Procurador denunció reclutamiento ilícito y uso de menores en la ejecución de delitos

Fernando Carrillo Florez, procurador General de la Nación.

Ante la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instauró una denuncia por el reclutamiento ilícito, uso de menores de edad en ejecución de delitos, desplazamiento forzado entre otros actos de los que han sido víctimas miles de niños y niñas junto a sus familias en su mayoría indígenas y campesinas, en el marco de la emergencia sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19, dichos actos según el ente ejecutados por miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las disidencias de las antiguas Farc-EP y otros 8 grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio nacional.
Flórez solicitó que “se dé curso a una investigación criminal bajo la convicción de su priorización, conforme a la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes afectados y de sus familias y miembros de las etnias enunciadas en el texto; se proceda, de acuerdo con la normatividad, a solicitar ante el juez de control de garantías la audiencia preliminar de imputación de cargos”.  El jefe del Ministerio Público también identificó el accionar de los llamados Caparrapos, el Bloque Virgilio Peralta Arenas – BVPA-, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-, los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, ‘Los Paisas’, el grupo E-40 y demás Grupos Armados Organizados Residuales.
En la carta el Procurador identifica a dichos grupos con la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, omisión de medidas de protección de la población civil, entre otros delitos. De acuerdo a Flórez, se logró identificar los casos de reclutamiento y uso de menores de edad en la comisión de delitos, por parte de estructuras criminales organizadas durante la emergencia sanitaria por el covid-19, gracias a una labor conjunta realizada en compañía de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Fundación Paz y Reconciliación, la Fuerza Pública, organizaciones indígenas, líderes y lideresas en la regiones, redes sociales y noticias de los medios de comunicación, quienes aportaron con la recolección de elementos.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público dijo que aunque el monitoreo desde que fueron firmados los acuerdos de paz demuestra un descenso en los indicadores de actos que afectan a los niños, el 30% de los entes territoriales registran datos que demuestran que aún los niños y niñas siguen siendo víctimas del accionar de los grupos violentos que tienen presencia en el país. Y además pidió dar celeridad a las investigaciones por este tipo de actos criminales en contra de menores en el marco de la emergencia, que “adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia”.
JR
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