyó el sostenimiento de su hijo que estudia un doctorado en Japón; el pago de dos empleadas que cuidan a su madre quien padece una enfermedad; la empleada del hogar en el que ella vive, y otros ítems.

Del super sueldo de la fiscal, sus gastos y deducciones de nómina superan los 26 millones de pesos, sin incluir el nuevo impuesto covid.

La funcionaria considera que ese gravamen es abusivo.

HL

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