Nos llega la noticia que da cuenta que la Fiscalía General de la Nación profirió una medida cautelar en el marco de un proceso de carácter penal, mediante la cual ordena congelar 11 propiedades del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, y del exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez, ubicados en Santa Marta, Barranquilla y Soledad.
Según lo que consta en el voluminoso expediente confeccionado por el referido ente investigador, los bienes involucrados en el caso, fueron adquiridos con dineros públicos que se habrían apropiado tanto el gobernador del Magdalena, como el exalcalde de Santa Marta, un dúo inseparable en el ámbito político en esa sección del país durante los últimos 10 años. Lo que se sabe es que se impusieron las medidas cautelares, que dejan abierta la posibilidad de la iniciación de los procesos de extinción de dominio contra 11 inmuebles en los cuales aparecen como propietarios el gobernador y el exalcalde de Santa Marta, de acuerdo con los respectivos folios de Matrícula Inmobiliaria que aparecen en el expediente.
Tal como lo dio a conocer la Fiscalía General, en el marco del proceso que se adelanta contra ambos funcionarios, por el presunto delito de peculado, se impusieron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los bienes inmuebles antes referenciados. Esto significa que ni Caicedo ni Martínez podrán vender estos predios, apartamentos y locales comerciales, porque posiblemente fueron adquiridos o comprados con dineros públicos, que, supuestamente, se apropiaron de manera ilegal, de acuerdo a lo que se conoce dentro del expediente.
La referida medida cautelar establece que a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, igualmente se les suspendió el poder de disponer sobre estos bienes, avaluados según la Fiscalía, en aproximadamente $766 millones, los que habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud de los cuales, solo uno fue culminado.
Hay que indicar que trata de dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad; así como dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en la capital del Magdalena. Supuestamente, estos inmuebles fueron adquiridos con dineros que se habrían apropiado mientras Caicedo fue alcalde de Santa Marta –2012 y 2015– y luego cuando Martínez lo sucedió en el periodo en 2016-2019.
La Fiscalía en este caso reprocha los contratos que suscribieron ambos desde esos cargos y que les habrían representado una renta ilícita de $4.129 millones. Esta cuantiosa suma sería “producto de las irregularidades –que dieron lugar a la intervención de la Fiscalía– detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales sólo uno fue terminado, según lo señaló el ente investigador.
Si bien ya se impusieron las medidas cautelares sobre los bienes de Caicedo y Martínez ante las correspondientes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, los inmuebles “serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del Covid-19”.
La Fiscalía actualmente investiga al actual Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, debido a que durante su gestión como alcalde de Santa Marta, tanto él como su sucesor Rafael Alejandro Martínez suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron $4.129 millones.
Y la historia no culmina aquí, además del caso relatado, Caicedo y Martínez soportan otros problemas judiciales en los que siempre se han declarado inocentes, argumentando que todo lo que de ellos se dice son atribuibles a cuestiones de carácter político.
Por ejemplo, en abril de 2019, la Procuraduría General sancionó al hoy gobernador del Magdalena y le prohibió ejercer cargos públicos por 12 años por irregularidades en la adjudicación de un contrato de pozos profundos de agua en el Distrito de Santa Marta.
Esa decisión fue revocada en segunda instancia por el propio Ministerio Público en marzo de este año, pero advirtió que el proceso sigue vigente en una etapa que judicialmente se le conoce como de calificación y valoración.
Como se recordará, el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez fue suspendido por la Procuraduría en 2017 por supuestamente participar en política, luego de que el Ministerio Público reprochara una serie de mensajes en los que el entonces alcalde de Santa Marta apoyaba las aspiraciones presidenciales de Caicedo.

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