De las cosas más preciadas del ser humano, exceptuando la vida, es la justicia, porque esta es su complemento existencial. Vida sin justicia es un calvario, crueldad, animalización. Y al ser tan necesariamente inseparable de aquel, define su destino, su rumbo; gobierna su presente y proyecta su futuro. Lo justo es racional, transmite armonía, belleza, creatividad, aunque en esto último, paradójicamente, lo injusto induce a la búsqueda de soluciones atemperadas a la circunstancia, como la medicina, que es concebida para contrarrestar o atacar la enfermedad, aunque, a diferencia de lo injusto, la justicia es un valor, tal vez el más añorado, porque es el que abre las puertas hacia la verdadera felicidad. Es tan inmenso y resplandeciente el concepto de justicia, que a veces obnubila a quienes sabiendo lo que ella significa, la ignoran, y quienes en forma inconsciente no la conocen, también, y hasta cierto punto excusable. Aunque la justicia es un género, en situaciones como en la que hoy se halla Colombia, sin evadir su apreciación como tal, conviene mirarla en especie, sectorizada, circunscribiéndola a lo judicial, que aunque también es un género, se individualiza al aludirse a cada uno de sus órganos y despachos. Para lo que interesa al sentido de esta columna, la glosa se concreta a la Fiscalía General de la Nación, que es la responsable de dirigir la política criminal del país e investigar y formular acusación cuando hay lugar a ello. Y al referirnos a este órgano, no lo hacemos en detalle a su operancia, sino a la forma como se produce el nombramiento del fiscal general, y a la transparencia y el resguardo ético que deben tener sus funciones.
La Fiscalía hace parte de la rama judicial. El fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el presidente de la República, y su calidad debe ser la misma de las exigidas para los integrantes de la entidad nominadora. Es un cargo de provisión multi biosis de acentuada y clara intervención política, y restringida en lo jurídico y ético, pues quienes hacen el nombramiento deben tomar su decisión considerando sólo alguno de los nombres propuestos. En el sentir general, y no solo en el político, pervive la creencia de que ningún presidente de la República va a candidatizar a un aspirante a fiscal, enemigo suyo, por idóneo que sea ética y jurídicamente, ni a otro sobre el cual no tenga cierto grado de certeza de que en alguna encrucijada que pueda comprometerlo o comprometer a sus allegados, a sus amigos y a sus intereses, no vaya a tener peso favorable el agradecimiento por haberlo tenido en cuenta, y esto es precisamente lo que aparece vislumbrado, inquieta y despierta desconfianza, por la declaración que hizo el titular de ese cargo, Francisco Barbosa, de que es amigo de vieja data del presidente Duque, y de su velado silencio de que también fue uno de los impulsadores de su campaña electoral, además de su subalterno, ya en la administración. La desconfianza sobre la rectitud del funcionario es mayor por su torpeza al involucrar sin mérito en investigaciones penales a dos adversarios del presidente, y no obrar con presteza ni claridad en la supuesta financiación de la campaña electoral de éste con dineros non sanctos, procurados, gestionados o aportados por el “Ñeñe” Martínez, asesinado en Brasil, a quien hoy niegan sus amigos de juerga, contertulios y aficionados a los registros fotográficos de momentos para ellos felices o de disfrute, porque el personaje es mencionado en investigaciones por narcotráfico y otros delitos, que merecen ser investigados hasta sus últimas consecuencias. Eso le hace daño inmenso a la justicia judicial, y por tanto amerita un movimiento encaminado a reformar la Constitución, para que el fiscal general sea escogido mediante concurso y no por agradecimiento personal, ni político; ni por amistad, ni complicidad.
castroyanes@gmail.com
#DIARIOLALIBERTAD
