Por: Unidad Investigativa

La expedición del boletín 34027 por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta en relación a las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas, en apariencia, a 11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, ha convulsionado el ambiente jurídico y político regional, dada la inconsistencia de su contenido que ha sido utilizada por sus contradictores en medio de la polarizada pugnacidad por el poder político de los últimos 20 años.-

En efecto, la medida cautelar que hoy se publica por el ente de control fue tomada hace un año y comunicada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta mediante oficio 20195400050991 del 28 de mayo de 2019 de la Fiscalía 21 de Extinción de Dominio dentro del radicado 209-00057, mediante el cual suspende el poder dispositivo y seguidamente el embargo sobre los bienes inmuebles afectados, cuya anotación se dio el 14 de junio de 2019.

La falta de precisión del boletín de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ha dado lugar a que se hayan difundido todo tipo de noticias erradas que no logran ser aclaradas en la declaración rendida funcionaria Ana Catalina Noguera en su condición de responsable de unidad de extinción de dominio, toda vez que, ni se ha iniciado proceso de extinción de dominio alguno, ni corresponden el total de esos bienes al imputado Caicedo Omar, como tampoco es actual el contenido del comunicado de prensa.

El proceso del cual se ocupa el documento publicado omite mencionar al resto de imputados, señores Carlos Fabián Slebi, Jesús Enrique Navarro Brito, Edgar Charris Salcedo, Gregorio Antonio Domínguez, dedicándoselo exclusivamente al exgobernador del Magdalena y al ex alcalde Rafael Alejandro Martínez, con énfasis en el primero.

Este descalabro informativo, ya que han caído en su reproducción respetables medios nacionales y de la región, ha conllevado a interpretar que los bienes objeto de la medida cautelar, no de extinción de dominio, son todos propiedad del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, entre esos, los ubicados en Soledad y Barranquilla, cuyo avalúo global por
mas de $766 millones de pesos obedeciera al producto de los ilícitos que se investigan de Peculado en favor de Terceros y Contrato sin cumplimiento de los Requisitos legales por hechos ocurridos en el periodo ejercido por Caicedo entre el 2012-2015 y el de su sucesor, Rafael Alejandro Martínez, 2016-2019.-

Se expide este boletín por parte de la fiscalía a solo un mes y medio de haberse intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud el Hospital Julio Méndez Barreneche, ocurrida el 13 de mayo pasado, con la presencia del titular nacional, Fabio Aristizabal, a quien Carlos Caicedo Omar, en su condición de Gobernador del Magdalena, reclamó airadamente, ya que la motivación del “deterioro de todos sus indicadores y enderezar su rumbo para que vuelvan a prestar un servicio oportuno y de calidad a los usuarios”, dejando a cargo al funcionario Luis Óscar Gálvez, fue aplicada tardíamente, ya que esa IPS fue abandonada durante años por la anterior administración departamental, habiendo sido el propio Caicedo Omar quien se interesara en rescatarlo, pidiendo insistentemente la intervención de la SuperSalud y hoy, que ejerce como Gobernador, es cuando el ente nacional toma la decisión de intervenirlo para quitarle el control del principal hospital del departamento.-

Se ha pronunciado el apoderado del gobernador del Magdalena, abogado Iván Cancino, para explicar lo ocurrido en la investigación contra su representado Caicedo Omar, puntualizando que se trata de una investigación sin acusación de la fiscalía en la oralidad procesal ante el juez que deba conocer la etapa del juicio en su debida oportunidad; afirma el profesional del derecho que su cliente solo tiene tres bienes inmuebles adquiridos años antes a los que se ocupa la presente investigación, agregando que la imputación no se refiere a actos de apropiación en favor propio sino de terceros, lo cual constituiría un exceso la medida cautelar sobre los bienes afectados.

Conoció la unidad investigativa de La Libertad el contenido del folio de matrícula inmobiliaria número 080-85260 correspondiente al bien inmueble ubicado en Santa Marta en la calle 133 No. 1-80 sector Bello Sol, conjunto resort apartamento 3030 torre  A etapa 1, de propiedad de los señores Carlos Eduardo Caicedo Omar y señora Elisa Rosa Villarroel Acosta, adquirido por escritura pública 207 de 28 de enero de 2.005 otorgada en la Notaria 2ª de Santa Marta, anotada bajo el número 3 de 11 de abril de 2005, 10 años antes a los hechos materia del proceso.

Los otros dos bienes de Caicedo Omar, ubicados en Santa Marta lo constituyen una casa de 70 Mts.2, donde vive su madre ubicada en el barrio Ciudadela, sector Arco Iris, y un lote producto de la venta de una vivienda familiar con préstamo del BBVA.

Ha declarado el abogado Cancino sobre la legítima procedencia de los bienes adquiridos por su cliente y expuesto la inconsistencia de la imputación, ya que la obra civil destinada a remodelar los Puestos de Salud de La Candelaria, Bastidas, Taganga, La Paz y Mamatoco, imputada al ex alcalde Rafael Martínez, fue contratada por la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend y no por la administración a cargo de Caicedo, y se encuentra debidamente ejecutada. –

La remodelación de los puestos de salud es visible en fotos que el Diario La Libertad pudo obtener del antes y del después de la obra civil contratada, siendo evidente su transformación a nuevo en cuatro de las cinco ips, que sirven hoy para atender la pandemia por el coronavirus y otras urgencias de los barrios adyacentes a cada una.

La extemporaneidad del oficio emitido por la Dirección de Extinción de Dominio, después de un año, más las imprecisiones difusas de su contenido genérico, ha servido de instrumento a los contradictores del actual Gobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar, para caerle en medios nacionales, regionales, y redes sociales.

Este hecho se suma a los 12 procesos fiscales, 53 disciplinarios, 28 penales, superados por Caicedo, entre los cuales se cuenta el fallado por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Santa Marta por hechos ocurridos cuando Carlos Caicedo Omar se desempeñaba como Rector de la Universidad del Magdalena, relacionado con el reconocimiento y pago de la liquidación de 47 docentes con intereses, aceptada y aprobada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y por la Procuraduría Delegada para asuntos contenciosos administrativos, pero que no obtuvo el cedazo del Comité de Conciliación de la universidad, por lo cual fue juzgado y condenado en primera instancia, cumpliendo detención preventiva durante 8 años, del 18 de agosto de 2006 hasta 15 de abril de 2011, cuando el Tribunal Superior de Bogotá, en la segunda, revocó la sentencia y lo absolvió.

El sector político Fuerza Ciudadana que respaldó la elección de Carlos Caicedo Omar a la Gobernación del Magdalena ha expedido un comunicado titulado “El show infame de la Fiscalía contra el Gobernador Carlos Caicedo y Rafael Martínez”, acusando de persecución a los “clanes políticos y familias tradicionales” contra su líder.-

Así se lo ha expresado en comunicado de 26 de junio pasado: “…como Fuerza Ciudadana, instamos a los organismos de control a que usen su poder institucional contra los opositores políticos al régimen y exigimos, a su vez, trato igual y transparencia en los procesos que se llevan a cabo contra los principales líderes de nuestro movimiento. También hacemos un llamado los diferentes organismos internacionales como la CIDH , así como a nuestros simpatizantes y militantes a estar vigilantes ante estos hechos difamatorios, calumniosos y desestabilizadores en contra de nuestros gobiernos que han salido de las urnas…”

#DIARIOLALIBERTAD

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