De acuerdo con esta Comisión, varios fueron los logros en pro de la defensa de los derechos de las comunidades vulnerables involucradas en diferentes temas que se agudizaron con la pandemia por Covid-19.

Es así como la Comisión liderada por los senadores Édgar Palacio Mizrahi, de Colombia Justa Libres, y Aidé Lizarazo, del Mira, analizó denuncias, reclamos y sugerencias de los sectores, con ministerios, autoridades y entidades del Estado para proponer alternativas de solución, donde unas están siendo ejecutadas y otras son objeto de estudio para su puesta en marcha.

De acuerdo a Diana Novoa, coordinadora de la Comisión, en este periodo se llevaron a cabo audiencias públicas, sesiones formales e informales, actividades propias, conformación de subcomisiones y actividades para la consolidación de derechos, así mismo el estudio de variadas problemáticas de las comunidades más necesitadas, con temáticas como las siguientes:

Derechos Humanos y el impacto de la pandemia

Teniendo en cuenta la crisis de distintos ámbitos provocada por el Covid-19, la comisión le solicitó al Gobierno Nacional priorizar varios aspectos importantes, como velar por el respeto de los derechos humanos, concretamente sobre los siguientes aspectos.
Proponer al Gobierno Nacional la instalación de una mesa de trabajo o ‘comisión de crisis’; solicitar y oficiar al Gobierno Nacional se informe sobre la dotación al personal médico de elementos necesarios para la prevención de infección por el coronavirus; oficiar al Ejecutivo para que informe los planes de atención, manejo y adquisición de pruebas para el diagnóstico del Covid-19 en el territorio nacional; solicitar se dé a conocer las medidas frente a la superación del déficit de instalaciones adecuadas para la prestación de cuidados intensivos; enviar comunicación a las EPS y ARL, en búsqueda de que se divulguen las medidas adelantadas en vista de la corresponsabilidad existente frente a la protección del personal médico ante la infección de dicho virus.

Emergencia carcelaria

Otro de los temas abordados de forma virtual fue sobre la crisis que viven en la actualidad los centros carcelarios, en donde realizaron un seguimiento de las necesidades expuestas por las comunidades ante la pandemia, las que fueron atendidas por las autoridades para su cumplimento, ante la crisis desatada por el contagio de internos en los centros de reclusión.

El Ministerio de Salud hizo referencia a los lineamientos brindados por su despacho en materia de salud, mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec-, señaló que de manera preventiva desde el día 11 de marzo del 2020 se llevó a cabo la suspensión de visitas e ingreso de personas a los establecimientos penitenciarios de todo el país. A su vez, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec-, manifestó que no habían casos confirmados de contagio por Covid-19 dentro de ningún establecimiento carcelario del país, mientras el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó consideraciones generales que tiene presente para elaboración del Decreto, por el cual se pretende opacar la situación de hacinamiento dentro del sistema penitenciario nacional y se propuso la adición de un parágrafo en el proyecto del Decreto, el cual permita y garantice el acceso a los servicios de salud de las Personas Privadas de la Libertad.

Organizaciones civiles y líderes sociales frente al Covid-19

Para discutir sobre ese tema, fueron citados el Ministerio de Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación y la Defensoría General de la Nación para comprobar la toma de decisiones ante las recomendaciones solicitadas ante la emergencia económica, social y ambiental generada por el coronavirus, durante el período de aislamiento preventivo y este fue el resultado.

Ante las solicitudes, el Gobierno brindó asistencia humanitaria de emergencia con 100 mil millones de pesos girados por el Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio del Interior tuvo la responsabilidad de realizar los listados e identificar los beneficiarios, ya que debía existir una focalización.

Por su parte, la Unidad de Riesgos afirmó en su momento que ha entregado 530 mil mercados en físico, 34.388 giros a miembros de JAC y en grandes superficies reclamar mercado por 100.000 pesos. Así mismo, para las comunidades indígenas se dispusieron de cuatro mil millones de pesos para proveer de elementos de aseo y bioseguridad a la guardia indígena en todo el país. Otro logro fue el envío de 13 carrotanques a La Guajira.

Creación de Subcomisiones Temáticas

Con el objetivo principal de garantizar los derechos fundamentales de la población nacional en medio en medio de la crisis, donde la decisiones de Gobierno motivadas por la pandemia generada por el Covid-19 ha provocado cambios estructurales en las dinámicas sociales, económicas y políticas que han afectado a todas las personas y en especial aquellos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad, la Comisión de DD.HH. decidió crear las subcomisiones que se han encargado de realizar solicitudes a las entidades de gobierno en los ámbitos nacional, locales y departamentales, con el fin de poder requerir la atención a la mayor brevedad de los múltiples casos que se han allegado en las sesiones y audiencias virtuales ya mencionadas.

Es así como se presentan las acciones adelantadas por las subcomisiones temáticas propuestas como cárceles, violencia intrafamiliar, bioseguridad y salud, seguridad y protección de líderes, lideresas y ayudas humanitarias para población vulnerable.

 

#DIARIOLALIBERTAD

Y.A.

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